Opinión
AgenciaUno
Defender la independencia judicial no significa proteger a los jueces de la rendición de cuentas. Una democracia saludable requiere que todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, estén sujetos a controles y contrapesos.
Desde el retorno a la democracia, Chile ha dado pasos importantes en la mejora del nivel profesional de su Poder Judicial y en el fortalecimiento de su independencia. Estos esfuerzos han dado frutos: los índices de independencia judicial de Chile y otros indicadores del funcionamiento del sistema legal se encuentran sistemáticamente entre los más altos de América Latina, superados solo por Uruguay y Costa Rica.
Sin embargo, los acontecimientos recientes han hecho sonar las alarmas sobre la fragilidad de la independencia judicial de Chile. El escándalo de corrupción “caso Hermosilla” ha puesto en peligro la credibilidad del sistema de justicia chileno. Es esencial garantizar la rendición de cuentas de los implicados en este escándalo, incluida la expulsión y acusación constitucional de la jueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
Lamentablemente, la vinculación del caso de Vivanco con el del juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz convierte un ejercicio legítimo y necesario de rendición de cuentas judicial en un golpe lesivo a la independencia judicial.
La independencia judicial permite a los tribunales tomar decisiones basadas en su comprensión honesta de la ley, libres de presiones externas o del temor al castigo de actores políticos poderosos. Cuando los jueces se convierten en blanco de una destitución política, su independencia se ve comprometida y el papel de control jurisdiccional del poder se debilita. Si bien la rendición de cuentas judicial por infracciones legales y éticas es esencial, la acusación constitucional (impeachment) debería reservarse para las violaciones más graves y bien fundamentadas de los deberes oficiales.
Históricamente, en Chile se ha respetado este criterio y, previamente, solo un juez de la Corte Suprema, Hernán Cereceda, había cumplido con el criterio de destitución por acusación constitucional.
En una preocupante desviación de este criterio histórico, el caso de Muñoz parece carecer tanto del rigor procesal como de la gravedad necesarios para una medida tan extraordinaria. A pesar de las afirmaciones de varios senadores de que sus votos no estaban relacionados con los fallos de Muñoz, las críticas a su “activismo” judicial fueron generalizadas en el período previo a la votación. Algunos incluso sugirieron que su destitución por acusación constitucional tenía como objetivo “enviar una señal” a otros jueces, instándolos a adoptar un “perfil más bajo” en el futuro, retórica que debería ser profundamente preocupante para cualquiera que valore la independencia judicial.
Algunos justificaron la destitución de Muñoz haciendo referencia a la baja confianza pública en las instituciones chilenas, incluido el sistema judicial. Las investigaciones, incluidas las de esta autora, muestran que esta desconfianza se origina en una percepción de injusticia sistémica, en la que se considera que el sistema está amañado a favor de los ricos y los bien conectados. El escándalo puso de relieve estas quejas, al exponer la corrupción en los niveles más altos.
Sin embargo, la acusación constitucional contra Muñoz, que no está relacionado con este caso, hace poco por abordar estas preocupaciones y corre el riesgo de profundizar la desconfianza del público, especialmente porque fue llevado a cabo por un Congreso no menos implicado en la misma crisis de confianza institucional.
La destitución de Muñoz se enmarca en una peligrosa tendencia en América Latina, donde los actores políticos recurren cada vez más a los procesos de acusación constitucional para librar al Poder Judicial de figuras que podrían desafiar sus agendas. En su conocido libro How Democracies Die (Cómo mueren las democracias), Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sostienen que la erosión democrática suele producirse de manera sutil a través de medios legales que socavan el sistema desde dentro, en lugar de a través de golpes de Estado abiertos o intervenciones violentas.
Una de las tácticas más potentes en este proceso es la vulneración de la independencia judicial. Los líderes elegidos democráticamente explotan los procesos de destitución para remover a los jueces que defienden las normas constitucionales, dejando atrás un Poder Judicial dócil.
Por ejemplo, en Bolivia, desde 2017, numerosos jueces han sido destituidos sin el debido proceso. En Brasil, tras el asalto al edificio de la Corte Suprema en 2022, algunos legisladores han tratado de facilitar los procedimientos de destitución de los magistrados, socavando su independencia. Mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha atacado implacablemente a los jueces, logrando reformas constitucionales que van a acabar con los avances en el Estado de derecho logrado en ese país en las últimas décadas.
Si bien los acontecimientos recientes en Chile pueden parecer leves en comparación con estos ejemplos, reflejan una tendencia preocupante que no debe pasarse por alto. He demostrado en mis investigaciones que los jueces son sensibles a las “señales” que envían los actores poderosos sometiendo a un par a acción disciplinaria como ejemplo, lo que produce un efecto amedrentador en el Poder Judicial en su conjunto.
Los jueces pueden volverse reacios a fallar en contra del Gobierno o de las élites influyentes por terror a enfrentar represalias, y esta autocensura debilita aún más el papel del Poder Judicial en el sistema constitucional.
Defender la independencia judicial no significa proteger a los jueces de la rendición de cuentas. Una democracia saludable requiere que todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, estén sujetos a controles y contrapesos. Sin embargo, es esencial que la destitución de los jueces se base en criterios claros y objetivos y se sujete a las garantías del debido proceso.
La acusación constitucional a los jueces es más que una cuestión legal, pues afecta los cimientos mismos del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Lo hemos visto en otros países de la región: una vez que se ve comprometida la independencia judicial, suele producirse una rápida erosión de las normas democráticas. Por esta razón, quienes se preocupan por el Estado de derecho deben estar atentos a las amenazas a la independencia judicial y mantenerse unidos en su defensa en todos los procesos dirigidos en su contra.
