Opinión
Archivo
No esperemos que se pidan guardias de seguridad en las escuelas para darle importancia a la profundidad que ha adquirido la violencia como forma de resolver los conflictos. Tenemos que actuar proactivamente, pues aún estamos a tiempo.
Hace unos días se conoció de la sentencia judicial en contra del menor que agredió en el rostro a un docente en San Ramón, dejándolo con graves lesiones, que lo llevaron a cirugías mayores. Se trata del primer caso de este tipo que llega a la Justicia y la sanción establecida por unanimidad fue de dos años de internación en régimen semicerrado, con programa de reinserción social.
Este caso de agresión a un profesor, lamentablemente, no es tan aislado como quisiéramos y la escuela no está siendo el único espacio en que esto ocurre. Los índices de violencia no son agravados solamente por un factor emocional, como algunos creen, sino que hay causas mucho más profundas, entre las cuales la educación socioemocional se hace cargo de un aspecto, pero no de todos, ya que necesitamos de medidas completas y de comunidades educativas mucho más proactivas.
Las consecuencias pospandemia son evidentes en los niveles de estrés que hoy todos y todas estamos viviendo, no obstante, muchos de los estresores o aceleradores de la violencia residen en aspectos estructurales y culturales, siendo la desigualdad uno de los más profundos.
El Ministerio de Educación ha logrado sostener un programa efectivo de acompañamiento en escuelas y liceos priorizados por región, logrando a la fecha una disminución significativa de casos e incidentes críticos en los establecimientos educativos, por medio del programa “A convivir se aprende”.
A ello se suman iniciativas dignas de rescatar y valorar, porque surgen desde una preocupación genuina y de liderazgo pedagógico para atenuar casos de violencia tanto al interior de las escuelas como fuera de ellas. Nos referimos a la Mesa de Seguridad Interescolar de Chiguayante, por ejemplo, donde se reúnen dos veces al semestre directores de colegios, representantes de las comunidades educativas, cuerpos de seguridad (municipio y carabineros) y Senda, dialogando soluciones a las diversas situaciones que han afectado a la comunidad.
Esta instancia de trabajo colaborativo en pos del bienestar de la comunidad escolar y de quienes habitan el entorno es un camino más para hacernos cargo del complejo escenario que estamos viviendo en las comunidades, ya que la violencia directa está manifestándose mucho más allá de las aulas escolares, tal como hemos visto en los casos de los centros de salud.
No esperemos que se pidan guardias de seguridad en las escuelas para darle importancia a la profundidad que ha adquirido la violencia como forma de resolver los conflictos. Tenemos que actuar proactivamente, pues aún estamos a tiempo.
Por eso, invito a las comunidades escolares a proponer medidas que respondan a sus realidades por el bienestar de sí mismos y no esperar un instructivo ministerial que les indique qué hacer.
