Opinión
Nuestro real problema país es un problema de índole ético-político
Grosso modo, mi interpretación de lo acontecido en octubre de 2019, a lo que se le llamó “estallido” u “octubrismo”, no fue más que una insurrección a nuestro estado de derecho. Y lo fue por razones evidentes: colusiones empresariales, corrupción política y falta de acuerdos, eclosionaron en el descontento ciudadano que asumió que el estado de derecho nacional estaba roto. De ahí el apoyo masivo de la ciudadanía del día 25 de octubre a lo ocurrido días antes. Pese a esto, lo más significativo de todo, es que si analizamos los hechos sin prejuicios ideológicos, la ciudadanía que se manifestó pacíficamente el día 25 de ese horrible mes lo hizo en paz, a diferencia de lo ocurrido el 18. La gran pregunta, por lo tanto, es: ¿Por qué gran parte de la población apoyó la destrucción de lo que con tanto esfuerzo nos costó desarrollar? Y en simple, esta respuesta -insisto-, es la siguiente: porque las personas necesitan de un orden civil e institucional para convivir, reflejado este en nuestro estado de derecho. Por consiguiente, solo queda concluir que la ciudadanía apoyó de forma pacífica una insurrección porque estaba hasta el hartazgo del quiebre al estado derecho y optó por dar una advertencia sobre el mismo, pacíficamente.
Esta interpretación, como todas las que se han expresado en este y en distintos medios, es susceptible a crítica. Sin embargo, para ofrecer una explicación fructífera, dicha crítica tendría que explicar a cabalidad las razones del apoyo ciudadano a lo ocurrido aquel 18 de octubre. Como fuere, y a cinco años de lo ocurrido, las conclusiones de la CEP 92 son elocuentes. Las personas, a falta de un estado de derecho en forma, prefieren buscar o alcanzar sus concepciones comprehensivas de vida buena con el apoyo de sus familias y cercanos, privilegiando sus credos (religión y creencias) por sobre el bien común. “Bien común” entendido aquí como todo aquello que salvaguarda nuestras costumbres sociales y políticas, las que nos permiten vivir en convivencia pacífica y democrática. En otras palabras, uno de los rasgos más peligrosos de lo ocurrido en ese octubre, con justicia, y que se manifestó a través de la violencia, fue el hecho despreciable de que durante alrededor de 13 años los distintos sectores políticos en disputa horadaron las bases doctrinarias que hacían prevalecer el estado de derecho nacional postdictadura, incubando resentimiento por lo hecho durante los últimos 20. De ahí, que desde entonces, la anomia volvió más y más fuerte entre la población y, lo peor de todo, entre varios personeros de la élite económica y política. En este sentido, solo es cosa de apreciar los casos de colusión y corrupción hasta entonces -y hoy- perpetrados.
Dicho lo anterior, solo cabe entonces concluir lo siguiente: nuestro real problema país es un problema de índole ético-político. “Ético” en el sentido de que las clases dirigentes expresadas en los distintos sectores políticos y empresariales no han sido capaces de respetar el estado de derecho que impera desde el retorno a la democracia y que, justamente, permite regular el actuar de dicha clase con el fin de ponderar qué medidas son las buenas o preferibles en función a los distintos bienes públicos que el país -la ciudadanía- necesita satisfacer, con calidad y eficiencia, para su bienestar. Entonces, la pregunta a toda esa dirigencia cae de cajón, a saber: ¿puede existir cualquier comunidad política sin una estado de derecho en forma?
