Opinión
Implementar políticas públicas de seguridad exitosas no es una tarea fácil y requiere de un compromiso colectivo, donde las autoridades de distintos niveles colaboren y se basen en datos fiables y evidencia científica.
Las políticas públicas de seguridad ciudadana constituyen un asunto de máxima seriedad, que deben ser abordadas con base en la evidencia, el análisis científico riguroso y una gestión profesional. Es esencial que las medidas implementadas tengan un sustento técnico y respondan a necesidades concretas, alejadas de la retórica populista o la instrumentalización electoral.
La reciente elección de gobernadores, y en particular la segunda vuelta electoral, han evidenciado cómo ciertos sectores políticos tratan el tema de la seguridad con seriedad y responsabilidad, mientras que otros lo emplean como un recurso mediático, buscando apoyo fácil sin preocuparse por la efectividad real de las propuestas.
Un ejemplo claro se observa en el debate de la Región Metropolitana, donde se planteó la creación de un centro de seguridad integrado para coordinar a los 52 municipios y unificar las cámaras de vigilancia. La propuesta del panelista y candidato de Renovación Nacional Francisco Orrego parece novedosa, pero ignora que ya existe un sistema de este tipo.
Este proyecto comenzó con la instalación de 1.106 cámaras: 695 en Santiago, 377 de la Unidad Operativa de Control de Tránsito y 34 en Estación Central, esfuerzo que ha sido profundizado por el gobernador Claudio Orrego en colaboración con la Universidad Católica, desarrollando una infraestructura que integra las cámaras en la nube, esperando los procesos de los convenios respectivos con los municipios, independientemente de la posición política de sus alcaldes.
Otro ejemplo relevante en este proceso electoral de segunda vuelta de gobernadores, es lo que se debate en la Región de Valparaíso. La contendora y exsecretaria general de la UDI, María José Hoffmann, criticó la gestión del actual gobernador Rodrigo Mundaca, afirmando que implementó solamente el 8% del presupuesto regional en materia de seguridad.
En respuesta, Mundaca subrayó la importancia de comprender la institucionalidad del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que funciona como un mecanismo de inversión y compensación territorial con glosas que delimitan el marco presupuestario. “Cuando usted afirma que destinará el 50% del FNDR a seguridad, eso es falso, porque no es posible hacerlo”, precisó. Además, enfatizó que el incumplimiento de estas normativas lleva a situaciones problemáticas, como las observadas en la gestión de Cathy Barriga, destacando la necesidad de una administración responsable y alineada con las leyes vigentes.
La seguridad ciudadana es un tema complejo que exige un enfoque más allá de las promesas y propuestas superficiales. Las iniciativas deben estar respaldadas por un análisis riguroso, evitando la repetición innecesaria de proyectos ya existentes y respetando siempre los marcos legales y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
A menudo, las políticas de seguridad se utilizan como herramientas de campaña, donde se privilegian las soluciones rápidas y el impacto mediático por encima de la planificación a largo plazo. Sin embargo, este tipo de medidas solo profundizan la desconfianza y el desencanto ciudadano.
Por ello, se hace indispensable comprender y trabajar con la institucionalidad vigente, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para asegurar que los recursos se administren adecuadamente desde los gobiernos regionales y se enfoquen en verdaderas mejoras que puedan ser sostenibles y eficaces en el tiempo.
Implementar políticas públicas de seguridad exitosas no es una tarea fácil y requiere de un compromiso colectivo, donde las autoridades de distintos niveles colaboren y se basen en datos fiables y evidencia científica. Además, es crucial involucrar a la comunidad, generando espacios de diálogo y participación que fortalezcan la confianza entre los ciudadanos y los organismos encargados de velar por su bienestar. Se requiere también la disposición y voluntad política de trabajar con todos, como señaló el gobernador Claudio Orrego.
En el marco de la segunda vuelta de elecciones de gobernadores, es esencial que los votantes evalúen las propuestas en función de su viabilidad y su apego a la realidad local. Debemos promover líderes que aboguen por la cooperación interinstitucional y que prioricen el bienestar colectivo con acciones medibles, responsables y ajustadas a las leyes que rigen nuestra democracia.
En última instancia, una ciudadanía bien informada y consciente es el mejor motor para exigir y garantizar que las políticas de seguridad no solo sean efectivas, sino también justas y respetuosas de los derechos humanos.
