Opinión
AgenciaUno
Los temas de seguridad ciudadana deben tratarse como temas de Estado por sobre la contingencia política diaria, aspecto fundamental para el desarrollo económico y social, ya que incide directamente en la calidad de vida de las personas.
Independientemente de las opiniones políticas y jurídicas sobre la pertinencia de la acusación constitucional contra la ministra Carolina Tohá, dicha presentación nos deja algunas enseñanzas. Una de ellas es el reconocimiento explícito y formal por parte de la derecha, en orden a que la actual crisis de seguridad se originó y desencadenó durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
En efecto, en la presentación realizada el 30 de septiembre del presente año por 10 diputadas y diputados de la bancada republicana, se argumentó que la ministra del Interior y Seguridad Pública ha comprometido gravemente la seguridad nacional. Entre las líneas del libelo acusatorio, al preguntarse “¿Cuándo comenzó esta debacle?”, respondían que “el Gobierno anterior, liderado por Sebastián Piñera y su ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, también fracasó en materia de seguridad pública, combate al terrorismo y las drogas, y control de la violencia”.
La misma acusación constitucional también mencionaba que, al final del Gobierno de Piñera, cientos de miles de chilenos en el norte y en el sur del país estaban bajo Estado de Emergencia Constitucional, debido a la incapacidad del Gobierno de enfrentar la inmigración ilegal en el norte y el terrorismo y la violencia en el sur.
En el trabajo de la comisión, el voto minoritario que apoyaba el libelo fue del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien mantuvo esta argumentación. Posteriormente, en la Sala, uno de los acusadores, el diputado Luis Sánchez, expresó: “Hubo errores en los gobiernos anteriores, sí”. Además, la diputada Gloria Naveillán, del comité del Partido Social Cristiano e independientes, también reconoció que la crisis de seguridad se remonta al Gobierno anterior.
Finalmente, casi la totalidad de los diputados y diputadas de derecha votó a favor de la acusación constitucional. Sin embargo, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación, con 76 votos en contra, 67 a favor y 7 abstenciones.
Es interesante que los medios de comunicación masiva no destacaran que, en este acto solemne, la propia derecha chilena reconoció que el Gobierno de Piñera y sus ministros del Interior y Seguridad Pública, como Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, fueron los responsables del inicio de lo que ellos mismos han llamado la crisis de seguridad pública.
Este reconocimiento se complementa con el diagnóstico de especialistas y generales de Carabineros, como el general en retiro Yáñez, quien afirmó que el Gobierno de Boric y su ministra Carolina Tohá han sido los que “más han hecho por la seguridad y Carabineros”. Además, fue explícito al señalar que “no existen recetas mágicas, ni las responsabilidades son infinitas”, y que la ministra no tiene responsabilidad absoluta en los problemas actuales. Consideró que culparla es “absolutamente injusto”.
Con esto, se desmorona la tesis de la derecha que culpa exclusivamente al Gobierno de Boric por el fenómeno delictual actual. Los temas de seguridad ciudadana deben tratarse como temas de Estado por sobre la contingencia política diaria, aspecto fundamental para el desarrollo económico y social, ya que incide directamente en la calidad de vida de las personas.
