Opinión
AgenciaUno
En menos de una década el país descendió al lugar 36, situándose en el cuarto puesto en América Latina, tras Uruguay, Costa Rica y ahora Barbados. La tendencia es clara: las percepciones ciudadanas respecto del funcionamiento del Estado de derecho en Chile son cada año peores.
World Justice Project publicó recientemente el Índice Global de Estado de derecho 2024, la principal medición internacional sobre la calidad del Estado de derecho en el mundo. Su metodología se basa en encuestas a expertos y hogares, en 142 países, y los resultados en este último ranking no son alentadores para Chile.
En los primeros 25 años de transición, la sociedad chilena robusteció y modernizó sus instituciones públicas como nunca antes, constituyéndose en un referente mundial en diversos ámbitos. Por ejemplo, la reforma procesal penal, la Academia Judicial, el sistema de compras públicas o el Consejo para la Transparencia son algunas de las iniciativas consultadas por expertos extranjeros y evaluadas como buenas prácticas. Eso explica por qué en 2015 Chile se encontraba en el puesto 26 del Índice, a la par con España, Portugal, Italia o Uruguay.
En menos de una década el país descendió al lugar 36, situándose en el cuarto puesto en América Latina, tras Uruguay, Costa Rica y ahora Barbados. La tendencia es clara: las percepciones ciudadanas respecto del funcionamiento del Estado de derecho en Chile son cada año peores. En consideración de los graves antecedentes y escándalos respecto de los cuales ha tomado conocimiento la opinión pública en el último mes, es muy probable que el país retroceda aún más puestos en las próximas mediciones.
El Índice se construye sobre la base de 44 indicadores, que incluyen la transparencia y acceso a información pública, prevención de la corrupción, reconocimiento de derechos fundamentales, debido proceso, orden público, prevención de la discriminación, independencia judicial, resolución de conflictos, justicia civil, sistema penitenciario, etc. Según dicho Índice, la principal alarma para nuestro país se refiere a las percepciones de inseguridad.
Como es sabido, la seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad y una de las funciones más relevantes que se encomiendan al aparato estatal. También es una condición previa para el ejercicio de libertades y derechos fundamentales que el Estado debe promover y respetar.
Así, en estos momentos es una señal de alerta que en el apartado de “orden y seguridad” Chile se encuentre en el lugar 97 de 142 países evaluados, y en la 12 ubicación entre los 32 países de América Latina y el Caribe. Es aún más preocupante el apartado que mide si “las personas recurren a la intimidación o a la violencia para resolver disputas civiles entre sí” (como ocurre en el caso de los linchamientos), en donde se observa que Chile se ubica en el puesto 128, es decir, está entre los peores del mundo.
Debemos evitar que la creciente decepción con el Estado de derecho y la democracia se convierta en desesperanza. La apatía e irresponsabilidad electoral erosionan aún más la institucionalidad pública, que tanto esfuerzo costó construir en las décadas recientes. El futuro del Estado de derecho depende en gran medida de la capacidad de reacción y adaptación que tengan los líderes políticos y, por ello, es relevante elegir con responsabilidad a nuestras autoridades.
