Opinión
AgenciaUno
El 99.1% de los profesionales médicos emite menos de 1.600 licencias al año. Solo el 0,9% emite más que ese número: son los “grandes emisores”. En este pequeño grupo de profesionales la mayoría de las licencias son por salud mental y ninguno de los médicos que las emite es psiquiatra.
Mientras el sistema de hospitales se desangra por falta de recursos para atenciones, doce médicos dilapidaron entre el 2020 y 2022 un total de 700 mil millones de pesos en dinero de Fonasa, el equivalente a lo necesario para construir casi tres hospitales de alta complejidad como el nuevo Hospital del Salvador en Santiago. ¿Cómo pudo suceder esto? Muy fácil: a través de la emisión de licencias médicas fraudulentas.
Las licencias son un subsidio ante incapacidad laboral, que permite a una persona recuperarse de una enfermedad. Son parte integral de la atención médica y tan relevantes como una cirugía o el acceso oportuno a medicamentos. Las licencias son para sanar, pero en la práctica se han convertido, progresivamente, en licencias para matar, pues el uso fraudulento de estas amenaza con quebrar al sistema de salud, poniendo en riesgo la vida de otros chilenos por falta de recursos para atención médica.
El gasto en licencias médicas se ha duplicado en los últimos 10 años, pasando de 0.6% a 1.2% del PIB. Este crecimiento ha sido mayor al que cabría esperarse por el simple aumento de ciertas enfermedades, como los problemas de salud mental. De hecho, quienes declaran haber tenido una enfermedad en el mismo período aumentaron en Isapre de 7,9 a 17,2% y en Fonasa (que concentra 82% de la población) del 8,5 a 12%. No solo las licencias parecen aumentar más que las enfermedades, sino que existe un patrón de emisión altamente sospechoso.
Según un informe de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), el 99.1% de los profesionales médicos emite menos de 1.600 licencias al año. Solo el 0,9% emite más que ese número: son los “grandes emisores”. En este pequeño grupo de profesionales la mayoría de las licencias son por salud mental y ninguno de los médicos que las emite es psiquiatra. Las licencias emitidas por estos profesionales equivalen al 11% del gasto destinado al subsidio.
Las consecuencias del uso fraudulento son dramáticas para el sistema. La proporción de la cotización obligatoria en salud (el 7%) que se destina al pago de licencias en 2022 alcanzó al 66% en Fonasa y 39% en Isapre (sin contar licencias Covid).
Las causas de este problema son muchas. Por un lado, existen personas que usan este subsidio para resolver problemas para los cuales ni la legislación laboral ni el sistema de licencias ofrece alternativas, como son el cuidado de adultos mayores que requieren la compañía de sus familiares para acudir a consultas médicas, quimioterapias, etc.
Por otro lado, se trata de un subsidio muy generoso, donde a diferencia de lo que sucede en muchos países desarrollados, no existe un corte categórico e impostergable, que permita que la persona pase luego de un tiempo determinado a una pensión de invalidez si el problema no es recuperable. Al mismo tiempo, el mecanismo de fiscalización es débil, engorroso y carente de recursos. Las sanciones por uso fraudulento, muy bajas.
La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin, que fiscaliza licencias de Fonasa) y las Isapres solo pueden evaluar la pertinencia del reposo. La emisión de licencia sin fundamento médico, en tanto, es fiscalizada por la Compin y la Suseso. El Ministerio Público es el que investiga fraude.
Es clave entonces fortalecer las Compin para fiscalizar, retomar la existencia de metas de gestión asociadas a fiscalización y dotar a esta institución de más profesionales especializados y recursos. Al mismo tiempo, es urgente mejorar su coordinación con la Fiscalía para sancionar fraude.
Junto a lo anterior, las sanciones que pueden emitir la Suseso o Compin son simplemente simbólicas en comparación con la magnitud del problema y van desde 7,5 UTM a 80 UTM de multa y desde 30 a 365 días de suspensión de la facultad para emitir licencias médicas. Es decir, la sanción máxima equivale a 5.2 millones de pesos y no incluye la pérdida permanente de la certificación para ejercer como médico. El sistema tampoco considera sanciones para los falsos pacientes que podrán, sin problemas, buscar licencias fraudulentas en otro lugar.
Por último, se requiere establecer límites claros para la duración del subsidio y crear un fondo independiente para licencias. No es correcto que el gasto en este subsidio, “compita” con el gasto en atención médica, como sucede hoy. Tampoco hay que perder de vista que la licencia es para recuperarse de una enfermedad. Necesidades legítimas de cuidado o acompañamiento de otra persona, deberían resolverse por vía de promover flexibilidad laboral y fortalecer programas de asistencia social a adultos mayores.
La escasez de recursos no es nueva en salud, sin embargo, la crisis del sector podría profundizarse si no se interviene con decisión buscando la aprobación de un proyecto de ley que modernice el sistema de licencias. Aun en tiempos de alta polarización, ponerse de acuerdo en la necesidad de aumentar sanciones y fiscalización a licencias médicas, podría ser algo políticamente viable y económicamente muy rentable.
