Opinión
Aquí radica el problema del asunto, pues el incentivo para todas las universidades es desarrollarse a su máxima complejidad y ello requiere crecientes recursos que pueden ser infinitos.
Imaginemos por un instante que no existen aranceles regulados, ¿cuántas familias podrían pagar los aranceles de pizarra de las universidades? Considere un arancel universitario promedio cercano a los 400 mil pesos mensuales (SIES 2024) y un ingreso familiar mensual per cápita del séptimo decil que fluctúa entre los 324 mil y 412 mil pesos. Saque usted las cuentas, serían muy pocas las familias con ingresos disponibles para pagar.
La consecuencia de esto sería una extrema segmentación de la provisión universitaria en las familias más ricas y, probablemente, ante la escasa demanda, las mismas universidades harían importantes descuentos para conseguir más estudiantes (práctica muy frecuente hoy en día).
Entonces, alguien diría que esto es inaceptable, que el país necesita formar a sus ciudadanos y que, por tanto, el Estado debe ayudar a financiar los aranceles para aumentar la cobertura. Enseguida, la pregunta es: ¿cuál sería el arancel justo a financiar por el Estado?, ¿estos aranceles son para financiar solo la docencia o son también para solventar la total operación de estas instituciones?
Aquí radica el problema del asunto, pues el incentivo para todas las universidades es desarrollarse a su máxima complejidad y ello requiere crecientes recursos que pueden ser infinitos. Por consiguiente, los directivos superiores buscarán la manera de conseguir los más altos aranceles para sus instituciones y así financiar los crecientes costos de la complejidad universitaria.
En un contexto de gobernanza más Estadocéntrica, en la que la disputa por los recursos es entre la autoridad pública y las universidades, no solo hay poca holgura para resolver este dilema, sino que el escenario de discusión puede transformarse en una cuestión más política que técnica.
Por lo tanto, en la medida que exista el incentivo de máxima complejidad para las universidades, la tendencia a solicitar los más altos aranceles es total. Eso es insostenible y, en consecuencia, habría que pensar en incentivos más dinámicos que alienten a las instituciones a conseguir recursos privados y alianzas estratégicas, que, de paso, le den más sentido e impacto a la producción científica y la innovación.
En el subsistema superior TP esta problemática es más simple, pero no ajena a este mismo desenlace, dado que la mayoría de sus instituciones son solo docentes y, por tanto, hay aquí una oportunidad más ordenada para pensar su desarrollo. Lo importante es no replicar esta problemática que afecta a las universidades.
