Opinión
Sería lamentable que esta innovadora propuesta se enfrente desde una motivación ideológica que solo comprenda la racionalidad ligada al endeudamiento, condenándonos a un único mecanismo orientado a una relación entre deudores y acreedores.
Un reciente documento del centro de estudios Horizontal, titulado “Financiamiento Público de la Educación Superior (FES), ¿quién paga el impuesto?”, aporta un análisis del proyecto de ley que busca reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) por un nuevo sistema de financiamiento solidario (FES). El punto clave en el que se detiene es en que los egresados universitarios contribuyan a financiar sus estudios en función de sus ingresos futuros, durante un periodo determinado.
En lugar de un crédito tradicional, el FES funciona como un fondo revolvente. Los estudiantes reciben financiamiento para sus estudios y luego realizan aportes en función de sus ingresos, una vez egresados. Para Horizontal, esta contribución sería un impuesto encubierto, pero –como el ministro Marcel explicó– el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior no es un impuesto ni un crédito tradicional.
En un crédito, uno pide prestado dinero y luego lo devuelve con intereses. En este nuevo sistema, en cambio, se crea un fondo común. Los estudiantes que necesitan dinero para estudiar lo toman de este fondo. Luego, cuando se gradúen y tengan trabajo, devolverán parte de ese dinero. Así, el dinero que se usa para financiar a los estudiantes que están estudiando ahora proviene de lo que pagaron los estudiantes que ya se graduaron.
Es una cadena intergeneracional: los que ya están trabajando ayudan a los que están empezando. La idea es que los recursos se vayan moviendo continuamente entre los estudiantes y los egresados. La mayoría de los estudiantes estarán exentos de pagos durante sus estudios. Solo aquellos del decil de mayores ingresos deberán realizar un copago. Es un sistema más solidario y justo, donde todos contribuyen según sus posibilidades y se ayuda a que más personas puedan acceder a la educación superior.
Sería lamentable que esta innovadora propuesta se enfrente desde una motivación ideológica que solo comprenda la racionalidad ligada al endeudamiento, condenándonos a un único mecanismo orientado a una relación entre deudores y acreedores, impidiendo aplicar otros criterios, perfectamente viables y eficientes.
Para Horizontal este modelo podría perjudicar a aquellos estudiantes que opten por carreras con altos ingresos potenciales, como medicina e ingeniería. Esto se debe a que el monto a pagar está ligado a los ingresos y no al costo real de la carrera, lo que eventualmente podría generar pagos superiores al valor original de la formación. Según este análisis, al imponerse un costo adicional a algunos egresados, el nuevo sistema podría desincentivar la formación de capital humano de alto nivel, especialmente en carreras con altas remuneraciones.
Esta conclusión me parece curiosa. Habría que preguntarse por qué, hasta ahora, no se ha producido este desincentivo en las cifras de admisión a carreras con altos ingresos potenciales bajo el actual modelo basado en el CAE, ya que implica financiar la carrera con una tasa de interés que no es insignificante. Al contrario, la crisis del actual modelo es una muestra palpable de un mal diseño, como transversalmente se ha reconocido.
Pero incluso suponiendo que los estudiantes de carreras con altos ingresos terminen pagando una proporción mucho mayor de sus ingresos en comparación con otros, ¿no significaría que se estaría implementando un sistema progresivo, que en principio es lo justo y deseable?
El nuevo sistema es “autocontenido”, es decir, no requerirá de mayores recursos estatales y, por el contrario, podría generar ahorros en comparación con el CAE. Por esa razón, la condonación de la deuda que contempla el proyecto no representa un costo fiscal significativo. Al contrario, el análisis de los datos de Hacienda muestra que el costo fiscal de la condonación de la deuda es sostenible.
Concuerdo con Horizontal en que la discusión del nuevo sistema no puede eludir una discusión más amplia sobre la política tributaria, que se debe centrar en el principio de equidad. Pero de esa manera se debería entender que los egresados de algunas carreras puedan pagar un monto más alto que los de otras, por un motivo concreto: los ingresos potenciales asociados a esa formación.
Me parece que sería más productivo analizar otras aristas complejas del proyecto. Por ejemplo, con la implementación de la política de gratuidad se han introducido aranceles regulados, que no siempre logran adecuarse a los costos reales de las carreras. Tal vez es necesario un mecanismo de ajuste donde la existencia de un copago permita a las instituciones de educación superior enfrentar déficits de las carreras costosas mediante subsidios internos.
En general, el texto de Horizontal plantea la necesidad de un debate más profundo y amplio sobre el financiamiento de la educación superior en Chile, considerando los posibles impactos sociales y económicos de las diferentes alternativas. Pero ese debate exige llegar a una postura consensuada y pragmática, que supere los prejuicios ideológicos que clausuran el debate sobre los mecanismos no crediticios que pueden aportar una solución más actual y eficaz que la que hemos conocido hasta ahora.
