Opinión
Los profesionales de los gobiernos regionales destinados a esta función son insuficientes a la luz de los hechos y de la gran cantidad de recursos fiscales que destinan a inversión pública.
La elección de Gobernadores Regionales, marcará el inicio de un nuevo período de este naciente cargo en un difícil contexto, particularmente por los cambios que ha sufrido la agenda de gobierno y legislativa en materia de descentralización, cuestión que ha hecho particularmente complejo este primer período democrático de gobiernos regionales.
A su vez, son dos los hechos político-institucionales que influyeron en el desempeño del primer periodo de gobiernos regionales con autoridades electas, y que marcarán los desafíos para el futuro. Entre ellos, está la coexistencia de dos autoridades regionales, una designada -delegación presidencial regional- con atribuciones de coordinación sobre servicios públicos con importantes recursos fiscales, y la otra electa, -gobernador regional- con menos competencias y recursos fiscales para ejercer su función.
De este contexto se derivan tres desafíos fundamentales. En primer lugar está la coordinación de autoridades regionales y centrales en la región. Debido a la coexistencia de dos autoridades en una misma región, y ante la ausencia de mecanismos formales de coordinación contemplados en la reforma, en este primer período se produjeron espacios “informales” de coordinación entre la autoridad designada y la electa. En algunos casos fueron impulsados por el gobierno central, y en otros por las propias autoridades regionales ante la presencia de conflictos, roces entre autoridades o dificultades para sacar adelante proyectos regionales.
Los espacios informales de coordinación, en ninguna circunstancia representan la solución para este vacío legal, sino que muy por el contrario, son frágiles ante conflictos entre autoridades designadas y electas en las regiones. Es por ello, que se deben generar espacios formales y vinculantes de coordinación entre ambas autoridades, y por sobre todo, entre el gobierno regional y nacional en la región, como instancias que debieran ser garantizadas por ley, para evitar que estén sujetos o condicionados por la afinidad política entre autoridades.
El segundo desafío es el control de la gestión. Los profesionales de los gobiernos regionales destinados a esta función son insuficientes a la luz de los hechos y de la gran cantidad de recursos fiscales que destinan a inversión pública. Por ello, el principal desafío es aumentar el capital humano destinado al control interno, pero cuya dependencia administrativa y jerárquica sea de las contralorías regionales de la república, y no de los gobiernos regionales. Con esta acción se persigue que las unidades de control tengan la capacidad de actuar con mucha mayor autonomía e independencia de la que eventualmente hoy pudieran tener. En paralelo, es necesario fortalecer con profesionales a las contralorías regionales, con el propósito de intensificar las estrategias de control preventivo que se han desarrollado en algunas regiones, las que por la escasez de profesionales no se han profundizado adecuadamente.
El tercer desafío es el fortalecimiento de las competencias de los gobiernos regionales, especialmente en lo que se refiere a las áreas estratégicas de cada región. En específico con recursos humanos calificados que contribuyan en la capacidad de formular, implementar y monitorear políticas públicas regionales.
Estos tres desafíos deben estar en el centro de la gestión de los nuevos gobiernos regionales, para que se avance en el objetivo final de la descentralización, que no es otro que proveer mejores servicios a la ciudadanía y hacer mejores políticas públicas en contextos de descentralización.
