Opinión
El 85% de las personas cuidadoras no remuneradas en Chile está compuesto por mujeres, lo que tiene profundas implicaciones en términos de desigualdad de género, participación laboral y bienestar personal.
El proyecto de ley Chile Cuida marca un hito importante en el reconocimiento del cuidado como un derecho fundamental. Este avance legislativo surge en un contexto demográfico y social complejo, caracterizado por una baja tasa de natalidad y un acelerado envejecimiento poblacional.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de fecundidad en el país ha descendido a 1,5 hijos(as) por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Además, se proyecta que para 2050 una cuarta parte de la población tendrá más de 60 años, lo que plantea significativos desafíos en términos de cuidados y apoyo social.
Asimismo, este proyecto aborda una realidad que va más allá de las cifras. En Chile, como en muchos países de la región, el cuidado ha sido históricamente considerado una responsabilidad privada, principalmente recayendo en las mujeres dentro del ámbito familiar.
Según el INE (2020), las mujeres dedican en promedio 5,89 horas diarias al trabajo no remunerado, incluyendo tareas de cuidado, mientras que los hombres dedican 2,74 horas. Esta disparidad no solo perpetúa desigualdades de género, sino que también impacta de manera significativa en la participación laboral femenina y en la calidad de vida de las personas cuidadoras.
Chile Cuida adopta un enfoque integral y progresivo, reconociendo el derecho al cuidado en tres dimensiones: recibir cuidados, cuidar y el autocuidado. Esta perspectiva holística es esencial para abordar las necesidades de cuidado a lo largo del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez. Además, el proyecto promueve la autonomía y la vida independiente, alineándose con los estándares internacionales de derechos humanos y dignidad de las personas.
Sin embargo, el proceso legislativo ha evidenciado tensiones y desafíos. Las indicaciones presentadas por parlamentarios y parlamentarias de oposición podrían desdibujar la esencia del proyecto. Restringir el derecho al cuidado únicamente a personas con dependencia funcional es una visión insuficiente que no toma en cuenta la diversidad de situaciones que requieren atención y cuidado. Esta perspectiva limita el reconocimiento del valor del trabajo que realizan quienes cuidan, muchas veces invisibilizado y no remunerado.
Además, eliminar referencias al enfoque de género y a la promoción de la autonomía ignora realidades evidentes: las mujeres continúan asumiendo una carga desproporcionada en las labores de cuidado. En este contexto, vale la pena destacar que, según la Encuesta de Bienestar Social (realizada en 2023 por el Ministerio de Desarrollo Social), el 85% de las personas cuidadoras no remuneradas en Chile está compuesto por mujeres, lo que tiene profundas implicaciones en términos de desigualdad de género, participación laboral y bienestar personal. La eliminación de referencias al enfoque de género en algunas indicaciones legislativas ignora esta realidad y perpetúa las inequidades existentes.
Es innegable que el proyecto original necesita mejoras. El principio de corresponsabilidad en los cuidados es un elemento que requiere un mayor desarrollo en el proyecto. Esta premisa busca redistribuir las responsabilidades de cuidado entre diversos actores sociales: familias, Estado, sector privado y comunidad. Su implementación efectiva es fundamental para reducir la brecha de género en las labores de cuidado y promover una sociedad más equitativa.
Por otra parte, la implementación gradual y progresiva del sistema de cuidados también merece atención. Construir un sistema robusto y universal requiere planificación cuidadosa y un compromiso sostenido de recursos a mediano y largo plazo. Es necesario establecer metas claras y mecanismos de seguimiento para asegurar que la progresividad no se traduzca en la postergación indefinida de los derechos reconocidos.
En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, reafirmamos nuestro compromiso con avanzar hacia un sistema más inclusivo y comprensivo. Esto implica reconocer la diversidad de necesidades y valorar todas las formas de cuidado.
La construcción de una sociedad donde esta labor esencial sea una responsabilidad compartida entre familias, Estado, sector privado y sociedad civil es fundamental para enfrentar los desafíos presentes y futuros. Solo así podremos garantizar una vida digna para todas las personas, asegurando que el derecho al cuidado sea efectivamente reconocido y ejercido por todos y todas.
