Si atacamos los centros de gravedad de forma contundente y coordinada, el grupo criminal no solo perderá su poder actual, sino que también se le dificultará regenerarse en otros lugares.
El judo es un arte marcial que se basa en el principio de provocar el desequilibrio del oponente mientras se mantiene el propio. Por ello, estudiar al adversario para conocer su centro de gravedad es el primer paso para ejecutar eficazmente las técnicas de esta disciplina.
La teoría militar también emplea el principio de identificar el centro de gravedad, o el centro de poder o movimiento del cual todo depende, un término acuñado por Carl von Clausewitz a fines del siglo XIX. Este concepto se refiere a la principal fuente de fuerza, cohesión y determinación del adversario, que debe ser identificada para luego atacar ese núcleo estratégico, ya que ello podría desestabilizar profundamente al enemigo, debilitando no solo su capacidad operativa, sino principalmente su voluntad de mantenerse en combate.
Si tomamos esta idea para analizar los resultados, a menudo decepcionantes, en la lucha contra el crimen organizado, quizás nos asombre saber que las capturas espectaculares de criminales, los pedidos de extradición, los golpes a líderes y la exhibición de bienes incautados que ocupan sendos espacios en los medios, sin duda, son victorias, pero temporales, ya que el problema persiste.
Las organizaciones criminales aprenden, se adaptan, se invisibilizan, sustituyen a sus líderes, recuperan el control y, con toda seguridad, se fortalecen desde la cárcel.
Este ciclo de “golpe, resistencia y crecimiento” que observamos en la lucha contra la criminalidad organizada tiene su origen en un enfoque operativo centrado en personas específicas, el que, en lugar de desarticular el núcleo existencial de estas organizaciones, se concentra solo en sus cuadros, quienes pueden verse fortalecidos por la exposición que reciben.
Si el judo y la estrategia militar aplican el mismo principio de centro de gravedad, quizás sea una buena idea adaptar este concepto al contexto del crimen organizado que afecta a nuestro país. Es hora de intentar cambiar el paradigma, y tenemos una oportunidad única, desde la nueva institucionalidad que se pretende crear: el Ministerio de Seguridad Pública.
Con un diagnóstico compartido y el levantamiento de la evidencia a través del análisis y la inteligencia del trabajo de campo existirá, sin duda, una precisión estratégica más exacta de las redes criminales que están cambiando la forma de entender la seguridad del país y las potenciales redes locales que están en transformación.
Las estructuras del crimen organizado y la delincuencia son difusas y funcionan de manera más descentralizada y adaptable que un ejército convencional, como lo explicaría Von Clausewitz. Por ello, su centro de gravedad probablemente no reside en la estructura en sí misma, sino en su esencia, en su objetivo, en aquello que les permite perdurar en el tiempo, más allá de los métodos que utilizan.
En efecto, para el crimen organizado los centros de gravedad pueden asumir múltiples formas: el sistema financiero que blanquea sus recursos, las rutas logísticas que mueven sus productos ilícitos, las conexiones políticas que les brindan protección, la corrupción policial o judicial, el control territorial que aseguran con violencia, la gobernanza criminal intrapenitenciaria que les permite crecer al amparo del Estado o el reclutamiento temprano de niños y adolescentes que garantiza su permanencia en el tiempo.
Sin estos u otros elementos, las estructuras de crimen organizado no pueden operar ni expandirse; por eso, si realmente queremos debilitarlas, debemos concentrar nuestros esfuerzos en comprender estos puntos estructurales claves.
El desafío es, por lo tanto, cómo sumar todos los esfuerzos del aparato estatal para identificar estos centros específicos en estructuras particulares, que no son iguales, sino más volátiles y difusas. El centro de gravedad crítico del Tren de Aragua es distinto al del PCC, los Trinitarios o las bandas chilenas que se disputan territorio y mercados en Puente Alto, Lo Espejo o Concepción.
Por ejemplo, el Cártel de Cali se fortaleció a través de una sofisticada red de lavado de dinero con empresas de fachada en la industria farmacéutica, lo cual le permitió blanquear enormes sumas y financiar operaciones. El Cártel de Medellín encontró su centro de gravedad en la violencia extrema y el control territorial, utilizando el terror para dominar Medellín y asegurar sus rutas de tráfico. La ‘Ndrangheta italiana se basa en una estructura familiar y en su dominio del tráfico de cocaína en Europa, lo que le da estabilidad y una red de apoyo impenetrable. La mafia rusa, por su parte, prospera gracias a sus conexiones políticas y a una red financiera global que le permite moverse entre actividades legales e ilegales sin interrupciones.
