Opinión
El 18 de octubre de 2019 fue solo un efecto de las malas instituciones que teníamos y, lamentablemente, aún tenemos. Podremos evadir el tema, pero no es posible esconder la evidencia.
En medio de la proliferación de miradas reduccionistas y simplificadoras del estallido social de 2019, es importante volver a pensar lo importante. Se requiere un análisis complejo a una policrisis que todavía sigue desafiando a nuestras instituciones.
Los recientes ganadores del Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu y Simon Johnson, han aportado relevantes criterios para analizar las causas del desarrollo económico y las desigualdades a nivel nacional e internacional. En particular, su obra Por qué fracasan los países (2012), escrita por Acemoglu en colaboración con James A. Robinson, nos proporciona algunos criterios que pueden servir para pensar con rigor en las causas de lo vivido, porque apuntan a brechas que permanecen abiertas en nuestra estructura productiva y en nuestra gobernabilidad democrática.
En su obra, estos autores rechazan la idea determinista que identifica en el clima, la geografía o en la cultura los factores claves que determinan el éxito político y económico de un país. Si bien estas variables pueden influir, son las instituciones las que tienen un impacto mucho más directo y fundamental. La clave del desarrollo no está en los recursos naturales o en las tecnologías disponibles, sino en la calidad de las instituciones políticas y económicas, lo que determina cómo se distribuye el poder y cómo se organizan las sociedades.
Para Acemoglu y Johnson, es la calidad institucional la variable que explica las diferencias en el desarrollo económico entre las naciones. Para ello, distinguen entre “instituciones inclusivas” y “extractivas”.
Las primeras promueven la amplia participación de la población en la toma de decisiones económicas y políticas; garantizan la propiedad de todos los individuos y su administración sobre los bienes que generan; fomentan la competencia, evitando monopolios y oligopolios; dan espacio para que nuevas empresas y emprendedores entren en el mercado; impulsan la innovación, creando un entorno que incentive la creatividad y el desarrollo de nuevas tecnologías.
En definitiva, sitúan en el respeto al Estado de derecho, abierto a la participación ciudadana, la base de un desarrollo donde todos estén sujetos a las mismas leyes, incluyendo los influyentes y poderosos.
Por el contrario, las instituciones extractivas concentran el poder económico en manos de una pequeña élite, limitan la participación de la mayoría de la población en la toma de decisiones políticas y protegen los intereses de la élite, ya que las leyes y las regulaciones están diseñadas deliberadamente para proteger los privilegios.
De esa forma, se crean sociedades marcadas por una gran desigualdad en la distribución de la riqueza y de las posibilidades, ya que en un Estado de derecho débil las leyes no se aplican de manera equitativa a todos los ciudadanos.
Se podría plantear que en toda la región latinoamericana el Estado de derecho está sometido a condiciones tanto o más precarias que en nuestro país, pero este falso consuelo no nos puede engañar con una supuesta excepción chilena.
Los escándalos recientes, como el caso Hermosilla y sus varias aristas y consecuencias, nos revelan un deficiente marco institucional, que responde mucho más claramente al patrón extractivo que al criterio inclusivo que nos proponen Acemoglu y Johnson. Las condiciones oligopólicas de nuestros mercados internos, la falta de porosidad de nuestro sistema político y judicial, y el sentido endogámico de nuestras élites responden indudablemente a este segundo paradigma.
Otra variable que estudian estos autores es el rol de la historia, y en particular del colonialismo, en la reproducción de este factor extractivo de nuestras estructuras sociales.
En su análisis destacan el impacto duradero de las formas coloniales de poder en sociedades que ya no viven en ese tipo de sistema, pero en las que pervive su racionalidad excluyente: la exclusión de personas racializadas de manera institucionalizada, la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas, la tendencia a transmitir de manera intergeneracional un conjunto de sistemas de jerarquización altamente ineficientes, la reproducción de lógicas anacrónicas de concentración de las decisiones, que bloquean la inclusión de las mayorías en el desarrollo.
Omitir este diagnóstico tan lapidario es hacerse trampa en solitario y seguir autoengañándose como sociedad. Chile muestra todos los síntomas que determinan una institucionalidad extractiva, lo que lleva al estancamiento en la productividad y a limitar la capacidad de inclusión económica.
La buena noticia es que, para Acemoglu y Johnson, existen posibilidades de cambio político-institucional, que permiten otro tipo de desarrollo. En su opinión, son los procesos de movilización social la vía de reforma que, lejos de ser un inconveniente, son los vectores que activan los ciclos de cambio que alteran las estructuras de poder, transformando las instituciones extractivas en inclusivas, facilitando el tránsito a un desarrollo económico incluyente.
Mantener las instituciones extractivas que hoy tenemos, sin reformas de fondo, nos va a seguir condenando a ciclos previsibles. Hoy imperan la incertidumbre y la falta de protección de los derechos de todas las personas, lo que desalienta la inversión privada, inhibe la innovación, nos condena a la concentración del poder y la riqueza en pocas manos, restringiendo la creatividad y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Sin reformas como las que señalan estos autores, la corrupción y la falta de competencia seguirán limitando nuestra eficiencia económica. La concentración de la riqueza y del poder generarán nuevos malestares, ligados a la gran desigualdad social imperante y a la concentración de la riqueza. En síntesis, si no somos capaces de desmontar el carácter extractivo de nuestra institucionalidad, nos mantendremos en un entorno hostil para el desarrollo económico y social, ya que se continuarán priorizando los intereses de una reducida élite, en detrimento del bienestar de la mayoría de la población.
¿Por qué fracasan los países? Según los ganadores del Premio Nobel de Economía, por las reglas del juego, por las leyes, las normas sociales y las estructuras políticas que, en última instancia, definen si una nación prospera o se estanca. El 18 de octubre de 2019 fue solo un efecto de las malas instituciones que teníamos y, lamentablemente, aún tenemos. Podremos evadir el tema, pero no es posible esconder la evidencia. Poner el foco en aspectos que escapen de este debate solo creará nuevas condiciones para perpetuar un tipo de institucionalidad que es un peligro colectivo.
