Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

Este año se cumplió una década desde que, a través de los medios de comunicación, se reveló el financiamiento ilegal de la política en Chile. Las investigaciones, que comenzaron en 2014, destaparon un esquema de financiamiento irregular que incluía el uso de facturas ideológicamente falsas y pagos irregulares a políticos de diversos partidos. Fueron los medios también quienes revelan 10 años después información sobre lo que pareciera ser uno de los casos más graves que ha vivido Chile en materia de probidad, y que tiene hoy implicada a diversas instituciones, incluidas las que tomaron decisiones clave sobre el destino del caso Penta.

En 2015, Ciudadanía Inteligente (ex Ciudadano Inteligente) decidió asumir un rol protagónico y fiscalizar esta realidad alarmante. Convencidos de la importancia de los contrapesos en un Estado de Derecho, consideramos esencial hacernos parte de las querellas contra Penta, SQM y Corpesca. Nos parecía que una mirada independiente del poder político y empresarial era necesaria para monitorear procesos y luchar por sanciones efectivas contra personas con poder y redes acostumbradas a salirse siempre con la suya.

A pesar del compromiso con la disputa jurídica, la percepción de impunidad era abrumadora y la situación se fue tornando cada vez más confusa, a lo que se sumaban leyes que sancionaban hechos graves de modo casi simbólico. Hoy, gracias al caso Hermosilla, se nos revela un escenario alarmante: el órgano encargado de perseguir la justicia penal, dirigido entonces por el Fiscal Manuel Guerra, parece haber actuado para evitar que estos casos fuesen debidamente investigados, dejando fuera de la querella a la sociedad civil y al Consejo de Defensa del Estado, entidad responsable de salvaguardar los intereses patrimoniales del Estado.

Estos casos evidencian una aplicación desigual de la ley y lesionan gravemente la confianza en las instituciones y en la democracia. Hoy, la corrupción y las faltas a la probidad son percibidas como fenómenos transversales, lo que en el actual escenario electoral alimenta discursos que aprovechan el descontento e incluso rabia ciudadana para llegar al poder y, una vez en él, socavar los mismos mecanismos que les permitieron llegar hasta allí.

En esta trayectoria, la falta de un espacio democrático seguro representa una amenaza para la ciudadanía, dificultando el desarrollo de una sociedad civil organizada que pueda exigir transparencia y rendición de cuentas, así como la participación activa en la toma de decisiones ante desafíos globales. Se genera así un ciclo de corrupción, desconfianza y degradación de la democracia que termina alimentando un círculo vicioso de reproducción de estos mismos problemas.

Por lo mismo, creemos que es urgente implementar cambios regulatorios e institucionales que incluyan más control, medidas de transparencia, leyes que sigan el rastro del dinero y sanciones para este tipo de acciones acordes a la gravedad del daño producido. Este último punto es crucial: el daño generado no es puntual, pues afecta a la sociedad como un todo y corrompe desde dentro el sistema y la confianza en él. Se necesita entonces actuar con consecuencia y proporcionalidad al daño causado.

Finalmente, se necesita actuar desde otro ángulo también, generando un círculo virtuoso de protección del interés público, y allí, además del Estado y sus instituciones, ¿quién podrá defendernos?

La respuesta inevitablemente es la ciudadanía misma, que debe ser empoderada y contar con las capacidades y recursos para actuar, desarrollando y propiciando una capacidad crítica y analítica que habilite su participación en espacios libres y seguros. En este sentido, también es fundamental garantizar el debido desarrollo de los procesos electorales y revitalizar el poder del voto para castigar a quienes se involucran en actos de corrupción o que retrasan cambios necesarios, a la vez que se generan regulaciones que impidan que personas con antecedentes de corrupción presenten candidaturas. Además, se deben promover tecnologías sociales que ayuden a distinguir entre desinformación y verdad.

El camino hacia el cambio es largo, y requiere un Estado comprometido con los valores democráticos. Estamos ad portas de un proceso electoral que revelará hacia dónde nos dirigimos.