Opinión
AgenciaUno
La comisión concluirá el 4 de noviembre próximo y posteriormente sus integrantes deberán emitir un informe con sus conclusiones. En este contexto, miramos con preocupación los resultados a los que podría arribar la instancia de mayoría conservadora.
Durante el mes pasado, conocido como “Octubre Trans”, en que anualmente las comunidades LGBTIQA+ visibilizamos la despatologización de estas identidades, miramos con preocupación el avance de la Comisión Especial Investigadora sobre los programas de acompañamiento a la identidad de género (PAIG) y aquellos sobre salud trans. Ad portas de su término y de la presentación de sus resultados nos preguntamos, ¿En qué va esta olvidada comisión? ¿Nos enfrentamos a retrocesos en relación a la protección de los derechos de las personas trans y género no conforme en el país?
La Comisión Especial Investigadora N°57 se conformó a comienzos de agosto de este año en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta instancia se constituyó con el objetivo de reunir antecedentes sobre los planes y programas de acompañamiento dirigidos a personas trans, consecuencia del debate generado tras la publicación del Informe Cass en el Reino Unido.
La comisión está compuesta por trece diputadas y diputados, quienes han sesionado en diez oportunidades, recibiendo a diversos actores. Dentro de estos, se ha convocado a autoridades públicas vinculadas a la materia, tales como la ministra y subsecretaria de Salud, al ministro y subsecretaria de Educación, a la presidenta del Colegio Médico, a la subsecretaria de la Niñez y a directores de hospitales y encargados de sus respectivos programas de acompañamiento a la identidad de género (PAIG). Por otra parte, la comisión ha recibido testimonios de familias integradas por niños, niñas o jóvenes trans, personas trans adultas y activistas. Sobre este punto resulta preocupante que, a la fecha, la comisión no ha indagado en la experiencia de familias que han acudido directamente a los PAIG, programas directamente investigados por esta Comisión.
Las indagatorias de la comisión se han centrado principalmente en dos materias: los PAIG y los tratamientos médicos dirigidos a niños, niñas y adolescentes trans. Respecto de los PAIG, hemos constatado que su legitimidad ha sido constantemente cuestionada durante las sesiones. Lo anterior, sin perjuicio de que estos programas se encuentran expresamente consagrados en la ley de identidad de género (N°21.120) que data del año 2018, y que las personas encargadas de los mismos expusieron ante la comisión los beneficios que los PAIG han producido en juventudes trans y sus familias.
En cuanto a los tratamientos médicos dirigidos a personas trans menores de edad, mediante la instancia fiscalizadora se ha evidenciado que en Chile no existe un programa o política pública que se haga cargo de esta necesidad. Lo anterior ha producido que voces conservadoras del espacio aboguen por prohibir estos tratamientos, y en consecuencia, afectar el derecho a la salud de estos grupos.
La comisión concluirá el 4 de noviembre próximo y posteriormente sus integrantes deberán emitir un informe con sus conclusiones. En este contexto, miramos con preocupación los resultados a los que podría arribar la instancia de mayoría conservadora, en donde se ha constatado la amenaza de retroceder en los incipientes derechos y políticas públicas establecidas a favor de personas trans en Chile, especialmente en relación a niños, niñas y adolescentes.
Lo anterior resultaría especialmente grave, ya que, habiendo realizado seguimiento exhaustivo a la comisión, hemos podido evidenciar que los PAIG son una iniciativa esencial para el desarrollo integral de la niñez y juventud trans, que incluso debería extenderse a personas adultas que requieran de este apoyo psicosocial. A su vez, resaltamos la urgencia de elaborar un programa o política pública de salud trans que incorpore a niños, niñas y adolescentes. Avanzar de esta forma permitirá fortalecer el reconocimiento, protección y efectivo ejercicio de los derechos de las personas trans en Chile.
