Opinión
Esta es una oportunidad para no perpetuar la falta de equidad y la concentración del poder mediático, que tanto erosionan la diversidad informativa y la representación de voces locales.
Las investigaciones periodísticas que develaron el caso Hermosilla, con sus diferentes aristas, o el sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián, solo por nombrar los más recientes, han sido un aporte de la prensa independiente a la transparencia y fiscalización de la democracia. Una forma de arrinconar a las instituciones para que funcionen de acuerdo con códigos éticos y morales. Sin embargo, la mayoría de estos medios independientes hace enormes esfuerzos de financiamiento para seguir realizando el periodismo investigativo que tanto sirve al país.
La publicidad estatal es una herramienta clave para la comunicación gubernamental, necesaria para informar a la ciudadanía sobre programas, políticas y campañas de interés público. La distribución de estos recursos publicitarios ha sido habitualmente opaca y centralizada en los grandes medios, dejando fuera a una vasta gama de medios comunitarios, independientes y regionales.
Si esta inequidad se hubiera corregido décadas atrás, APSI, Cauce, Análisis, Fortín Mapocho, La Época, Siete+7, Revista Hoy, y tantas otras publicaciones escritas o medios radiales, habrían superado la crisis económica que, en su mayoría, las hizo cerrar.
Es fundamental entender que el aviso estatal no debe ser solo para los medios más grandes o más cercanos a los círculos de poder. Debería ser un mecanismo para fomentar el pluralismo informativo, asegurando que los mensajes del Estado lleguen de manera diversa, equitativa y representativa a todos los rincones, no solo a las empresas El Mercurio y La Tercera o asociadas a las grandes fortunas del país.
El Consejo para la Transparencia publicó en 2022 un estudio sobre el gasto en Avisaje y Publicidad en la Administración del Estado durante los años 2019 y 2020, revisando un sinfín de documentos oficiales y reconociendo lo difícil de mapear los datos. Llegó a la conclusión de que los recursos estatales bordearon los 70 mil millones en los años 2019 y 2020, considerando un aumento por las elecciones y la pandemia.
El organismo analizó las adjudicaciones por las distintas modalidades existentes y comprobó una concentración de adquisiciones a las Empresas El Mercurio S.A.P., Sociedad Periodística Araucanía, Empresa Periodística el Norte S.A. y El Mercurio de Valparaíso, con órdenes de compras que llegaron a los 8 mil millones entre 2019 y 2020, todas pertenecientes al mismo grupo empresarial.
En 2020, Copesa S.A. aparece en el quinto lugar de las empresas con mayor monto de contrataciones por concepto de Avisaje y Publicidad y alcanzan ingresos por $895.508.497.
Reconoció que el seguimiento es difícil, por cuanto la información se encuentra en demasiadas partes, que no siempre coinciden, y más difícil aún hacer la pesquisa de la publicidad que contrata el Estado a través de agencias.
Efectivamente hay medios que ofrecen ofertas publicitarias asociadas a sus altas audiencias. ¿Qué razón habría entonces para que una entidad pública escogiera avisar en medios independientes? Quizá algunos piensen que ninguna.
Sin embargo, con la crisis de confianza y credibilidad que afecta a las instituciones, incluidos los medios de comunicación tradicionales, muchos segmentos de la población comenzaron a buscar alternativas independientes para informarse. Y, de hecho, algunos de ellos figuran en lugares de lectoría importantes, según el prestigioso Digital News Report 2023. Por tanto, las políticas de avisaje estatal deben gestionarse de manera distinta, para asegurar que la pluralidad de voces contribuya a la formación de una opinión pública más informada.
Ese desafío debe liderarlo el Gobierno Central y un buen momento puede ser ahora, justo cuando se discute un nuevo Presupuesto de la Nación y los organismos estatales estarán obligados a definir sus inversiones en publicidad y avisaje a marzo de 2025.
Esta es una oportunidad para no perpetuar la falta de equidad y la concentración del poder mediático, que tanto erosionan la diversidad informativa y la representación de voces locales.
