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Respuesta a la “respuesta” de Renato Cristi Opinión

Respuesta a la “respuesta” de Renato Cristi

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Rodrigo Karmy Bolton
Por : Rodrigo Karmy Bolton Doctor en filosofía, académico Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile
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La crítica de Cristi señala que mi argumento sería a-histórico. En rigor, lo que he dicho es al revés: sostener que el Estado chileno, precisamente en virtud de su refundación en 1980, aún mantenga un “bien público” es idealismo.


¿Tú sabes cuánto se ha querido?
¿Has abrazado lo mismo que yo?
Hoy no puedes demostrar
Yo no tengo que aguantar
No, no puedes demostrar
¡Estrechez de corazón!

Los Prisioneros 

1. Nunca he afirmado una cronología “detenida” desde la que pueda afirmarse que el Estado chileno sea el mismo que el que dejó Pinochet. Más bien, basándome en el propio Cristi, he señalado que la revuelta impugna al Estado neoliberal, precisamente, con todas las reformas “democráticas” urdidas.

El problema de la revuelta no es la dictadura sino precisamente la democracia, en particular, lo que los estudiantes desactivan es el simulacro de la transición (“no eran 30 pesos sino 30 años”), mostrando lo falso de la promesa democrática en la medida que en ella se disolvió todo “bien público”, pues estuvo siempre bajo los imperativos neoliberales implantados por la oligarquía chilena.

Toda la argumentación de Cristi se dirige a mostrar que el Estado chileno, aun con la Constitución vigente, es ya un Estado democrático y que protestar contra él traduciría una actitud “neoliberal” que destruiría al “bien público” en nombre de su falta. Toda mi argumentación consistió en mostrar que, a partir de lo que el propio trabajo de Cristi ha desarrollado, es posible sostener que el problema ha sido precisamente esa “democracia” en la medida que esta no solo ha carecido, sino que también ha destruido la noción de “bien público”.

La revuelta, y el proceso asociado a ella, en este sentido, ¿no habría sido una apuesta por “destruir la destrucción” que el propio Cristi defendía en 2020

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2. La crítica de Cristi señala que mi argumento sería a-histórico. En rigor, lo que he dicho es al revés: sostener que el Estado chileno, precisamente en virtud de su refundación en 1980, aún mantenga un “bien público” es idealismo. Precisamente la movilización estudiantil contra el pasaje del Metro, así como las movilizaciones y protestas en general que sobrevienen desde los años 2005 o 2006 y que se condensan el 18 de octubre de 2019, en rigor, acusan que, en la democracia prevalente, no existe “bien público” alguno.

Por eso, el Estado chileno real es neoliberal (no simplemente “pinochetista” en el sentido “militar”) y, por esa razón, no porta consigo concepción alguna del “bien público”, que es precisamente lo que la ciudadanía ha demandado por años, incluso antes de la propia revuelta: educación, salud, pensiones, todo privatizado.

Como señalé –e imagino que Cristi estará de acuerdo conmigo– de la subsidiariedad no puede decirse que ponga en juego un “bien público”, a pesar del intento de la actual intelectualidad de derechas (desde Frontaura a Mansuy, etc.) por legitimar ese término otorgándole una investidura “socialcristiana”. Pero esto es otro asunto. 

3. Las reformas de 2005, por cierto, muestran que la Constitución ha mutado. Pero tales reformas implicaron desplazar su énfasis político-militar hacia su forma económico-gestional, dejando a los militares supeditados al poder civil, pero situando al Tribunal Constitucional (TC) como un dispositivo destinado a impedir cualquier reforma que pueda ir más allá de la matriz neoliberal de la Constitución (un Katechon). Toda demanda ciudadana fue impedida de ser canalizada, finalmente, por la existencia de ese Tribunal.

En este sentido, el TC funciona como un dispositivo inmunitario de las posibles transformaciones que demanda ese “pueblo de Chile” que, según Cristi, se habría investido de la figura del Poder Constituyente desde el mentado plebiscito de 1989. Si fuera así, ese Poder Constituyente se habría expresado y las demandas ciudadanas habrían podido llevar a cabo sus transformaciones. Pero no ha sido así, sino, además, ha sido todo lo contrario.

