Opinión
Las medidas deben asegurar que se valoren y protejan las contribuciones de las zonas costeras y sus servicios ecosistémicos, y que sus lineamientos apunten a fomentar la resiliencia costera y fortalecer la gobernanza como espacio de articulación entre actores sociales diversos.
En el contexto del cambio climático, las zonas costeras están siendo y serán gravemente amenazadas e impactadas por el aumento de la temperatura, el alza en el nivel del mar, la pérdida de oxígeno y la mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos. Estudios científicos realizados en Chile ya advierten de niveles importantes de erosión de playas y la pérdida de ecosistemas costeros, debido, en parte, al aumento de marejadas con consecuentes impactos negativos en el turismo, la infraestructura, el transporte marítimo y en socioecosistemas como la pesca y la acuicultura.
A esto se suma el efecto de las actividades humanas, que no han hecho más que acrecentar los impactos negativos del cambio climático. La falta de planificación territorial y el consecuente aumento de la urbanización y crecimiento industrial sobre ecosistemas como los humedales costeros y dunas ya han generado importantes daños ambientales, económicos y sociales.
La intensiva extracción de los recursos marinos y esta presión sobre los ecosistemas dejan a las zonas costeras chilenas en una situación de alta vulnerabilidad frente al cambio climático.
Lo anterior exige una respuesta urgente a través de acciones de adaptación fundamentadas en evidencia científica. Hoy, Chile enfrenta un momento decisivo para adaptar su costa y fortalecer su resiliencia. Durante los últimos tres meses se abrió el proceso de participación ciudadana para el Anteproyecto del Plan de Adaptación para Zonas Costeras, el que propone 18 medidas a implementar en los próximos cinco años.
El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), como un actor social más y representante de la ciencia, ha identificado importantes falencias en este anteproyecto que deben corregirse antes de su aprobación final, con el fin de garantizar una respuesta efectiva al cambio climático en las zonas costeras de Chile.
Entre estas limitaciones destaca el hecho de que el anteproyecto define la zona costera solo desde su zona expuesta hasta la zona cubierta por agua salina o salobre (estuarios). Esto quiere decir que el anteproyecto se encuentra sesgado a la zona costera “expuesta” y no reconoce que la zona costera se extiende hasta las 12 millas náuticas mar adentro, donde se desarrollan actividades tan importantes como la pesquería industrial, artesanal y la navegación, obviando, además, la presencia de importantes ecosistemas, como los bosques de macroalgas que son relevantes en la mitigación de las marejadas y dan cobijo a especies de importancia económica.
Esta falta de una definición adecuada de “zona costera” está estrechamente relacionada con el error de mantener una separación obsoleta y errada entre sistemas naturales y sistemas humanos.
El anteproyecto, al no integrar el concepto de socioecosistemas, pierde la oportunidad de entender las zonas costeras como espacios complejos, donde las interacciones entre factores ecológicos y humanos son fundamentales y se deben considerar e integrar.
Está claro que esta división rígida no permitirá abordar los desafíos actuales y futuros, pues no reconoce la interdependencia entre el entorno natural y las actividades humanas en estos espacios estratégicos para Chile.
Otra limitación importante del anteproyecto es que presenta un diagnóstico de riesgo climático débil –y a veces erróneo– basado, principalmente, en datos e información global, sin pertinencia regional ni territorial, y no reconociendo las importantes particularidades locales que solo existen en Chile y que van cambiando a lo largo del país de norte a sur.
En particular, el anteproyecto obvia amenazas climáticas de gran relevancia para la zona costera chilena, como es el aumento en la frecuencia e intensidad de las marejadas, o el potencial incremento de eventos de floraciones de algas nocivas que ya han generado importantes impactos socioeconómicos y conflictos sociales en el pasado. Al día de hoy, se cuenta con abundante evidencia científica, la mayoría financiada con fondos públicos, para generar un diagnóstico que represente de mejor manera la realidad nacional y no se contraponga con el principio científico de la Ley Marco de Cambio Climático.
Cabe destacar que, al igual como ocurre en otros instrumentos públicos relacionados con el clima, el Anteproyecto para la Adaptación al Cambio Climático de Zonas Costeras muestra una clara desconexión con otros Planes Sectoriales de Adaptación, sin reconocer las interrelaciones fundamentales entre la zona costera-marina, los ecosistemas terrestres y los recursos hídricos. Por ejemplo, estos últimos son esenciales para mantener la productividad costera y alimentar con sedimentos a las playas y dunas, entre otros aspectos clave.
En conclusión, el anteproyecto actual requiere de una detallada revisión y corrección para establecer objetivos y medidas que realmente reduzcan los impactos del cambio climático en las zonas costeras de Chile. Al día de hoy, las medidas propuestas en el anteproyecto, probablemente, no lograrán incrementar la resiliencia de la zona costera, debido a sus limitaciones en el diagnóstico climático y conceptos claves, la no consideración de la participación ciudadana y la gobernanza como un eje fundamental, así como la ausencia de un enfoque territorial, pilar clave para la adaptación al cambio climático.
Respecto a los arreglos institucionales para la implementación de las medidas, si bien el anteproyecto sostiene que se contempla un trabajo conjunto entre diferentes estructuras e instancias, ninguna de las propuestas considera el trabajo con actores territoriales o locales de las zonas costeras, por lo que se recomienda incluirlos como agentes activos en todo el proceso, no únicamente como receptores de la política pública.
Instamos al Gobierno a revisar exhaustivamente el anteproyecto, ya que aún estamos a tiempo para diseñar medidas efectivas de adaptación. Para que esto ocurra, se considera fundamental que el Anteproyecto contemple el estado actual de los esfuerzos de observación de las condiciones climáticas a lo largo de la costa, así como el importante rol que desempeñan algunos ecosistemas costeros en la captura de carbono y adaptación frente a eventos extremos. Por otra parte, es clave fortalecer la visión estratégica de esta política pública utilizando un enfoque territorial, con perspectiva de género y participación ciudadana, como se detalla en la Ley Marco de Cambio Climático.
Por último, los objetivos del plan también deben asegurarse de incorporar aquellos elementos de la zona costera que se quieren resguardar y ante qué riesgos, identificando cuáles son los socioecosistemas prioritarios a conservar, proteger o fortalecer. Las medidas deben asegurar que se valoren y protejan las contribuciones de las zonas costeras y sus servicios ecosistémicos, y que sus lineamientos apunten a fomentar la resiliencia costera y fortalecer la gobernanza como espacio de articulación entre actores sociales diversos.
NOTA: También participan de la autoría de este artículo Ana María Ugarte, Laura Farías, Catalina Aguirre, Martin Jacques, Deniz Bozkurt, Pilar Aparicio y Noelia Carrasco, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2)
