Opinión
De este modo, sería un subsidio aprobado por el deudor y no por la autoridad competente y un debilitamiento de la moral pública, ya afectada por la presión de algunas víctimas de la demagogia.
Después de muchos anuncios, el Gobierno entregó su fórmula para intentar cumplir con su promesa de condonar estos créditos: el FES. ¿Por qué esa tardanza? Probablemente para argumentar que el Gobierno cumplió y afectó menos de lo previsto a la caja fiscal. El origen del compromiso surgió a fines del Gobierno de la Presidenta Bachelet II, momento en que era decisivo el respaldo de los sectores medios, un sector acosado por las deudas bancarias, entre ellas el CAE, que hasta ahora ha sido ocupado por 1.4 millones de estudiantes.
La política antiinflacionaria del ministro Marcel buscaba reducir el déficit fiscal y el pago de las garantías a los bancos acreedores significaba muchas y crecientes presiones sobre la caja fiscal, en momentos en que había poderosas demandas sociales de otros sectores, cuya solución también fue ofrecida en la campaña presidencial. Por lo tanto, se enfrentaba a un CAE infinanciable.
Además, en diciembre de 2004 hubo una elección popular de gobernadores, alcaldes y concejales, importante para mejorar el débil respaldo al Gobierno. Si bien el CAE permitió una de las grandes transformaciones del país, al masificar la educación superior en base a la matrícula universitaria y también la enseñanza técnica, mediante los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica.
Pocos años después, la reforma presentó inconvenientes que motivaron a la Presidencia de Lagos a realizar modificaciones importantes que rigen hasta ahora, como reducir la tasa de interés de los créditos, interrumpir los pagos en casos de desocupación profesional y que las cuotas de los préstamos tuvieran como tope el 10% del ingreso y después de 10 años del egreso de la carrera se condonaba el resto. Si bien algunas entidades financieras se retiraron del programa o no participaron en las licitaciones, la mayor parte permaneció, entre ellas el BancoEstado, el principal acreedor.
Sin embargo, se mantuvieron las críticas, especialmente de los deudores, exigiendo al Presidente que cumpliera su promesa de campaña, reiterada durante el ejercicio del poder. Ha sido una comprobación del dicho popular “el que no llora no mama”.
La gran mayoría de los especialistas en la materia han sido contrarios a la condonación del CAE, porque incidiría en la creciente costumbre de la ciudadanía de no cumplir sus compromisos, incluso los voluntariamente aceptados. De este modo, sería un subsidio aprobado por el deudor y no por la autoridad competente y un debilitamiento de la moral pública, ya afectada por la presión de algunas víctimas de la demagogia. En efecto, ante las reiteradas promesas del gobierno de condonar las deudas del CAE, un alto porcentaje de los deudores dejó de pagar el servicio, a pesar de que muchos de ellos podían hacerlo.
Por su parte, los bancos tenían asegurado el pago del crédito gracias a la garantía del Estado con su disponibilidad de fondos después de la obligada denuncia de atrasos en los pagos. Como consecuencia, hubo descuidos tanto en la aprobación de los préstamos como en la rigurosidad en su cobranza.
La condonación también sería regresiva, pues las familias de menores ingresos reciben en su mayor parte una educación gratuita y de calidad, mientras que los deudores -especialmente quienes no pagan- pertenecen a los sectores medios y altos de la sociedad. Por lo tanto, los más privilegiados recibirán un subsidio estatal. Algo similar ocurrió con las instituciones de la Educación Superior encargadas de la cobranza, lo que llevó al Gobierno a crear la Comisión que se hizo cargo de esta tarea.
