Opinión
Compartimos que el agua para consumo humano debe tener prioridad, pero ello no puede conllevar que el servicio público encargado de la gestión del agua en el país no atienda los requerimientos que permitan hacer un uso productivo de ella.
En Chile el agua es esencial para su desarrollo y crecimiento económico. El uso productivo del agua participa en más del 80% de las exportaciones del país (minería, fruticultura, vinos, celulosa, acuicultura), aproximadamente un 23% de la capacidad de generación eléctrica, más del 20% del empleo y, en algunas regiones, representa sobre el 50% del PIB. Para ello, desde hace casi dos siglos se ha construido una compleja infraestructura hidráulica, que incluye más de 12 mil canales y 50 mil pozos, que atienden las demandas de unos 400 mil usuarios.
Los desafíos actuales y futuros harán imprescindibles nuevas inversiones para mejorar la eficiencia en el uso del agua, que compensen la grave disminución de su disponibilidad. Se trata de un esfuerzo nacional público y privado que requerirá de inversiones en infraestructura, en sistemas de riego, en pozos profundos, en plantaciones adecuadas a las nuevas condiciones, entre muchas otras, las que solo se recuperan en el mediano o largo plazo, y necesitan para su concreción de certeza y estabilidad en las reglas del juego.
Desde el año 2022 (Ley N° 21435) el Código de Aguas establece que: “Las aguas cumplen diversas funciones, principalmente las de subsistencia, que incluyen el uso para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia; las de preservación ecosistémica, y las productivas”, agregando que “siempre prevalecerá el uso para el consumo humano”.
Lamentablemente, por decisiones administrativas, la función productiva del agua ha sido progresivamente menospreciada. Solo a modo ejemplar, cuando un titular de derecho a hacer uso de agua requiere tomar esta en un lugar distinto al autorizado, debe tramitar ante la Dirección General de Aguas (DGA) un “cambio de punto de captación” o “traslado del ejercicio”, y mientras esa autorización no se otorgue no se podrá desarrollar el proyecto asociado.
Actualmente, quienes están tramitando esas autorizaciones (varios miles), encuentran muchas veces la siguiente respuesta por parte de la autoridad: “No podemos tramitar su solicitud, porque estamos dando curso solo a expedientes relativos a consumo humano y subsistencia”.
Compartimos que el agua para consumo humano debe tener prioridad, pero ello no puede conllevar que el servicio público encargado de la gestión del agua en el país no atienda los requerimientos que permitan hacer un uso productivo de ella.
Si a lo anterior sumamos lo constatado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad en su “Análisis de permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile”, en que concluyó que, de los 24 permisos prioritarios y más complejos, 4 son otorgados por DGA (modificación de cauces, construcción de obra hidráulica mayor, aprobación de obra hidráulica mayor y regularización o defensa de cauce), y tienen un tiempo de tramitación promedio de entre 34 y 49 meses, además de las muy altas tasas de rechazo, es fácil concluir que la gestión de las aguas en el país no está ayudando a su desarrollo y crecimiento.
