Opinión
No tenemos un sistema de inteligencia de primer nivel, que analice los datos, que tenga agentes, que recabe información, que detecte las infiltraciones del crimen organizado en las policías, los tribunales, en las municipalidades y en el Ministerio Público.
El lunes 14 de octubre los chilenos hemos sido informados de la presentación de una querella por los supuestos delitos de violación y acoso sexual contra el hasta entonces subsecretario del Interior.
Casi simultáneamente, nos hemos enterado de un conjunto de actos y hechos reprobables e inaceptables, como lo son los presuntos graves y diversos abusos contra la víctima, el supuesto uso del poder en beneficio propio y el aparente intento de ocultar medios de prueba.
Junto con ello, no cabe duda de que la salida del exsubsecretario ha sido un duro golpe a la estrategia del Estado para combatir al crimen organizado y el narcotráfico y, además, una ruptura con la historia y tradición republicana de ese cargo público.
Es doloroso también para todos los que en democracia hemos sido subsecretarios del Interior, después de haber intentado servir a la patria con seriedad y eficacia, lo que es reconocido en el trato deferente que recibimos con mucha frecuencia todos nosotros. Pienso en Belisario y su inmenso legado como servidor público ejemplar.
En cuanto al tema de las responsabilidades penales, es competencia del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia. Ellos deberán establecer las sanciones que procedan, con el máximo de transparencia y rigor.
No hay que olvidar que los delitos por los que se acusa al exsubsecretario, si se acreditan como tales, fueron actos individuales, solo imputables a él, imposibles de prever e inimaginables para las autoridades superiores del país. Sin restarle importancia, el buen o mal manejo político del caso es secundario ante la magnitud de las acusaciones de violación y abusos sexuales. Ese es el foco del tema y no otro.
También es simultáneamente evidente y peligroso el vacío que significa perder al encargado operativo de la seguridad. Se suma a esto el hecho de que las dos policías tienen mandos nuevos y hay fuertes cuestionamientos a algunas actuaciones de miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Este revés debilita temporalmente a los equipos, a las instituciones y las confianzas, por lo que esta columna solo se centrará en sugerir, humildemente, algunas ideas y acciones a la autoridad encargada, en vez de sumarse al coro de los que quieren sacar partido político de la situación, sin aportar una sola propuesta de mejora que colabore realmente a enfrentar este tema esencial.
Esto lo hago desde el respeto que me merecen los esfuerzos que día a día hacen las autoridades, las policías, el Poder Judicial, los alcaldes y los propios ciudadanos.
Como cuestión previa, creo que resulta urgente y necesario revisar el proyecto de creación del Ministerio de Seguridad, porque esta crisis ha demostrado, entre muchas otras cosas, que concentrar gran parte de los poderes institucionales en una persona puede ser un error y un gran riesgo para la seguridad del Estado, aparte de que, en caso de ser aprobado, el proyecto de ley pertinente va a demorar años en su implementación completa. Y no tenemos tiempo para esperar.
Empantanarse en cuestiones legislativas puede enredar todavía más la agenda operativa y un descalce en los tiempos, que son apremiantes.
Es cierto que en esta materia no hay “llave de plata”, pero también es cierto que un diagnóstico y una estrategia comunes y una férrea unidad política y social tras las autoridades podría dar sustentación a acciones contundentes y sorpresivas, que signifiquen golpes importantes a las bandas que actualmente están operando casi sin contrapeso.
Aquí de lo que se trata es de recuperar el territorio para el Estado y los ciudadanos. Ir a buscar a estas organizaciones antes de que actúen, afectar su poder de fuego, su financiamiento, sus cabecillas, su droga y ser implacable con la infiltración de los aparatos del Estado.
Respecto del uso de la fuerza, más allá de la regulación que actualmente se discute, debe quedar claro que las policías responderán enérgicamente a cualquier intento o acción que signifique ser blanco de los delincuentes. Porque la crisis de seguridad nos afecta y pone en peligro a todos es que lo lógico y lo patriótico sería un gran acuerdo que haga posible adoptar duras e inmediatas señales de castigo al crimen organizado, como podría ser allanar e intervenir masivamente las cárceles, incautando armas y drogas, y trasladando a los delincuentes más peligrosos a cárceles en regiones aisladas, separando a los soldados de sus jefes.
