Opinión
Lo que ocurrirá a grandes rasgos con esta política pública será lo siguiente: gran parte de los jóvenes buscarán estudiar carreras universitarias, por lo que adherirán al financiamiento. Sin embargo, solo alrededor del 10% de esos estudiantes está en el décimo decil.
Según el proyecto de ley para el Financiamiento para la Educación Superior (FES), “el nuevo instrumento de financiamiento será de adhesión voluntaria y estará disponible para todas y todos los estudiantes que lo necesiten, sin requisitos socioeconómicos ni de puntajes PAES. La cobertura de este beneficio se extenderá por la duración formal de la carrera más un año adicional, sin pago de matrícula ni arancel para las y los estudiantes hasta el noveno decil de ingresos. Las instituciones de educación superior podrán cobrar un monto adicional a las y los beneficiarios del décimo decil”. ¿Qué implica esta cláusula dentro del proyecto ley? Simple: la argentinización de sistema universitario chileno.
En otras palabras, lo que ocurrirá a grandes rasgos con esta política pública será lo siguiente: gran parte de los jóvenes buscarán estudiar carreras universitarias, por lo que adherirán al financiamiento. Sin embargo, solo alrededor del 10% de esos estudiantes está en el décimo decil.
Esto significa que, al fijar el costo de los aranceles por el número de futuros matriculados, producirá un escenario de canibalismo en la oferta. Esto implicará, a su vez, dos fenómenos: el primero y el más grave es que el proyecto de ley incentiva la consecución por parte de los estudiantes a cursar carreras universitarias en desmedro de las técnicas profesionales. Esto será así debido a que tanto CFT como IP y universidades tenderán a bajar los puntajes de entrada para sobrevivir, lo que producirá justamente el canibalismo en la oferta.
Al bajar los puntajes, más estudiantes destinados a carreras técnicas se verán tentados a estudiar carreras universitarias, lo que producirá, a su vez, que muchos CFT e IP desaparezcan.
En segundo lugar, también desaparecerán universidades privadas de baja calidad académica (baja acreditación y sin investigación), debido a lo primero. Esta consecuencia no es del todo indeseable, pero sin duda no es la forma en que se debe cercenar el sistema. Pues, solo las universidades con financiamiento basal, o sea, las públicas, estarán en condiciones de mejorar, mientras que las privadas estarán sujetas al número de estudiantes que capten, bajando, por consecuencia, la calidad de su oferta.
Por otra parte, y en mi opinión, otra consecuencia nefasta del proyecto de ley es que incentiva la deserción. Actualmente, las universidades hacen un trabajo sobrehumano para mantener a sus estudiantes y no perder por este motivo años de acreditación. Con esta ley, y como ya expliqué con antelación, habrá sobreoferta de títulos universitarios en desmedro de los técnicos profesionales o profesionales, lo que provocará a futuro, sin lugar a dudas, una devaluación aún más grande que la actual de los títulos universitarios en el mercado laboral. Aspecto que hará ahorrar al Estado menos de lo que espera.
Por último, considero que si la estrategia del Gobierno es disminuir la oferta del mercado universitario en pos de que los jóvenes elijan carreras en instituciones públicas, lo que debiese proponer el proyecto de Ley es lo siguiente:
Si el proyecto de ley del Gobierno llevase a cabo estas propuestas, probablemente, ocurriría lo siguiente:
Como se puede apreciar hasta aquí, si el Gobierno llevase a cabo las propuestas realizadas, la estrategia gubernamental se cumpliría, a saber: i) el Estado ahorraría más de lo que hoy se propone; ii) habría menos oferta de IES en general, por lo que se concentraría la demanda; y iii) se incentivaría la no deserción y las carreas técnicas profesionales.
