Opinión
Estamos dando certeza jurídica al sector pesquero, porque cuando esta iniciativa se apruebe por completo, no tendrá cuestionamientos de origen y la preeminencia de un enfoque científico en la distribución de cuotas anuales de pesca avala que se realizará de acuerdo con criterios de equidad.
El contundente apoyo que logró hace unos días la Ley de Fraccionamiento en la Cámara de Diputadas y Diputados, que solo tuvo el voto en contra de Republicanos, reflejó una de las demandas más importantes recogidas en los más de 200 encuentros que hicimos en caletas de todo Chile: hay que cambiar la actual Ley General de Pesca y dar paso a una norma justa y transparente, que restablezca la confianza de la ciudadanía y de los actores en la legislación pesquera.
Cumpliendo con el compromiso de campaña del Presidente Boric, presentamos en enero de este año un proyecto completo de Nueva Ley de Pesca, una sistematización completa de la normativa pesquera que se ha tramitado con amplio apoyo en las votaciones de comisión, pero con deliberada lentitud, debido a que un parlamentario de oposición se ha aprovechado del reglamento para imponer al resto que se vote párrafo por párrafo.
Como no parece razonable que la negativa de un solo parlamentario retrase un cambio tan relevante para el país, es que hace pocos meses decidimos tramitar como un proyecto aparte el corazón de la legislación pesquera: el fraccionamiento.
Es decir, una nueva distribución de las cuotas globales de pesca entre artesanales e industriales, un cambio de particular importancia en el norte de nuestro país, donde –no en vano– hubo parlamentarios condenados por cohecho en la tramitación de la ley vigente.
Nuestro proyecto de Ley de Fraccionamiento busca lograr un equilibrio entre el sector artesanal e industrial, ya que el desequilibrio actual en las oportunidades de acceso entre sectores perjudica la calidad de vida de las comunidades pesqueras, debilita las posibilidades de crecimiento del sector y limita el poder negociador de quienes efectivamente realizan las capturas.
El origen ilegítimo de la actual Ley General de Pesca ya no es algo que está en discusión, con los 111 votos a favor en el primer trámite constitucional quedó claro que la gran mayoría de la Cámara comparte que solo se recuperará la confianza en el sector si las leyes que ordenan la actividad pesquera se gestan de manera transparente.
Tan evidente es lo anterior, que los integrantes de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara aprobaron de manera unánime la corrección planteada por el Ejecutivo en materia de anchoveta en el Norte Grande, con un 80% para el sector artesanal y un 20% para el industrial.
Es un cambio significativo, si se tiene a la vista que actualmente la ley fija un 84% para la industria y 16% para el sector artesanal en esa zona, pese a que es el sector artesanal el que extrae el grueso de cuota, ya que ambas pesquerías se dan de manera casi exclusiva en el Área de Reserva para la Pesca Artesanal (ARPA). Es decir, aunque actualmente en el Norte Grande el esfuerzo pesquero principal lo hace el sector artesanal, es el sector industrial el que tiene la cuota y, por ende, el grueso de los ingresos asociados a ella.
Como bien puntualizó por estos días la ministra vocera, Camila Vallejo, estamos avanzando en cumplir un compromiso del programa de Gobierno que va a mejorar la calidad de vida en muchas caletas de nuestro país, y lo estamos haciendo mediante amplios consensos, demostrando que se pueden hacer transformaciones profundas si concurren las voluntades políticas.
También estamos dando certeza jurídica al sector pesquero, porque cuando esta iniciativa se apruebe por completo, no tendrá cuestionamientos de origen y la preeminencia de un enfoque científico en la distribución de cuotas anuales de pesca avala que se realizará de acuerdo con criterios de equidad, aceptados y confiables para todos.
Son muchos los motivos para estar contentos. Hemos iniciado ahora la tramitación en el Senado, donde confiamos que nuevamente habrá mayorías transversales para consolidar esta importante transformación, que busca avanzar en mayor justicia distributiva de los recursos pesqueros que pertenecen Chile y a su inmenso mar, donde tanto el sector industrial como artesanal tienen cabida para desarrollarse de manera armónica y crecer de manera sustentable.
