Opinión
Permitir que la salud mental sea reconocida como un eje prioritario en la seguridad laboral no solo beneficia a los trabajadores, sino que también fortalece el tejido social y económico del país.
En un contexto donde la crisis de salud mental en el ámbito laboral se ha agudizado, especialmente después de la pandemia, con un aumento sostenido de diagnósticos relacionados con estrés, ansiedad y otras patologías, la modernización de la Ley 16.744 representa una oportunidad histórica. Este proyecto de ley busca no solo corregir las falencias actuales en la calificación de enfermedades laborales, sino también entregar herramientas clave que ayudarán a dimensionar el impacto real que este tipo de enfermedades tienen sobre la salud y el bienestar asociado al trabajo.
Una de las principales innovaciones es la creación de un sistema autónomo para la calificación de enfermedades profesionales, que elimina el conflicto de intereses de los organismos administradores. Hasta ahora, las mutualidades han actuado como juez y parte en estos procesos, dificultando el reconocimiento de enfermedades laborales, especialmente las relacionadas con la salud mental, donde los diagnósticos suelen ser más complejos y debatibles, y donde hasta ahora la tasa de calificación de enfermedades era bajísima en comparación con el número de denuncias. A modo de ejemplo, un reporte de la Superintendencia de seguridad social (SUSESO), refiere que solo se acogieron un 19,2 % de las enfermedades denunciadas a través de los organismos administradores del seguro. Con este cambio, las decisiones estarán en manos de organismos independientes, fortaleciendo la confianza en el sistema y garantizando que los trabajadores/as reciban el apoyo y tratamiento que necesitan.
Por otra parte, el fortalecimiento de la fiscalización sobre los organismos administradores será clave para asegurar la entrega oportuna y adecuada de los beneficios. Con mayores atribuciones, la SUSESO podrá intervenir en casos de incumplimientos graves, reduciendo las brechas de acceso, asegurando que los recursos del seguro sean utilizados de manera más efectiva, y que éstas cumplan su propósito y misión que les dio origen: proteger a los trabajadores/as chilenos en materia de salud y seguridad. Estos avances permitirán no solo un mayor acceso a prestaciones médicas y económicas, sino también generar datos más precisos sobre la magnitud de las enfermedades laborales en Chile.
En el ámbito de la salud mental, donde la subcalificación ha sido la norma, esto se traduce en una herramienta crucial para abordar un problema que ha tenido un sostenido y progresivo aumento. De acuerdo a cifras de la SUSESO, el año 2023 se rechazaron el 77% de las denuncias de enfermedad mental de origen laboral, números que no se condicen con los resultados dados a conocer por esta entidad en octubre, donde se señala que el 75% de los centros evaluados muestran niveles de riesgo medio y alto en salud mental. En el 89,4% de los centros de trabajo, los trabajadores enfrentan riesgos medio y alto en la dimensión vulnerabilidad –la más mal evaluada de las dimensiones que mide el instrumento- relacionada con la sensación de temor, desprotección o indefensión ante un trato considerado injusto por parte de la organización. Y un 87.5% de los centros registran exposición a niveles similares respecto de la carga de trabajo.
Todos estos datos evidencian una crisis urgente que requiere mayor fiscalización, cumplimiento normativo y estrategias de intervención efectivas para abordar los riesgos psicosociales en el ámbito laboral de manera sostenible y estructural. Es por ello, que aun cuando existan desafíos aún a nivel de la evaluación, gestión e intervención de la salud y el bienestar de quiénes trabajan, la noticia sobre la modernización de la ley 16.744 es, en esencia, un acto de justicia y un gran avance en esta materia. Permitir que la salud mental sea reconocida como un eje prioritario en la seguridad laboral no solo beneficia a los trabajadores, sino que también fortalece el tejido social y económico del país. Enfrentar esta crisis requiere valentía legislativa y compromiso con su implementación, y este proyecto es un primer paso en la dirección correcta.