La desarticulación del Cártel de Medellín no se logró solo con la captura de Pablo Escobar, sino con una estrategia que atacó sus redes de financiamiento y logística. De forma similar, en Estados Unidos, las cinco familias de La Cosa Nostra no perdieron poder únicamente por el arresto de sus líderes; fue la Ley RICO la que golpeó sus ingresos y protecciones en sectores clave de la economía. En el caso de Al Capone, su debilidad fue la evasión de impuesto.
Estos casos demuestran que el verdadero impacto en las organizaciones criminales no proviene de eliminar líderes, sino de atacar los puntos estructurales que las mantienen operativas.
En Chile, sin embargo, seguimos atrapados en una persecución ad hominem. Aunque detener a una figura de poder tiene relevancia, si no debilitamos las redes de apoyo y los flujos de ingresos, el impacto es casi nulo. Otro líder rápidamente tomará el lugar del capturado y la estructura criminal seguirá operando sin grandes alteraciones. El Cártel de Sinaloa, por ejemplo, sigue operando, aunque sus dos principales líderes se encuentren recluidos en cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos.
Este error de enfoque es nuestro verdadero talón de Aquiles. Necesitamos dirigir nuestras energías a desmantelar los centros de gravedad reales, lo que exige mucho más que acciones judiciales aisladas o el cherry picking penal.
Además, es necesariamente vital establecer métricas claras y específicas para evaluar el impacto de estos esfuerzos, monitoreando la disminución de la capacidad operativa de las organizaciones y su debilitamiento estructural, no solo en las calles, sino también dentro de las cárceles. Solo así podremos medir el éxito de nuestras acciones de forma objetiva.
Para enfrentar el crimen organizado de manera efectiva, las policías deben contar con las mejores herramientas de análisis criminal, capaces de mapear y comprender los centros de gravedad de cada organización. La inteligencia artificial, el análisis de big data y el acceso a recursos informáticos avanzados pueden identificar patrones, flujos y redes, brindando una visión detallada de cómo operan las organizaciones y dónde reside su verdadero poder.
Además, las policías necesitan autonomía para llevar a cabo investigaciones estratégicas y proactivas, más allá de la mera acción penal, porque no podemos esperar a que el problema se desborde antes de intervenir.
Aquí es donde el nuevo Ministerio de Seguridad Pública debería asumir un rol de liderazgo clave. No basta con que los fiscales sean los únicos gestores en la lucha contra el crimen, ya que –aunque tienen el monopolio de la acción penal– su ámbito es limitado frente a la magnitud del problema.
El ministerio deberá asumir la responsabilidad de definir estos centros de gravedad y coordinar esfuerzos interinstitucionales para atacarlos. Deberá ser capaz de superar egos, soberbias y celos profesionales, fomentando el trabajo de fuerzas de tarea reales, no solo simbólicas o en papel. Actuando como cerebro estratégico, deberá alinear a las policías, organismos financieros, autoridades locales y el sistema judicial en un esfuerzo unificado.
Así, los fiscales no actuarían solos, sino como parte de una ofensiva integral, con una visión clara sobre los puntos que realmente sostienen a estas organizaciones. Una lucha de Estado, una resiliencia estatal y también de la sociedad.
Es algo factible. Recientemente, en un hecho histórico, el Servicio de Impuestos Internos presentó una acción penal por delitos tributarios contra personas encargadas de lavar y blanquear el dinero obtenido por la organización criminal de origen dominicano “Los Trinitarios”, quienes lo hacían mediante la compra y venta de criptoactivos.
Este cambio de enfoque integrativo, liderado por la nueva institucionalidad del país, no solo desarticularía las estructuras de poder del crimen organizado, sino que también evitaría el fenómeno recurrente de “patear el avispero”, donde al expulsar a un grupo de una zona se termina facilitando su migración a nuevos territorios, multiplicando el problema.
Si atacamos los centros de gravedad de forma contundente y coordinada, el grupo criminal no solo perderá su poder actual, sino que también se le dificultará regenerarse en otros lugares.
El judo no solo se basa en la fuerza física, sino también en la comprensión profunda de los principios biomecánicos que rigen el movimiento humano. La manipulación efectiva del centro de gravedad permite a los judokas realizar proyecciones con mayor eficacia y eficiencia. Es hora de que el Estado chileno comience una lucha inteligente y estratégica, que, con el respaldo de un liderazgo firme y una coordinación interinstitucional, permita por primera vez estar un paso adelante del crimen organizado.