Opinión
Si eliminamos el gasto en investigación y desarrollo, superamos en gasto per cápita a algunos países más, pero seguimos lejos del promedio.
En su reciente columna, el profesor Villalobos afirma que mi crítica al costo fiscal del sistema de financiamiento FES propuesto por el Gobierno omitiría lo oneroso que ha resultado el CAE para el fisco. Ello no es efectivo.
Primero, es fundamental aclarar que el FES sí implica un alto gasto fiscal, que no es “supuesto”, como sugiere Villalobos. Una revisión acuciosa del informe financiero del proyecto muestra que el Estado incurrirá en importantes gastos –que académicos como Carlos Williamson han estimado en 3.500 millones de dólares; en Acción Educar estamos preparando una estimación propia–. El truco utilizado por la Dirección de Presupuestos para que el proyecto parezca fiscalmente neutro es postergar el avance de la gratuidad.
En otras palabras, el Ministerio de Hacienda pospone un gasto y a eso le llama “ahorro”. Pero gastar recursos relevantes en este proyecto es ineludible. ¿Quién cree que se puede ahorrar condonando deudas?
Segundo, es claro que el CAE resulta muy caro para el fisco. Lo relevante es preguntarse por qué. Una de las razones es que muchos deudores del CAE no pudieron suscribir a los beneficios de contingencia el ingreso (interés del 2% y cuota máxima del 10%), debido a la obligación de estar al día. Esto hace que, para esos estudiantes, se supere la carga máxima de 18% de los ingresos usualmente considerada como tope en los créditos contingentes al ingreso (ver Chapman & Dearden, 2017). Y otra, una de las razones autoinfligida por el Gobierno: la morosidad de los deudores.
En políticas públicas, las señales son clave y las personas responden a incentivos: los actores políticos hoy en el poder han llamado sistemáticamente a no pagar el CAE, lo han desprestigiado (aunque ahora, por fría conveniencia, reconocen su aporte) y han prometido la condonación universal.
Por otra parte, la agenda legislativa del Frente Amplio que eliminó las deudas educativas de los boletines comerciales dejó la morosidad sin sanción. Estos dos factores han aumentado la morosidad significativamente, lo que aumenta tanto la ejecución de garantías como la recompra de créditos. El alto costo fiscal del CAE es responsabilidad, al menos en parte, de quienes prometieron condonarlo.
Sin perjuicio de lo anterior, este no es el único error de Villalobos. Preocupa que desde la academia se considere la formación universitaria como algo similar a “múltiples mercados que tienen precios o aranceles regulados (farmacias, electricidad o seguros, por mencionar algunos)”. Creo que, por ganar el argumento político, el profesor Villalobos omite que la labor de docencia e investigación avanzada que él mismo realiza no debe avaluarse con un medidor eléctrico, ni se le puede poner un precio estándar, pues sería destruir su valor y convertirla en un commodity, indistinguible de las clases e investigaciones de otros docentes y otros investigadores en otras universidades.
Finalmente, resulta sorprendente la inexactitud al sostener que Chile es “de los países con educación más costosos del mundo”, citando el informe de la OECD Education at a Glance. En la página 253 de aquel informe, verá que Chile gasta al año más de 10.000 dólares per cápita en educación superior, monto que solo supera a Turquía, México y Rumanía (Estados Unidos gasta sobre 35 mil, algo más que el Reino Unido). El promedio OCDE es de 20 mil dólares per cápita.
Si eliminamos el gasto en investigación y desarrollo, superamos en gasto per cápita a algunos países más, pero seguimos lejos del promedio. Se me contraargumentará que Chile gasta mucho en educación como porcentaje del PIB. Cierto, pero entonces cabe revisar políticas inmensamente costosas, como la gratuidad, que no han aumentado el acceso significativamente, así como la idea de seguir gastando en el FES. Si, finalmente, se quiere decir que los aranceles son altos en comparación con otros países OCDE, se cae en una comparación absurda.
La mayoría de los sistemas universitarios de la OECD no usan aranceles como su principal forma de financiamiento y, por lo tanto, la comparación es inválida. Dentro de los que usan aranceles como su fuente de financiamiento central, Chile es promedio. Esto, además, no considera las ayudas estudiantiles. Más de 567 mil estudiantes no pagan arancel alguno, y 130 mil reciben becas que disminuyen significativamente el promedio de arancel que computa la OCDE.
