Opinión
Con los resultados del domingo recién pasado tenemos ya un completo panorama de quiénes liderarán los principales cargos de representación política a nivel local y regional en el país.
Si bien los porcentajes de participación electoral nos dejan buenas noticias, este nuevo ciclo electoral arroja datos preocupantes en cuanto a la persistente subrepresentación política de las mujeres.
En primer lugar, no se observa un aumento en el porcentaje de mujeres en ninguno de los cargos electos: en alcaldesas y concejalas se mantiene en valores similares y en el caso de gobernadoras y consejeras regionales disminuye. Esto es particularmente preocupante en los cargos uninominales, como los de alcalde y gobernador regional, que tal como muestra la evidencia comparada, representan espacios más difíciles para que las mujeres puedan acceder.
Así, en los próximos 4 años, tendremos solo un 16.5% de alcaldesas y ninguna mujer gobernadora a lo largo de todo el país.
Esta posibilidad de retroceso ya había sido adelantada en nuestras columnas anteriores, en las que comentábamos los bajos porcentajes de mujeres candidatas, como, por ejemplo, en el caso de gobernadores regionales, donde se alcanzó un 23 por ciento, muy lejos de la cuota establecida para las candidaturas parlamentarias del 40%.
Para la segunda vuelta del pasado domingo, en tanto, en 4 de las 11 regiones competía una mujer. Quien lidere el Gobierno Regional tiene un rol clave en el desarrollo de la región, a través de la elaboración de políticas y programas y la definición presupuestaria para alcanzar los objetivos propuestos. Para ello, es fundamental reconocer los desafíos del desarrollo para el conjunto de la población.
Se ha demostrado que más mujeres en cargos de poder contribuyen justamente en ese sentido, representando los intereses y necesidades de más de la mitad de la población.
Estos resultados llaman una vez más la atención sobre el rol de los partidos políticos en las oportunidades de las mujeres para acceder a cargos electos, sobre todo en una que no contaba con ningún mecanismo de acción afirmativa para promover la participación equitativa de hombres y mujeres.
En diversos estudios, el PNUD ha mostrado cómo los procesos de selección de candidaturas en los partidos políticos limitan la nominación de mujeres y sus posibilidades de competir, asignándolas en algunos casos en distritos poco competitivos, o entregándoles menores apoyos para el éxito electoral.
La representación de sectores que han estado tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones, como las mujeres, contribuye a mejorar la legitimidad de la democracia, en la medida que se asegura no solo el derecho a elegir, sino también a ser elegida, promoviendo también la representación de los intereses de amplios sectores de la población.
Queda como un reto para la agenda venidera la discusión sobre la paridad de género en los procesos electorales y la identificación de alternativas que permitan tener listas de candidaturas equilibradas en las elecciones uninominales. Esto es particularmente relevante si se considera que los mecanismos de acción afirmativa actualmente existentes en la legislación chilena –las cuotas de género para elecciones de escaños legislativos– son temporales.
En este sentido, será interesante mirar otras experiencias, como la paridad horizontal, recientemente implementada en Costa Rica, y que busca que los partidos y pactos postulen un número equilibrado de candidatos y candidatas a nivel nacional en las elecciones uninominales subnacionales.
Sin medidas integrales que aborden las distintas etapas del “laberinto del poder” que enfrentan las mujeres en los cargos de elección popular, seguiremos siendo testigos de la subrepresentación de la mitad de la población.
