Opinión
Formalizarse y tener en orden los flujos de caja es uno de los requisitos más valorados por las instituciones financieras para otorgar financiamiento y acceso a fondos para el crecimiento de las pymes.
La Ley 19.738, o mejor conocida como “Antievasión”, viene a poner orden en el creciente comercio informal que se desarrolla, en gran parte, en plataformas digitales como Instagram y Facebook Marketplace. Muchos emprendedores han encontrado en estas plataformas un espacio para vender sus productos, pero sin cumplir con sus obligaciones fiscales.
Con esto, la nueva normativa es un paso decisivo hacia la formalización y la transparencia en las transacciones digitales. Al exigir a los bancos que reporten cuentas con más de 50 depósitos mensuales, el Servicio de Impuestos Internos (SII) podrá identificar y fiscalizar actividades comerciales que antes pasaban inadvertidas. Monitorear estos cambios será clave para asegurar la legalidad y la transparencia en las relaciones comerciales.
Sin duda, las pymes y emprendedores que operan sin formalizarse podrían verse impactados por esta medida, especialmente aquellos que han utilizado las redes sociales como su principal canal de ventas. Sin embargo, hay que mirar más allá de los desafíos iniciales.
Formalizarse y tener en orden los flujos de caja es uno de los requisitos más valorados por las instituciones financieras para otorgar financiamiento y acceso a fondos para el crecimiento de las pymes. Si miramos este cambio desde una perspectiva más amplia, sus beneficios pueden superar los costos, ya que ofrece un incentivo claro para que las pequeñas empresas se regularicen y den el salto hacia su expansión.
La normativa comienza a regir desde este segundo semestre de 2024 y, por eso, la formalización no debe verse solo como un trámite obligatorio, sino como una puerta de entrada a nuevas oportunidades. Estar al día con las obligaciones fiscales permite a los emprendedores acceder a líneas de crédito, apoyo estatal y ampliar sus redes de negocio, abriendo así caminos hacia un futuro más próspero.
Sin embargo, no todo es tan sencillo. La trazabilidad de las transacciones será efectiva cuando estas se realicen a través de transferencias bancarias, y que las personas tienen la opción de decir que no. El verdadero reto está en aquellas operaciones que se acuerdan entre personas, pero que se concretan de manera presencial y en efectivo, sin pasar por el sistema bancario.
Es crucial observar si estas prácticas aumentan como respuesta a la nueva ley. Aun así, el hecho de contar con datos más precisos gracias a la normativa permitirá a las autoridades y a las empresas evaluar mejor el impacto real del comercio informal.
La Ley Antievasión es, sin duda, un desafío para muchos, pero también una oportunidad para transformar el comercio digital en Chile.