Por otro lado, mientras se aprueba el paquete legislativo en el Congreso, con pequeños ajustes podría actualizarse la Ley de Control de Armas, para hacer allanamientos en búsqueda de armas en sectores estratégicos donde hay control territorial de las organizaciones criminales, tarea en la que sí sería posible involucrar a las Fuerzas Armadas como apoyo de los Carabineros. Esto, sin necesidad de decretar el Estado de Emergencia ni grandes cambios legislativos.
Otro tema a abordar preferentemente es el ingreso desde y hacia Chile de la droga a través de los puertos, que están sin un control y fiscalización exigente a la altura de la magnitud del problema.
En otras palabras, debemos ir a buscar a estas organizaciones criminales en el territorio, con decisión y masividad. La tarea preventiva está fallando o siendo insuficiente.
Llegamos ahora al hecho evidente para todos los chilenos, que es la falta de presencia policial en las calles, lo que es una simple constatación de una realidad. ¿Qué está sucediendo? ¿Es que faltan carabineros? ¿Qué hacen realizando también acciones de investigación policial, cuando para eso está la Policía de Investigaciones?
Carabineros es y debe ser una policía preventiva, moderna, íntegra y respaldada en su actuación por la autoridad política, pero ello no puede significar autarquía, ocultar información sobre sí misma, faltas a la probidad o abuso de poder.
Uno a veces tiene la sensación de que se mandan solos, y eso no está bien. La inmensa mayoría de los chilenos valora enormemente a la institución de Carabineros, como lo demuestran todas las encuestas, pero su modernización no puede esperar más.
Junto con el respeto que se les tiene, comienzan a aparecer dudas en la sociedad sobre su eficiencia y eficacia.
A su vez, cada día vemos a la Policía de Investigaciones cumpliendo labores preventivas, lo cual es una superposición absurda. Aquí lo lógico es que Investigaciones sea una policía judicial y la tarea preventiva y represiva tiene que hacerla Carabineros.
Sería muy útil importar las mejores experiencias de policías de países democráticos, buscando para ello una transformación, como lo hizo la famosa misión Kemmerer, que modernizó el Ejército a comienzos del siglo XX.
Pero hay también problemas operativos muy importantes que afectan la existencia, actualización y credibilidad de las estadísticas, persecuciones policiales, uso de la tecnología, entre otros.
En la Región Metropolitana no coinciden los territorios de la comunas con la localización de las comisarías de Carabineros e Investigaciones, y tampoco con las zonas de competencia de los Tribunales de Justicia y con la división del Ministerio Público.
Por ejemplo, hay casos en que una comisaría comprende parcialmente el territorio de una comuna y parte de la comuna colindante, y eso no coincide con el área de competencia de los tribunales respectivos.
¿Cómo va a haber estadísticas comunales confiables, georreferenciadas y de dominio público si se produce la situación antes descrita?
No hay posibilidad de combatir a las organizaciones criminales sin información actualizada, única para la comuna, que permita establecer metas de disminución de delitos en un mismo territorio, que facilite el control recíproco de los recursos materiales y humanos del Estado, que haga posible tomar decisiones a nivel geográfico.
Si esto no se corrige, ¿cómo van a coordinarse con eficacia los distintos órganos, instituciones y autoridades locales?
Además, no tenemos un sistema de inteligencia de primer nivel, que analice los datos, que tenga agentes, que recabe información, que detecte las infiltraciones del crimen organizado en las policías, los tribunales, en las municipalidades y en el Ministerio Público.
Lo mismo es aplicable en materia de inmigración ilegal, donde la magnitud del problema ha superado todo pronóstico. ¿Tenemos una clara, inequívoca y moderna política de inmigración? Este es uno de los principales problemas que enfrenta el mundo hoy y nosotros, superados por las circunstancias, estamos al debe.
Solo he mencionado superficialmente algunas de las tareas que enfrenta actualmente la autoridad del Estado, que, como nunca antes, le ha asignado prioridad e ingentes recursos a este tema.
Pero esto no es cosa solo de un gobierno, sino que es tarea de todos, para que controlemos a tiempo la complejidad de este problema común, donde además hay que enfrentar carteles que son internacionales y que son más poderosos que algunos Estados.
Frente a este desafío, el caso de exsubsecretario del Interior es un tema penal y personal.
Divididos perderemos la batalla, sin lugar a dudas. Unidos, tenemos aún una oportunidad de recuperar nuestro país, ese Chile acogedor, pacífico, democrático y seguro que todos anhelamos.
