Opinión
AgenciaUno
La farándula que acompañó el cambio de siglo vuelve a reinar en gloria y majestad, envolviendo las nuevas aristas investigativas de los casos de corrupción y violencia patriarcal en los ropajes de la sociedad del espectáculo.
No son pocos los políticos y analistas que alimentan la ficción de que este país comenzó a irse al carajo un 18 de octubre de 2019, desconsiderando el hecho de que el surgimiento del estallido social es un fenómeno que se venía larvando lentamente en el transcurso de la década previa.
Y es que, para que se forjen las condiciones de un evento de esta naturaleza, no solo se necesita de un detonante como las protestas de los estudiantes secundarios en contra del alza del transporte público, sino que también se requiere de la maduración de ciertos conflictos sociales. Esto incluye el destape de múltiples casos de corrupción política, abuso empresarial y violencia patriarcal que marcaron la agenda pública en la “prehistoria” de la revuelta de octubre.
Vale la pena recordar que en junio de 2011 el caso La Polar causó gran revuelo noticioso cuando la multitienda reconoció repactaciones unilaterales realizadas a cerca de medio millón de sus clientes. Ciertamente, el caso ayudó a crear la atmósfera para que en agosto de ese año el movimiento estudiantil universitario masificara su consigna de “No al Lucro”. Con ello, los estudiantes atacaron uno de los engranajes reproductivos del modelo: deuda de las familias por un lado, lucro del empresariado por el otro.
Pero había una parte de la ecuación que no había sido develada. Los casos Penta, Caval y SQM, que irrumpieron a fines de 2014 y en el primer semestre del 2015, transparentaron el incestuoso maridaje que existía entre el dinero y la política.
En septiembre de 2014 el develamiento del caso Penta mostró el vínculo entre el financiamiento ilegal de la política y las operaciones tributarias fraudulentas, visibilizando la simbiosis que existía entre Penta y la derecha, especialmente la UDI. La empresa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín fue descrita como una “máquina para defraudar al fisco”, según la expresión del exfiscal Carlos Gajardo, mientras los correos de los miembros de la UDI solicitando “el raspado de la olla” para financiar sus campañas electorales, de acuerdo a la expresión del senador de la misma tienda, Iván Moreira, fueron ampliamente divulgados en la prensa de la época.
En febrero de 2015, la extinta revista Qué Pasa publicó un polémico reportaje sobre la empresa Caval, cofundada por Natalia Compagnon (la entonces nuera de la Presidenta Michelle Bachelet), quien gestionó un crédito por 6.500 millones de pesos con el Banco de Chile en una reunión directa con su vicepresidente, Andrónico Luksic, para beneficiarse de una compra de terrenos en Machalí. Coincidentemente, el crédito fue aprobado un día después de que Bachelet ganara la segunda vuelta presidencial el año 2013.
El resultado político de este episodio confirmó que la popularidad de Bachelet era del todo insuficiente para llevar a cabo las reformas estructurales comprometidas en el programa de la Nueva Mayoría, sobre todo cuando los principales partidos de la ex Concertación comenzaron a aparecer en el registro de los suculentos aportes otorgados por SQM, la empresa del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, en una arista investigativa derivada del caso Penta.
El cuadro de la corrupción sistémica perdía opacidad para ganar en transparencia. Más aún, cuando los casos de corrupción incluían a las propias Fuerzas Armadas y Carabineros (Paco-Gate, Milico-Gate), junto a otros abusos de tipo empresarial (colusiones varias) y violencia sexual (Iglesia católica).
En ese entonces, todas las medidas y compromisos adoptados por la clase política fueron limitados e insuficientes, desde el proyecto de ley para el fortalecimiento y transparencia de la democracia hasta el consejo asesor presidencial contra los conflictos de intereses, el tráfico de influencias y la corrupción (conocida como Comisión Engel), sin dejar de considerar la espuria y casi olvidada declaración conjunta sobre probidad y transparencia firmada por los principales partidos políticos de gobierno y oposición (desde el PC a la UDI), quienes en abril de 2015 sostenían:
“Asumimos la indignación que existe en la ciudadanía frente a conductas reñidas con la ética, en el sector público y privado, y nos dejamos interpelar como partidos políticos, de gobierno y oposición. Asumimos nuestra propia responsabilidad en estos hechos y el compromiso de superar esta situación en un marco de legitimidad y en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad en materia de probidad y transparencia. Nuestro mea culpa es transversal, sin apuntar a nadie con el dedo y esperamos que cada cual asuma su propia responsabilidad”.
Es precisamente en este período donde la crisis de representación comienza a decantar en una irrecuperable crisis de legitimidad. Una muestra de este fenómeno se reflejó en la tasa de participación registrada en las elecciones municipales del año 2016, alcanzando un 34%, la cifra más baja desde el retorno a la democracia.
La participación de un 84% en las elecciones municipales de este año, gracias a la reintroducción del voto obligatorio en 2023, logró “normalizar” las cifras al alza, escondiendo debajo de la alfombra la desafección ciudadana con la democracia.
En los años previos a la revuelta de octubre emergieron expresiones directas en contra del abuso empresarial (AFP), policial (caso Catrillanca) y patriarcal (mayo feminista). Tras el estallido y el fracaso constituyente, la irrupción y multiplicación de los casos de corrupción y/o abuso, desde el caso Hermosilla al caso Monsalve, o desde el caso Convenios al caso Barriga, impiden recomponer la fractura social y política que sigue existiendo en el país, mientras se profundizan los síntomas de malestar y hastío de las grandes mayorías contra el sistema político y sus engranajes.
En este sentido, pareciera ser que la “prehistoria” de la revuelta de octubre se insertase mórbidamente en el Chile actual, un presente en el que la supuestamente difunta Constitución de 1980 sigue existiendo. “Un tiempo que viene de vuelta con la risa” y donde “ya pasó ese período de gravedad”, como diría el vitoreado Kike Morandé en la Teletón 2024, demostrando que la farándula que acompañó el cambio de siglo vuelve a reinar en gloria y majestad, envolviendo las nuevas aristas investigativas de los casos de corrupción y violencia patriarcal en los ropajes de la sociedad del espectáculo.
Es en este interregno donde se forjan las condiciones históricas de las revueltas del mañana. ¿Se dirá entonces “no lo vimos venir”?
