Opinión
Esta rebelión social tiene determinantes estructurales que, si no se modifican, volverán a buscar nuevos cauces.
La Justicia Transicional es una importante conquista del movimiento de los derechos humanos. Establece que tras graves conflictos internos el Estado debe desarrollar políticas que impidan la repetición de crímenes atentatorios contra sus propios ciudadanos.
La idea de la No Repetición, un principio básico de la Justicia Transicional, se complementa con Verdad –pública–, Justicia –efectiva– y Reparación a las víctimas, que implica restituir o al menos mitigar el daño causado.
Estos pilares han sido relativizados por numerosos actores, abriendo paso a que se interprete la rebelión social de octubre 2019-marzo 2020 como un mero fenómeno delincuencial. Una fracción importante de la elite y sus medios hegemónicos han despojado de su fuerza impugnadora la mayor revuelta social desde las protestas de principios de los 80. Que esto haya ocurrido en democracia y no en dictadura pareciera no llamarles la atención.
La verdad, aquella sujeta a criterios empíricos, ha sido distorsionada, pues los datos de las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos en el estallido son elocuentes: 460 personas con trauma ocular, 360 de ellas atendidas por PACTO; en datos del INDH, 453 personas torturadas y otras 463 sufrieron apremios ilegítimos u otros tratos crueles estando bajo custodia de agentes estatales; y las denuncias por violencia física en espacios públicos fueron 2.510, en su mayoría por disparos de escopeta antidisturbios.
Sin embargo, hace un par de días La Segunda publica “Turba de 200 personas atacó a Carabineros en San Bernardo”, y como bajada de titular: “Encuesta Pulso Ciudadano arrojó que, a 5 años del estallido, 61,2 % piensa que sus efectos fueron negativos generando un aumento de la delincuencia”. Es decir, se intencionan relaciones causales entre el estallido y casos particulares de inseguridad actuales.
La justicia ha sido lenta y ha estado obstaculizada por los intereses de quienes son partidarios de un orden autoritario que les permita seguir gozando de sus privilegios. Esto sale a la luz recientemente con el develamiento de los chats de Hermosilla y las conspiraciones con Chadwick, el exministro del Interior, y el que era fiscal de Zona Oriente M. Guerra, los que movieron sus piezas para debilitar la persecución de causas de violaciones de los derechos humanos. Llama la atención que el actual Fiscal Nacional, junto con tomar café con Hermosilla y Chadwick, termine ordenando la destitución de su jefa de Derechos Humanos. O que la ministra Vivanco, que llegó a la Corte Suprema por su cercanía política con los mencionados, sentencie en septiembre pasado la restitución de los cuadros institucionales de los criminales de lesa humanidad Merino, Mendoza y otros.
Otro ejemplo es que los altos mandos de Carabineros del 2019 fueron cuestionados hasta por la Contraloría General de la República el 2020, por incumplimiento de los protocolos de actuación en el “Estallido Social”. Sin embargo, la jueza subrogante del 22 Juzgado Civil, María Cecilia Morales, dictó sentencia acogiendo la demanda de nulidad de los generales (uno de ellos hoy candidato a alcalde por Maipú).
Su resolución genera dudas de la recta justicia, pues es la misma que el 2015 revocó las multas que aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra Leonidas Vial y LarrainVial por el caso Cascadas y el 2013 declaró inadmisible la demanda colectiva contra las farmacéuticas, como lo hizo con el caso Pollos, cuando Sernac demandó a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo.
Reparación. A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la época, el Gobierno de Piñera reconoció las violaciones de los DD.HH. y se realizaron Informes de Seguimiento presentados al Comité Interministerial de Derechos Humanos y al Congreso; sus avances, más allá del programa de atención a las personas con heridas oculares, fueron casi nulos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Chile en enero del 2020 y luego formuló recomendaciones, que el Presidente Boric, en diciembre de 2022, se comprometió a cumplir con un Plan de Acción. Además, se estableció el Mecanismo Conjunto de Seguimiento a estas recomendaciones (MESECH), sobre el que el Estado chileno debe rendir cuentas.
El compromiso del Gobierno es priorizar las “medidas de reparación integral e identificación del universo de víctimas, avance de las investigaciones y procesos judiciales, regulación y garantía del derecho a la protesta social y reforma institucional de la policía”. En este período se fortaleció el Programa PACTO-PIRO de atención a víctimas oculares y de violencia física, se dio una breve asesoría legal, pero aun no se establece un mecanismo de reconocimiento de víctimas que permita la reparación integral. El tiempo corre.
No Repetición: para que los agentes del Estado no repitan procedimientos o den órdenes que violen los derechos humanos, es indudable que se requiere una reforma profunda de Carabineros y una formación permanente en DD.HH. Es posible aspirar a una labor policial efectiva bajo el imperio de la ley y con mejores estándares de actuación. Ello también ayuda a resolver los problemas de legitimidad institucional después de los casos de corrupción en los altos mandos, las dudas en la resolución del asesinato de Camilo Catrillanca y del montaje de la Operación Huracán.
En lugar de afrontar en profundidad la falta de transparencia, hemos visto una institucionalidad que aprovecha las coyunturas políticas y consigue tapar las sucesivas crisis. Chile necesita una institución de Carabineros más profesionalizada y transparente.
Lo acontecido en el país entre octubre 2019 y marzo 2020 fue una rebelión social. No fue un arrebato irracional de violencia, ni con planificación previa, fue un proceso incubado por años, en que las condiciones reales de vida de la población chocaron con los oídos sordos de quienes podían dar respuesta a las deudas del CAE, las jubilaciones miserables, las listas de espera en salud, las inversiones sin control ambiental ni de desarrollo urbano, las discriminaciones a las mujeres y disidencias sexuales, el abandono de las regiones.
La impotencia y la rabia encontraron una expresión popular, pero sin dirección política, ante el desengaño y el descaro de la corrupción sin sanciones de empresarios coludidos, políticos pagados por estos, fiestas con dineros de las AFP en el Caribe, retroceso del Estado en su presencia en los sectores marginados del oasis de la modernización neoliberal. Los movimientos sociales no eran escuchados por el sistema político y los partidos se parlamentarizaban cada vez más, perdiendo su relación orgánica con el mundo social. Pareció un estallido de iras acumuladas como un gas en un balón, pero no, esto se veía en las calles y en los barrios con anterioridad.
Esta rebelión social tiene determinantes estructurales que, si no se modifican, volverán a buscar nuevos cauces. La pregunta es si serán fuerza política o se optará por caminos extrainstitucionales, como las economías ilegales. El justificado deseo de reconocimiento y ascenso social puede obtener respuesta o puede seguir siendo bloqueado por las fracturas de un país altamente desigual, cuyas elites empresariales y políticas siguen, porfiadamente, sin tomar en serio.
