Opinión
Lo que aparece claro aquí es como la participación o no de los estudiantes en la cogestión de la institución educativa, sea de la enseñanza media, técnica o universitaria, es la determinante del conflicto estudiantil y su eventual deriva en violencia estudiantil y graves trastornos del orden público
El pavoroso accidente incendiario en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) con 35 estudiantes quemados, 15 de ellos graves y 4 en riesgo vital, se constituye así en el incidente más grave de los conflictos estudiantiles. Evidentemente se deben de perseguir las responsabilidades penales de los responsables directos de este hecho, así como las responsabilidades administrativas y penales de las autoridades educativas responsables de la administración de este que es uno de los más importantes y emblemáticos establecimientos de la enseñanza media nacional. También en esto tienen responsabilidad las autoridades policiales y de inteligencia que deben de prevenir y controlar este tipo de hechos. Pero, lo que no debe soslayarse y debe abordarse políticamente, tanto desde la sociedad civil como desde el poder político, también, en lo que le toca desde la academia, cosa que hasta ahora estas instancias no han hecho con la intensidad y profundidad que este conflicto en ese sector demanda y merece.
Sobre este tema del uso de la violencia por las y los estudiantes de la enseñanza ya se planteó un debate trunco, unilateral y tartamudo, como acontece en la sociedad del espectáculo (Guy Debord), en la vísperas del estallido social en el año 2019 durante los recurrentes episodios de movilizaciones estudiantiles, de la enseñanza media, en el centro de Santiago y la Comuna de Providencia, así como los desmanes que derivaban de las mismas, puso en el debate público la propuesta parlamentaria de la ley “aula segura” que en lo sustancial permitía, y permite ahora, la expulsión de cualquier estudiante que fuese acusado de causar desordenes en los establecimientos educativos y sus entornos inmediatos, por la vía administrativa sin procedimiento alguno que representara a los acusados.
Frente a esa propuesta de “aula segura” tuvieron una significativa participación en ese momento desde el centro de Santiago y la Comuna de Providencia, que es la otra parte del centro, tanto Felipe Alessandri, Alcalde de Santiago, como Gonzalo Duran, Alcalde de Independencia -hoy Delegado Presidencial en la Región Metropolitana-, quienes entraron en el debate desde sus respectivas posturas políticas y a partir de sus experiencias en el manejo de los conflictos estudiantiles. Alessandri, argumentando los graves conflictos que los estudiantes segundarios de Santiago habían causado en su Municipio, manifestó su irrestricto apoyo a esa ley, precisamente porque permitía la expulsión de los estudiantes revoltosos, irrespetuosos, insurrectos y destructivos. En cambio, el Alcalde Duran manifestó que en tanto su Municipio tenía funcionando los Consejos Escolares, no tiene ni ha tenido conflictos estudiantiles alguno. Estos Consejos Escolares que están constituidos por los representantes de profesores, los padres y apoderados, los estudiantes, los trabajadores no docentes y los representantes de la administración municipal, el Consejo hace posible la cogestión conjunta de la administración educativa del municipio y resolver conjuntamente los conflictos de intereses que afloran. Años después, no hace mucho el Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, poco antes de ser procesado, privado de libertad y destituido, se manifestó en el mismo sentido que el Alcalde Duran, al afirmar que en tanto tenía funcionando el Consejo Escolar no había tenido ni tenía conflicto alguno con los estudiantes de sus municipio. Como es sabido, el centro de Santiago son las comunas de Santiago, Providencia, Independencia y Recoleta. Es de contrastar que son los municipios de mayores ingresos del centro de Santiago los que tienen conflictos con sus estudiantes: Providencia y Santiago, además, allí se localizan los llamados “Liceos Emblemáticos”; en cambio, los municipios de menores ingresos no los tienen, como es el caso de Independencia y Recoleta.
Es de aclarar que las normas que regulan el funcionamiento de los Consejos Escolares están vigentes e institucionalmente se define así: “Objetivo: Estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y en las demás áreas que estén dentro de las esferas de sus competencias” (Ley N° 20.370, Ley General de Educación, 2009, art. 15).
El que esto escribe puede dar testimonio de como en las vísperas del estallido social, en una reunión de trabajo universitario sobre el movimiento social, el Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo “chico” Pérez, nos manifestó que debido a que estaban infiltrados, ellos y los centros de padres, lo que hacia incontrolable las acciones al interior y en las inmediaciones de su centro de estudios, habían decido de: “ir a huevear al metro”, el resto es historia conocida. Eso prueba que reprimir y castigar los problemas sociales no los resuelve, los replica y bien cría.
Lo que aparece claro aquí es como la participación o no de los estudiantes en la cogestión de la institución educativa, sea de la enseñanza media, técnica o universitaria, es la determinante del conflicto estudiantil y su eventual deriva en violencia estudiantil y graves trastornos del orden público. Haciendo historia si nos remontamos al Grito de Córdoba a inicios del siglo pasado, Argentina1918, los estudiantes en su Manifiesto Laminar expresan que para la Universidad: “Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes”.
Luego, cincuenta años después, conocido es que en 1968 también existió un “68 chileno”, como en varios lugares del mundo donde se destacan Francia con “Mayo del 68”, los Estados Unidos de América en la Universidad de California, Berkeley, también, en Alemania y otros lugares, ese mismo año los estudiantes en México se movilizan por la democratización de la Universidad y la sociedad, pero son masacrados en Tlatelolco con cientos de muertos y heridos. Aquí, en el país, al menos la movilización estudiantil logró que ellos tuviesen una participación de un 10% en la elección de las autoridades universitarias y en las decisiones de los órganos de gestión y gobierno de la Universidad.
En la actualidad, la patética no participación de los estudiantes universitarios en las elecciones de sus dirigentes y en la gestión universitaria, ha llegado al extremo de hacer la legitimidad representativa de sus dirigentes un imposible; después de haber conducido ellos primero como escolares las movilizaciones del 2006, luego los mismos como estudiantes universitarios las del 2011 y ser los actores esenciales del estallido social en 2019, para concluir constituyendo las organizaciones políticas que conducen hoy al país: el Frente Amplio. Pues, bien hoy el movimiento estudiantil organizado y movilizado no existe, solo restan sus patéticas manifestaciones aisladas y rechazadas por todos por la violencia extrema; una manifestación espantosa de aquello es el terrible suceso en el INBA y sus 35 estudiantes quemados debido a la mala manipulación de las bombas molotov que estaban preparando.
Todo lo anterior se debe a que los estudiantes no tienen ni en la enseñanza media, ni en la técnico profesional, ni en la universitaria, una cogestión en la administración y gobierno de sus instituciones formativas: entonces, se expresan por medio de la movilización pública y la violencia callejera.
