Opinión
AgenciaUno
El presupuesto de educación obedece a la continuidad de programas preponderantemente pertenecientes a la educación superior. Siendo que la inversión en etapas educativas más tempranas trae más beneficios para la sociedad, ¿no sería prudente replantear las prioridades?
Hace unos días, el Presidente Boric presentó el proyecto de ley de Presupuestos para el Sector Público del año 2025, donde se trazan las prioridades en política pública para el próximo año. Lamentablemente, si revisamos la partida de educación no vemos cambios alentadores.
Con un aumento en su presupuesto de un 2,0% real –inferior al aumento promedio nacional de 2,7%–, el Ministerio de Educación (Mineduc) reduce su participación en comparación con otras áreas. Al igual que en años anteriores, la cartera de educación pareciera operar en piloto automático, priorizando la continuidad de programas orientados al financiamiento de la educación superior por sobre las urgencias del sistema escolar y parvulario, los cuales aún sufren las agudas repercusiones de la pandemia.
El ejemplo más claro de lo anterior es la inyección de más de $300 mil millones al área de Educación Superior, lo que representa un aumento 5,5 veces más alto que el incremento en los recursos destinados a la Nueva Educación Pública, y de casi 7 veces más que los de los aportes adicionales para jardines infantiles en 2025.
A pesar de que la literatura es extensa en demostrar el impacto profundo y duradero que tiene el invertir en educación en las etapas iniciales de la vida, la inercia de programas como la gratuidad de instituciones de educación superior implica un gasto cuantioso y excesivo para el fisco, que se compensa con menores aumentos en otras áreas.
Esto lleva a situaciones extremas, como lo es el caso de la reactivación educativa, en donde se opta por recortar recursos destinados a programas directamente enfocados en abordar la crisis de convivencia escolar, recuperación de aprendizajes, asistencia y deserción.
Pese a figurar en el discurso de las autoridades, la reactivación está lejos de ser una prioridad nacional, algo que el actual proyecto de Ley de Presupuestos deja en evidencia de facto. En concreto, se tiene que para el año 2025 se recortan los aportes para: el Plan Nacional de Tutorías, Aprendizajes Fundamentales y Convivencia Escolar; el Fondo para la Reactivación Educativa y el Bienestar Docente del Plan de Reactivación Educativa.
En efecto, en el proyecto de ley recién presentado, los recursos destinados exclusivamente a la reactivación educativa caen en un 9,9% o, lo que es equivalente, en $ 5.513 millones. Además, todos los programas exclusivamente vinculados con la reactivación educativa tuvieron una subejecución presupuestaria a agosto de este año.
A modo de ejemplo, el Plan Nacional de Tutorías, Aprendizajes Fundamentales y Convivencia Escolar tuvo una ejecución presupuestaria de apenas el 13,9%, y los aportes para el Bienestar Docente se ejecutaron en un 5%. Esto, a pesar de la cruda realidad de la educación escolar: hoy vemos que los aprendizajes han permanecido estancados por más de una década, que las denuncias por convivencia escolar ingresadas a la superintendencia alcanzaron su máximo histórico el 2023, y que uno de cada tres alumnos del sistema escolar presenta inasistencia grave (Acción Educar, 2024), pero los recursos destinados a hacerse cargo de estos problemas parecen brillar por su ausencia.
Si bien podría argumentarse que el presupuesto de la reactivación educativa se refleja en un mayor gasto para la educación pública, este no pareciera ser el caso. Es cierto que los programas que reciben el mayor aumento presupuestario corresponden a los nuevos Servicios Locales de Educación que entrarán en funcionamiento en 2025.
Sin embargo, este aumento presupuestario será para su implementación y funcionamiento, no hay políticas nuevas. Por el lado de los incentivos, para el cumplimiento de metas de los SLEP, se incrementan los aportes fiscales en un 3,9% de presupuesto para el Servicio Educativo promedio, un impacto relativamente menor en proporción a lo que vemos en educación superior.
Una vez más, el presupuesto de educación obedece a la continuidad de programas preponderantemente pertenecientes a la educación superior. Siendo que la inversión en etapas educativas más tempranas trae más beneficios para la sociedad, ¿no sería prudente replantear las prioridades?
