Opinión
AgenciaUno
Es urgente la formulación de una doctrina de orden interno sistémica, compleja y prospectiva que limite el rol de las FF.AA. en esta área a excepcionalidades, a la vez de fortalecer y modernizar las instituciones civiles y policiales pertinentes.
El Gobierno, a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció hace poco que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) serían parte de la fiscalización de armas en la Región Metropolitana, con el fin de mejorar los indicadores de seguridad.
Más allá de que la medida esté dentro de la legislación vigente, se ajuste a las capacidades de cada institución de la Defensa y busque revertir las deficiencias en el control de armas en zonas relevantes, muestra una forma equivocada y apresurada de concebir la gestión del orden público por parte del Estado, una visión que debilita la democracia y las instituciones del Estado, al tender a militarizar este plano y, particularmente, el lugar de las instituciones armadas en la proyección estratégica del país.
Tal como lo dijimos en una declaración del Grupo de Análisis de la Defensa y las Fuerzas Armadas (Gadfa), amén de la ineficiencia final de este proceso, si no es acompañado de una estrategia compleja, esta política tiene consecuencias negativas para las instituciones civiles y policiales a cargo, al considerarlas “incapacitadas” para desempeñar y mejorar sus funciones (ej., desarrollando capacidades) en temas como salud, desastres naturales, fronteras, crimen organizado o narcotráfico, donde reciben o han recibido subsidio de las FF.AA.
A la vez, desprofesionaliza a las Fuerzas Armadas, al llevarlas a desempeñar labores ajenas más allá de su capacidad de polivalencia. Asimismo, las expone a temas de derechos humanos o judiciales y a las tentaciones de la corrupción, como se ha visto en muchos casos de política comparada.
El uso de las FF.AA. en cada uno de estos ámbitos solo puede ser excepcional, en caso de que las partes encargadas (civiles o policiales) se encuentren sobrepasadas puntual o estructuralmente como ahora, con una violencia delictual impactante; con plazos y objetivos definidos; muy precisa, con Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y de Infraestructura Crítica claras; y muy controladas por la superioridad institucional.
Junto con ello, es preciso que el Estado agilice la modernización de áreas en que, por su estancamiento y/o debilidad, deben recibir constante apoyo castrense.
Entre estas, es preciso avanzar rápidamente en la reforma de Carabineros, creando cuerpos especializados (como, por ejemplo, policías de frontera), limitando su militarización y autonomía, fortaleciendo el control civil y mejorando incentivos, de modo de revertir las causas de la crisis institucional asociada a conductas ilícitas, uso desproporcionado de la fuerza y la clara incapacidad de resguardar el orden público en este contexto complejo y respetando los DD.HH., y que ha afectado su legitimidad. Hasta ahora solo se ha sabido de la renovación de altos mandos y de la modernización de su equipamiento.
En suma, es urgente la formulación de una doctrina de orden interno sistémica, compleja y prospectiva, que limite el rol de las Fuerzas Armadas en esta área a excepcionalidades, a la vez de fortalecer y modernizar las instituciones civiles y policiales pertinentes.
