Opinión
Aunque aumentar la tributación de la riqueza inmobiliaria tiene más beneficios y menos defectos, la concentración en los activos financieros es excesiva y creciente. Según la revista Forbes, hay en 2024 seis milmillonarios en dólares en Chile, el tercer país con mayor cantidad en el continente.
Un reciente informe del Banco Mundial muestra que los impuestos sobre la propiedad en América Latina son muy inferiores al promedio mundial, a pesar de que el 86% de la riqueza de las personas está concentrada en bienes raíces en el continente. Los impuestos a la propiedad representan el 2% de los ingresos fiscales, muy por debajo de América del Norte, donde este tipo de impuesto genera el 13% de los ingresos. Las tasas impositivas son similares a las de Estados Unidos, pero con una valoración de la propiedad por parte del Estado que oscila entre el 10 y el 40% del valor de mercado.
En Chile, la recaudación por este concepto es inferior al 1% del Producto Interior Bruto, mientras su potencial es superior a 3% del PIB, a pesar de la sobretasa establecida en 2020 en medio de la pandemia, que recae sobre 21 mil propietarios. Aunque es uno de los más altos en América Latina, el porcentaje de activos financieros en el patrimonio del 5% de los hogares con mayores ingresos es de solo 14%, proporción que es mucho mayor en los países industriales.
El Banco Mundial sostiene que “el patrimonio inmobiliario en general contribuye menos al dinamismo económico en términos de promover la innovación, generar sinergias positivas con otros sectores productivos estratégicos o estimular el capital humano” y que “reformar los sistemas tributarios de ALC para darle mayor preponderancia a los impuestos a la propiedad mejoraría la equidad, promovería el crecimiento y generaría espacio fiscal”.
Este tipo de tributación tiene “menos consecuencias negativas en el comportamiento y cargas administrativas más manejables. Por naturaleza, la propiedad es un activo relativamente fijo y fácilmente identificable, y, por ende, menos susceptible a la evasión”. Esto supondría invertir en capacidad administrativa y realizar tasaciones adecuadas para asegurar la progresividad. Una mejor actualización del valor de mercado debiera hacerse sin afectar a las personas de menos ingresos.
Aunque aumentar la tributación de la riqueza inmobiliaria tiene más beneficios y menos defectos, la concentración en los activos financieros es excesiva y creciente. Thomas Piketty (Le Monde, 12-10-24), sostiene que “las sumas acumuladas por los más ricos en las últimas décadas son simplemente gigantescas”. En Francia, bastaría con un impuesto excepcional del 10 % sobre este enriquecimiento para recaudar por una vez un 3% del PIB.
Se pregunta el economista francés: ¿cómo harían los millonarios para pagar este impuesto del 10% sobre el enriquecimiento? Su respuesta es que “si los beneficios obtenidos en el año no son suficientes, entonces tendrán que vender una parte de sus acciones, digamos el 10% de su cartera. Si esto presenta un problema para encontrar un comprador, entonces el Estado puede perfectamente aceptar estos títulos como pago de impuestos. Si es necesario, luego pondrá a la venta estos títulos utilizando el procedimiento que prefiera, por ejemplo, permitiendo a los empleados adquirir esas acciones, lo que aumentaría su participación en las empresas. En cualquier caso, la deuda pública neta se reducirá en esa misma proporción”.
Recalca que todos estos son temas de decisión política, incluyendo el del desplazamiento de los capitales a las plazas con menos tributos: “Cuando Estados Unidos amenaza con retirar las licencias de los bancos suizos, Berna pone fin al secreto bancario. En Estados Unidos, los contribuyentes son gravados en función de su nacionalidad, incluso si abandonan el país. Y si quieren renunciar a su pasaporte, lo cual no está exento de riesgos, entonces nada impide que el poder público siga imponiéndoles impuestos, siempre que su enriquecimiento haya tenido lugar en Estados Unidos”.
Según la revista Forbes, hay en 2024 seis milmillonarios en dólares en Chile, el tercer país con mayor cantidad en el continente. Su fortuna suma unos 42.200 millones de dólares, 300 millones de dólares más que el año pasado. Destaca la familia Luksic, con 25.700 millones de dólares. Horst Paulmann suma 3.400 millones de dólares y Julio Ponce Lerou unos 2.600 millones de dólares. Roberto Angelini Rossi y Patricia Angelini Rossi cierran el listado de milmillonarios chilenos, con 1.800 y 1.400 millones de dólares, aunque cabe también considerar a Sebastián Piñera, quien poseía un patrimonio neto estimado de 2.900 millones de dólares cuando falleció y cuya herencia aún no se ha resuelto.
Si se considera que en Chile el inevitable aumento de la deuda pública neta desde los acontecimientos de 2019 y la pandemia es excesivo, una contribución sobre el enriquecimiento como la propuesta por Piketty podría disminuirla si se gravara en 10% el enriquecimiento de los grupos de muy altos ingresos desde entonces.
El Grupo Luksic, siempre según Forbes, aumentó su riqueza en 10.300 millones de dólares entre 2019 y 2024; la de Horst Paulmann, en 400 millones; y la de Julio Ponce Lerou, en 1.200 millones. A título de ejemplo, si solo se incluyera estos tres casos, aunque se debiera sumar los incrementos de patrimonio del segmento del 1% más rico, se podría disminuir de esta forma la deuda pública neta en el equivalente a 0,4% del PIB.
Otra acción en la materia es la de ayudar a la desconcentración económica, y a limitar un capitalismo de herederos y no de innovadores, llevando el impuesto a la herencia del 25% actual al 50-65% de Corea del Sur en el caso de las grandes fortunas. Esto podría traducirse, como alternativa a tributos en dinero, en un pago en un porcentaje accionario de valor equivalente de los activos involucrados. Estos porcentajes podrían pasar a un fondo –sin injerencia cotidiana en la gestión de las empresas– cuya rentabilidad aumentara el financiamiento de la innovación y la sostenibilidad en empresas de distinto tamaño (ver).
Esto no alteraría mayormente la economía, salvo disminuir las muy altas fortunas de los herederos, a cuya creación no han concurrido. En el largo plazo tendería a mejorar la gestión de las empresas, pues, como señala el economista Hugo Hopenhayn, “cuando las firmas pasan del padre al hijo, puede que el padre fuera muy ingenioso y se le ocurrió hacer esa firma. Pero no hay ninguna razón por la cual el hijo es el más idóneo. Hay estudios que analizan que cuando la firma pasa al hijo en general pierde mucha productividad. O sea, no basta con tener firmas para la productividad, sino que tienen que estar dirigidas por las personas correctas”.
Se puede concluir con Thomas Piketty que “no se puede afrontar los desafíos sociales y climáticos actuales si no se empieza por gravar de manera visible e indiscutible a los más ricos” y orientar las empresas a aumentos de productividad que permitan una mayor prosperidad compartida y sostenible. A su vez, no se puede tolerar una concentración de la riqueza que induce un control plutocrático del sistema político por las grandes fortunas, a través del financiamiento de campañas, la influencia del dinero en los poderes del Estado y el control de los medios de comunicación masivos.
