Opinión
El estallido social del 2019 fue lamento y acusación. Las complejas contradicciones sociales que lo provocaron persisten ahí, hoy más ignoradas que nunca.
Desde el triunfo de la opción rechazo en el primer plebiscito constitucional el 4 de septiembre del 2022 un sector importante de la élite económica chilena ha tratado de imponer su propia narrativa sobre el estallido social del 18 de octubre del 2019. Para eso han utilizado tanto a los partidos políticos de su sector como a la prensa puesta a su disposición. Esa narrativa reduce los acontecimientos ocurridos en nuestro país a partir del mencionado 18 de octubre a la mera violencia delictual, lo cual en sí mismo no tiene mucho de original. Lo novedoso es que, desde hace algunos meses, dicha narrativa ha tomado nuevos rumbos y ya no se trata solamente de la falsa equivalencia entre estallido y delincuencia, sino que ahora se busca culpar al estallido social de los problemas sociales más relevantes presentes en el Chile actual. Así, el estallido ya deja de ser una expresión de vandalismo y criminalidad, para pasar a ser la raíz misma del malestar social.
Evidentemente, aquella narrativa no resiste un análisis serio y profundo, sea este académico o no, ya que ignora el conflicto social subyacente que dio origen estallido. Pero eso no ha bastado para persuadir a un sector de la prensa chilena a desistir en aquella interpretación tan superficial de lo sucedido en Chile hace 5 años atrás. De todas maneras, insisten majaderamente con encuestas de metodología desconocida para los lectores y resultados aún más dudosos. Este intento de culpar al estallido de las falencias estructurales que subyacen en el malestar social actual ignora que los hechos ocurridos a partir de aquel viernes 18 fueron, primero que todo, un síntoma de problemas estructurales preexistentes. Allí estaban la alarmante desigualdad económica de nuestra sociedad, los reiterados hechos de corrupción política al más alto nivel (en un país que supuestamente no tenía corrupción), y los dolorosos niveles de endeudamiento a los cuales el modelo económico basado en el crédito y la deuda perpetua han sometido a la ciudadanía. También podríamos recordar demandas ciudadanas más concretas, pero igual de relevantes, vinculadas al fracaso de las AFPs, la ineficiencia de las Isapres, los reiterados hechos de colusión de mercado, el ya para ese entonces difícil acceso a la vivienda y los créditos hipotecarios, la inseguridad de nuestras calles (sin dudas real, pero exagerada por la prensa aun antes del estallido, a través de una implacable campaña del miedo con fines políticos no difíciles de identificar), el encarecimiento de la vida cotidiana, el complicado financiamiento de la educación superior, y un largo etcétera.
Así la narrativa que culpa al estallido social de los problemas del Chile actual olvida convenientemente que los días que siguieron al viernes 18 se vieron marcados por un constante incremento de la participación ciudadana en marchas, en su gran mayoría pacíficas, no sólo en Santiago, sino que a lo largo de todo Chile. Dicha narrativa decide también ignorar el proceso de democratización barrial que se expresó a través de cabildos en muchos municipios del país, con asambleas abiertas donde participaban todo tipo de personas, incluyendo adultos mayores que decían lamentar la violencia del estallido, pero comprender el porqué de aquella. Aquel fascinante momento de democratización popular que se desarrollaba de forma independiente de todos lo partidos políticos fue drásticamente interrumpido por el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre del 2019, que vino a desarticular la organización popular y a, de facto, terminar con los cabildos barriales autoconvocados. El Acuerdo por la Paz, firmado entre otros por el actual presidente, prometía ser la salida política a las crisis de octubre, ofreciendo un proceso constitucional cuyos resultados fueron altamente decepcionantes para la mayoría del país.
Si un sector de la prensa hegemónica ha decidido con tanto ahínco promover una narrativa tan superficial, si es que no directamente falaz, es porque tenemos un gobierno que no ha hecho mayor intento por construir una opción discursiva. El gobierno del presidente Boric no ha desarrollado ningún intento por articular y promover una narrativa alternativa con respecto al estallido. Al contrario, ha guardado un preocupante silencio, muy similar al del aniversario de los 50 años del golpe de Estado de hace un año. Este es un asunto inquietante, ya que entrega los espacios del debate a aquellos sectores más interesados en demonizar la protesta social y en castigar a aquellos que impugnan las carencias más alarmantes de la sociedad chilena, tanto de nuestra democracia como del modelo económico imperante. En el trasfondo de todo esto, un gobierno que prometía ser transformador pareciera enorgullecerse de haber retrotraído a Chile a la situación anterior al estallido. De esta manera, el proyecto transformador liderado por el Frente Amplio irónicamente devino en gobierno restaurador, generando una frustración cada vez mayor en aquellas personas que quisieron creer que el gobierno abriría el sendero a los cambios que gran parte de la ciudadanía demandaba.
El estallido social del 2019 fue lamento y acusación. Las complejas contradicciones sociales que lo provocaron persisten ahí, hoy más ignoradas que nunca. Bien haría aquel sector de la prensa empeñada en negarlo reflexionar críticamente en torno a las estructuras de desigualdad que dieron forma al estallido social, ya que aquellas aún siguen ahí, latentes en el malestar social. Bien harían también en recordar que la expresión de rabia, angustia y frustración, que fue octubre del 2019 (multidimensional en sus configuraciones y contenidos), también fue un rechazo frontal de aquella forma de hacer periodismo, que hoy en día vemos volver, llena de soberbia, testarudez, irresponsabilidad, y complacencia.
