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En el marco de un Estado democrático de derecho, pluralista y laico como lo es Chile, resulta impresentable pretender limitar la libertad de aquellos padres que quieren apoyar la transición de sus hijos e hijas.
La semana pasada, la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre los planes y programas de acompañamiento para infancias y juventudes trans, aprobó el informe elaborado por la oposición, cuyo contenido es alarmante en relación con el reconocimiento y protección de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes.
Tras meses de discusión, esta mayoría circunstancial mantuvo férreamente su postura inicial, de carácter ideológico y radical, que obedece al fenómeno global de las derechas ultraconservadoras que buscan erradicar las identidades de género diversas.
Cabe alertar que el informe original, presentado el 18 de noviembre, era tan extremo en sus propuestas que tuvo que ser modificado previo a su votación, a efectos de generar mayor adherencia.
Para ilustrar: el informe inicial sugería perseguir penalmente a médicos que entreguen tratamientos hormonales a jóvenes trans. A pesar de lo anterior, durante la votación del informe ante la Comisión, uno de sus autores afirmó que se debería haber ido más allá y eliminar la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes y también la ley de identidad de género, promulgada durante el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera. La amenaza es evidente.
Algunas de las conclusiones más preocupantes del informe aprobado el pasado 19 de noviembre son la sugerencia de suspender inmediatamente el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), ordenar a la red de salud pública no iniciar nuevos tratamientos hormonales dirigidos a NNA trans, y derogar la Circular N° 812 de la Superintendencia de Educación, que garantiza el derecho a la identidad de género en el ámbito educacional.
De esta forma, el informe ataca elementos esenciales para el desarrollo integral de infancias y juventudes trans: los programas de acompañamiento psicosocial dirigidos a estos y sus familias; los tratamientos hormonales entregados por profesionales de la salud a jóvenes que así lo requieren y que cuentan con el consentimiento de sus padres; y la promoción de la no discriminación en espacios educativos a personas trans, mediante la eliminación de la Circular N° 812.
Por cierto que las políticas públicas dirigidas al acompañamiento y desarrollo integral de niñeces y juventudes trans deben fortalecerse, pero proponer eliminarlas solo perpetuará la exclusión y vulnerabilidad de estos grupos.
Las conclusiones del informe se sustentaron en el derecho preferente de los padres y madres de educar a sus hijos. Sin embargo, ¿dónde queda el derecho preferente de los padres y madres que quieren acompañar y recibir herramientas de profesionales para apoyar de la mejor manera posible la vivencia de sus hijos e hijas?
En relación con el programa de acompañamiento a la identidad de género, se ha levantado la caricatura de que, por el mero hecho de que un padre o madre no quiera participar del mismo, el Estado los perseguirá judicialmente. Lo anterior constituye desinformación, puesto que, tal como ocurre en otros contextos de protección a la infancia, la vía judicial es excepcional y se lleva a cabo cuando existe una vulneración de derechos a niños, niñas o jóvenes. Diferencias de opinión no constituyen vulneración de derechos per se.
En cuanto a los tratamientos hormonales dirigidos a jóvenes trans y el derecho preferente de los padres y madres, la encuesta global IPSOS 2024 sobre Orgullo LGBTI+ arrojó que el 67% de las personas en Chile está de acuerdo con que adolescentes trans puedan recibir tratamientos de afirmación de género, como tratamientos hormonales, con el consentimiento de sus padres.
Y es que, pese a que se ha intentado posicionar lo contrario, en Chile se requiere el consentimiento de los padres o representantes legales para cualquier tipo de tratamiento médico dirigido a menores de edad, y aquellos dirigidos a jóvenes trans no son una excepción.
En el marco de un Estado democrático de derecho, pluralista y laico como lo es Chile, resulta impresentable pretender limitar la libertad de aquellos padres que quieren apoyar la transición de sus hijos e hijas.
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