Optimizando la gestión pública

Elon Musk consiguió pega. El reelecto presidente Donald Trump lo ha puesto a cargo (¿o viceversa?) del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de una reforma severa de la Administración del Estado. Sus primeras declaraciones están a la altura: “Esto hará temblar el sistema y a todos los implicados en el despilfarro gubernamental, que son muchos”, con la puntería puesta en despidos y reducciones drásticas de gastos.

La optimización del Estado en Chile es un tema que trasciende la mera reducción de gastos y se adentra en la necesidad de una profunda transformación en la gestión pública. Durante años, el enfoque sobre la función pública ha estado dominado por la imperiosa necesidad de controlar y limitar el gasto estatal, una perspectiva que, si bien es crucial, puede resultar insuficiente si no se complementa con una visión más amplia que contemple la sinergia entre distintos actores y programas.

La realidad actual demuestra que para poder facilitar la inversión y el desarrollo es esencial revisar y reformar los procedimientos burocráticos que obstaculizan el avance de proyectos tanto públicos como privados, como es el caso de los permisos sectoriales.

Estos permisos, que son fundamentales para la activación del capital y la creación de empleo, a menudo se ven atrapados en una maraña de ineficiencias administrativas y falta de personal. Esta situación no solo retrasa el progreso, sino que también desincentiva la inversión y, en última instancia, afecta la calidad de vida de los ciudadanos.

Se requiere una mirada crítica hacia la estructura del Estado y sus ministerios. Más allá de los problemas de presupuesto y gestión, es fundamental identificar las carencias en la capacidad técnica y en la dotación de personal que enfrentan muchas instituciones. El Estado debe entender que su función no se limita a ser un regulador o un controlador de gastos, sino que debe actuar como un facilitador del desarrollo. Esto implica que los ministerios y servicios deben estar dotados de las herramientas y las competencias necesarias para ejecutar sus funciones de manera eficiente y efectiva, promoviendo la colaboración interinstitucional y la creación de redes que potencien el impacto de las políticas públicas.

Para que la optimización del Estado sea efectiva, se requiere un cambio de paradigma en la forma en que se conciben y se implementan las políticas públicas. Esto significa explorar formas de complementariedad y sinergia que permitan no solo una mejor gestión de los recursos, sino también un impacto real en la vida de las personas.

En este sentido, es fundamental reconocer que las limitaciones políticas y las coyunturas pueden influir en la implementación de programas de gobierno. La normativa y la legislación deben ser revisadas y adaptadas para que no se conviertan en barreras que obstaculicen el progreso. Un marco regulatorio que favorezca la flexibilidad y la agilidad en los procesos es esencial para que el Estado pueda responder adecuadamente a las demandas sociales y económicas en constante cambio.

Esto requiere de una voluntad política decidida, así como de una revisión crítica de las leyes y regulaciones que, en su intención de proteger intereses, a menudo terminan por limitar la capacidad de acción del Estado y, por ende, la capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

La coordinación y la articulación entre los distintos niveles de gobierno y entre diversas instituciones son elementos clave en esta búsqueda de optimización. Es necesario fomentar una cultura de colaboración que trascienda los compartimentos estancos de los ministerios y servicios públicos. La fragmentación en la toma de decisiones crea ineficiencias y duplica esfuerzos, lo que, en última instancia, perjudica a la población que espera respuestas rápidas y efectivas.

La creación de mesas intersectoriales y redes de trabajo que permitan compartir información, recursos y experiencias se presenta como una estrategia viable para potenciar la efectividad del Estado en su conjunto. Estas instancias pueden contribuir a generar un enfoque más holístico y menos burocrático en la implementación de políticas públicas, facilitando la atención a problemas complejos que requieren respuestas integrales.

Además, es fundamental que el Estado adopte un enfoque de innovación en la gestión pública. Esto implica explorar nuevas tecnologías y metodologías que permitan optimizar procesos y mejorar la calidad del servicio al ciudadano. La digitalización, por ejemplo, puede ser una herramienta poderosa para reducir la burocracia y, para hacerla efectiva, se necesita una capacitación constante del personal, así como una infraestructura tecnológica adecuada que permita la integración de sistemas y la interoperabilidad entre distintas instituciones.

El Estado debe asumir un papel proactivo en la adopción de estas herramientas, no solo para mejorar la eficiencia interna, sino también para fortalecer la relación con la ciudadanía y fomentar un gobierno más abierto y transparente. Es crucial que la optimización del Estado en Chile esté acompañada de un enfoque centrado en el ciudadano. Las políticas públicas deben ser diseñadas y evaluadas teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de la población. Esto implica no solo consultar a los ciudadanos, sino también involucrarlos en el proceso de formulación de políticas, permitiendo que sus voces sean escuchadas y sus ideas consideradas.

Al final del día, el propósito último del Estado es servir a la sociedad y, para lograrlo, es esencial que haya un alineamiento claro entre las políticas públicas y las realidades que enfrenta la ciudadanía. Este enfoque centrado en el ciudadano no solo fortalece la legitimidad de las decisiones gubernamentales, sino que también genera un sentido de pertenencia y compromiso por parte de la población, que se siente escuchada y valorada en el proceso.

La optimización del Estado en Chile, por lo tanto, debe ser vista como un proyecto integral que busca transformar la gestión pública en un sistema más eficiente, colaborativo e innovador. La simple contención del gasto no será suficiente para responder a los desafíos complejos que enfrenta el país. Se requiere una estrategia que contemple la articulación interinstitucional, la innovación tecnológica y la participación ciudadana como pilares fundamentales. Solo así se logrará un Estado que no solo controle, sino que también promueva el desarrollo y el bienestar, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad chilena en el siglo XXI.

A medida que se avanza en la implementación de esta visión transformadora, es esencial que el Estado se comprometa a evaluar y ajustar continuamente sus políticas y procedimientos. La retroalimentación de los ciudadanos y de las organizaciones sociales debe ser un componente crucial en este proceso, permitiendo la identificación de áreas de mejora y la adaptación a las nuevas realidades. La implementación de mecanismos de evaluación y rendición de cuentas debe ser parte del ADN de la gestión pública, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente y que los resultados se traduzcan en beneficios tangibles para la población.