Opinión
Esta severa pérdida de orientación política por parte de un Gobierno autoproclamado como “feminista” se ha acompañado de un feroz retroceso social y una arremetida mediática centrada en la exposición de las víctimas y de sus testimonios.
El día 17 de octubre, Manuel Monsalve, en ese momento el subsecretario de la cartera encargada de la seguridad pública en el país, fue denunciado ante la Fiscalía por abuso sexual por parte de una funcionaria de Gobierno subordinada a él. La información disponible apunta a que, desde el mes de septiembre, Monsalve hizo uso de los recursos de que disponía en el ejercicio de su cargo, incluida su autoridad sobre la PDI, para ordenar diligencias en torno al caso y a la denunciante.
El subsecretario puso en conocimiento de la inminente denuncia en su contra al Presidente de la República el martes 15 de octubre. Este último, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, decidieron dejarlo en el cargo, cuestión que no cambió sino hasta que la denuncia se hizo pública por la prensa.
Entretanto, el Gobierno le permitió seguir actuando en representación del cargo, utilizar recursos públicos para financiar el viaje en el que se comunicaría con su familia, y emplear la tribuna mediática del Ejecutivo para salir por la puerta ancha de La Moneda, sembrando cuestionamientos sobre la denuncia que fueron diligentemente amplificados en redes sociales.
Esta decisión política del Gobierno presta el escenario para una grave asimetría de poder entre denunciado y denunciante, lo que solo profundiza la desigualdad a la que se enfrentan las denunciantes cuando sus agresores se encuentran en cargos de poder.
Esta severa pérdida de orientación política por parte de un Gobierno autoproclamado como “feminista” se ha acompañado de un feroz retroceso social y una arremetida mediática centrada en la exposición de las víctimas y de sus testimonios.
Diversos medios de comunicación han difundido, fuera de toda ética periodística o afán informativo serio, detalles de la denuncia y datos acerca de la identidad de la denunciante, lo que no solo revictimiza a la afectada, sino que inhibe a otras personas de denunciar y entorpece el curso de la investigación. Ejemplo de esto es una nota de La Tercera que, sin ningún cuidado, aportó información que permitió fácilmente la identificación de la denunciante.
La cadena de efectos desatada desde ese momento, que relativizan todos los parámetros para enfrentar la violencia de género sexual que parecían haber inaugurado un nuevo consenso social, se ha hecho sentir en otros casos.
Como sacado de un guion de teatro del absurdo, los matinales discuten los efectos del pisco sour y su composición química como si fuera el alcohol el que abusa sexualmente. El medio Interferencia, ha decidido publicar como una exclusiva la declaración íntegra que realizó la mujer que denunció por violación al exfutbolista Jorge Valdivia, mostrándonos que no han aprendido nada desde que Tonka Tomicic leyó el informe ginecológico de Nabila Rifo en pleno matinal.
No solo la prensa de los grandes conglomerados económicos, sino que también la prensa “independiente” ha atentado contra los derechos de las víctimas, con decisiones editoriales que por conseguir unos cuantos clics pasarán a la larga lista de la infamia de la prensa chilena.
El rol de los partidos ha sido otra arista más de este nefasto tratamiento. Por una parte, vocerías del oficialismo como la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, con una entrevista que busca promover la idea de que “a lo mejor hay dos víctimas”, defendiendo la idea de que pueda haber un vuelco en el caso, que compara incomprensiblemente con el de Camilo Catrillanca, asesinado por la espalda por agentes del Estado.
Por supuesto que con esto ella no está defendiendo la obviedad de que la investigación deberá poder establecer lo que ocurrió. Lo que ella está haciendo, mediante su vocería política, es defender que lo que debe guiar la acción y declaraciones de su sector no es la posibilidad altamente probable de estar frente a un delito de violación ejercido por un alto cargo de su Gobierno, sino una tesis que echa por tierra el compromiso prioritario que los agentes del Estado deben tener con la erradicación de la violencia de género.
Por otro lado, los principales rostros de la derecha, sector que se ha posicionado en reiteradas ocasiones en defensa de pederastas condenados –entre esos rostros, Macaya, cuya renuncia al Senado aún estamos esperando–, hoy buscan sacar réditos políticos de una situación tan horrorosa como lo es una denuncia por violación.
Quienes comandaron la violencia política sexual en dictadura y la avalaron durante el estallido; quienes históricamente han votado en contra de los avances en materia de educación sexual integral y un sinfín de políticas de género, tienen el descaro de interpelar al feminismo y de intentar desmarcarse de su historia, para apuntar con el dedo y beneficiarse en las elecciones próximas.
Cuando el patriarcado se muestra como razón de Estado, cuando los medios de comunicación actúan descaradamente contra nuestro derecho a una vida libre de violencia, cuando los mayores enemigos de los derechos de las mujeres pretenden sacar réditos políticos de una denuncia gravísima, la movilización es indispensable.
El movimiento feminista en su inmensa diversidad ha sabido ocupar las calles cada vez que ha sido necesario, y prevemos que esta no será la excepción. Urge autoconvocarnos, organizarnos y acompañarnos frente a esta arremetida patriarcal. Nadie lo hará por nosotras.
