Caso Monsalve: oportunidad en la decisión del Gobierno

Se ha pretendido instalar el debate público de que la decisión del Gobierno respecto a pedir la renuncia del ahora exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, con relación a los hechos que se han conocido respecto a un eventual delito de abuso sexual y violación,  no fue tomada de manera oportuna, y aún más, algunos sostienen que detrás de esta eventual demora habría existido la intención de ocultar los hechos.

Pareciera ser que los que sostienen estas afirmaciones lo hacen por ignorancia respecto a cómo se toman las decisiones en democracia o, lisa y llanamente, están de acuerdo con la opacidad o arbitrariedad con que se tomaban las decisiones de forma semisecreta o poco transparente en la dictadura, la mayoría de las cuales eran impuestas de manera coercitiva.

En ese régimen, se expulsaba  a ciudadanos del país sin ninguna ponderación ni análisis. Se detenía muy rápidamente a quienes se oponían al régimen. Algunos pretenden extrapolar la arbitrariedad con la cual se manejaban los asuntos públicos en aquella época con el proceso de toma de decisiones que existe en una democracia.

En efecto, la democracia requiere un proceso de toma de decisiones  informado y transparente. Para que sea informado se necesita que se tomen en cuenta todas las variables fundamentales incluidas en este proceso, entre las cuales está averiguar hasta donde es posible los hechos en sí mismos, ponderarlos adecuadamente, elaborar y diseñar alternativas y tomar decisiones para ejecutarlas.

Naturalmente esto debe ser realizado en un determinado tiempo o plazo. Pero no es posible saltarse las etapas para tomar decisiones apresuradas  o arbitrarias que no han sido suficientemente analizadas y ponderadas. En democracia las decisiones se llevan a cabo diseñando y evaluando las diferentes alternativas.

Las decisiones se toman para resolver problemas, no para darse gustos personales que normalmente no solucionan adecuadamente el problema, porque generan arbitrariedades que afectan no solamente a los sujetos involucrados sino que al conjunto de la sociedad. En democracia las decisiones deben estar referidas al bien común.

Pero este proceso de toma de decisiones no solamente se refiere a políticas públicas que se diseñan, evalúan e implementan en una democracia por parte del Gobierno. Son también aplicables a otras organizaciones y a las empresas del sector privado. 

En el caso de la petición de renuncia al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, el Gobierno demoró 36 horas. ¿Es este un plazo excesivo para recabar la información suficiente para fundamentar una decisión de esta naturaleza y envergadura?

Para responder esta pregunta hay que considerar en primer lugar la persona que estaba involucrada en los hechos denunciados. No se trata de cualquier subsecretario sino de un funcionario de Gobierno de alto nivel que estaba a cargo de la seguridad del país, cuyas actuaciones tenían un reconocimiento transversal por su eficiencia y capacidad operativa.

A esto hay que agregar que contaba con el respaldo irrestricto del Gobierno para llevar a cabo esta delicada tarea y que, por tanto, resulta legítimo que en las autoridades se produjera en un primer momento, al menos, estupefacción e indignación por los hechos acaecidos, lo que ameritaba tener una información acabada sobre la realidad de lo ocurrido.

Como se ha señalado, puede que se hayan cometido errores. Pero de ahí a deducir que hubo una deliberada decisión de ocultar los hechos con  intenciones espurias, es ir demasiado lejos. Afortunadamente en nuestro país existe democracia, los hechos se investigan, y se procura tomar las decisiones adecuadas descartando todo tipo de “matonajes”, que tal vez algunos añoran y que era una característica central de la dictadura que vivimos en Chile.

Si hacemos un símil con lo que ocurriría, por ejemplo, en una empresa del sector privado, en la cual uno de los gerentes, ya sea financiero, comercial o de un área específica, se involucra en algún hecho ilícito, nadie discutiría que la dirección de la empresa se tomara un tiempo prudencial para investigar los hechos y tomar las decisiones correspondientes. Si esto es válido para el sector privado, ¿por qué no lo sería en el ámbito público?

La convivencia democrática requiere que algunos temas se analicen dentro del marco de los intereses superiores del Estado y no pasen a ser parte de la disputa política pequeña que exacerba los ánimos y a nada conduce. Ojalá no sea tarde para enmendar el rumbo.