Mi hipótesis es, más bien, que el verdadero Poder Constituyente puesto en juego en 1989 fue el del Capital que impulsó y ha impulsado sistemáticamente reformas institucionales y creando derecho a favor de la promoción de la “inversión” (justamente la versión de 1989 de la Constitución).

De hecho, el propio Cristi ha reconocido que en 1989: “(…) El pueblo no pudo ejercer su Poder Constituyente” y que, por tanto, aún estaría pendiente destruir la destrucción (de la Constitución de 1925) ejercida por Guzmán. Estando de acuerdo con Cristi aquí, veo a otro Cristi acá que contempla un país que no existe al ver un Estado no neoliberalizado y a estudiantes sí neoliberalizados.

Posiblemente, lo más sorprendente de dicho idealismo es, en la respuesta a mi “respuesta”, la sorpresiva referencia al “plebiscito de 2005”. ¿Cuál plebiscito? –pregunto. Creo que varios nos perdimos esa “fiesta democrática” a la que refiere Cristi. Tantos que parece que fue un plebiscito sin pueblo, o un plebiscito que no existió nunca. Más bien, hubo un acuerdo consensual-cupular de las dos grandes coaliciones urdido entre cuatro paredes y refrendado bajo la firma de Ricardo Lagos como sustituto de la de Pinochet.

Como sabemos, ello nunca fue sometido a plebiscito. La firma de Lagos pasó a ser una continuación de la de Pinochet y no una ruptura. Ello fue la condición de octubre de 2019. O, al revés: octubre refuta el carácter “democrático” de ese consenso y revela que la democracia chilena sigue estando capturada por una matriz oligárquica. 

4. En este sentido, cabría decir que la revuelta impugnó la máquina Estado-Capital articulada por la nueva forma neoliberal. Pero, en este sentido, esa impugnación no puede decirse que sea “económica” (como sostienen Cristi, Peña, Oporto), pero tampoco propiamente “política” en el sentido tradicional del término (como lo sostiene cierta izquierda dogmática), es decir, una forma que tenga una demanda explícita, que sea catalizada por partidos políticos y que, por tanto, responda al régimen de la representación.

Ni económica ni política, la revuelta probablemente abrió un tercer lugar abierto entre ambos polos de la máquina Estado-Capital chilena, un diferencial que no puede identificarse con ideologema conocido alguno (ni anarquista ni neoliberal), pero que, precisamente por eso, impugna el orden de las cosas. Probablemente sea el término “multitud” –y ya no “Pueblo” en mayúscula– el que mejor se ajuste a su acontecer.

La revuelta se sustrae a nombres, a pesar de que los recorre y supera por dentro. Ella irrumpe, más bien, como un tercer lugar, político sin duda, pero de otra naturaleza, en cuanto conmociona al ordenamiento vigente sustraída al régimen de representación.

La revuelta se resiste a ser situada en cualquiera de los dos polos de la máquina. Resiste a ser “identificada”. Su carácter “destituyente” convierte a la revuelta en un resto de lo político y una política del resto. Insuficiente para la demanda política tradicional, sin duda, pero justa para cuestionar a una violencia estructural que sigue completamente presente. 

5. Respecto del último párrafo, solo diremos, con Foucault, que Cristi opera desde una psicologización demasiado simple –simple como toda psicologización– al caracterizar que es “natural en la adolescencia” el hecho de estar contra la autoridad y que haya “profesores” que parecen tener tanto poder que son capaces de inculcar en los imberbes jóvenes una lectura que termina con una molotov contra la Concertación.

Realmente es un pasaje burdo que no admite más respuesta que un análisis de la operación destinada a reducir, al igual que Carlos Peña cuando refería al “brote pulsional”, la revuelta a un asunto puramente “psicológico”. Despojarla de su politicidad para reducirla a un asunto privado. La fórmula parece ser: ¡mejor llevar a los jóvenes al psicólogo que promover en ellos la revolución!, es decir, invertir el eslogan que había propuesto la propia revuelta: “No era depresión, era capitalismo”.

Operación reductiva, sin duda, que acusa de un ímpetu Restaurador que, sea o no la intención de Cristi, peligrosamente da argumento para todos aquellos que quieren “purgar” las universidades. 

 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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