Opinión
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Existe un tema de gran relevancia para el sector agropecuario y forestal chileno: el Reglamento de Productos Libres de Deforestación (EUDR) de la Unión Europea.
Este Reglamento, que tiene como objetivo reducir la deforestación y degradación forestal a nivel global, regula la comercialización y exportación de productos como la carne bovina y productos forestales a la Unión Europea.
El EUDR afecta directamente a Chile, ya que nuestras exportaciones de productos forestales y carne bovina deberán cumplir con las estrictas normas de trazabilidad y debida diligencia establecidas en este reglamento, garantizando que no provienen de tierras deforestadas después de 2020. Si bien en Chile no se ha registrado deforestación en las zonas ganaderas ni en las áreas productivas de estos sectores, la normativa establece obligaciones de información y monitoreo que nuestros productores y exportadores deberán cumplir.
Si bien la entrada en vigencia de este Reglamento se consideró en principio para diciembre de 2024, recientemente, el Consejo de la Unión Europea aprobó una postergación de 12 meses, con nuevas fechas de cumplimiento: el 30 de diciembre de 2025 para grandes operadores y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas. Esta postergación responde a las gestiones de múltiples países, incluido Chile, a través del Consejo Agropecuario del Sur (CAS).
Como ministro de Agricultura, en el marco de la Agenda Agroexportadora Sustentable, he participado en numerosas reuniones con mis pares de países de la región para abordar este tema, sirviendo de puente entre la necesidad de avanzar en sustentabilidad de la Unión Europea y la necesidad de mantener un comercio abierto, inclusivo y transparente, resguardando las normas de la Organización Mundial de Comercio. Hoy, vemos en la postergación los resultados del trabajo colectivo y comenzamos la tremenda tarea de liderar la preparación de la implementación de esta normativa.
Desde ODEPA, junto a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y el Punto Nacional de Contacto para la Conducta Empresarial responsable, trabajamos con el sector privado para atender las obligaciones de debida diligencia que exige esta nueva normativa, en lo que representa un paso más en este camino de sustentabilidad que como país hemos elegido.
