Opinión
Es necesario planificar y, para que esto sea efectivo, se debe considerar la participación de todos los actores territoriales.
El agua es un recurso fundamental para la mantención de la vida y las economías de los países. En el caso de Chile, la estructura productiva nacional realiza un uso intensivo del agua, particularmente la del sector exportador. En los últimos 30 años, el crecimiento de la producción y el incremento de la población han provocado un aumento en la demanda por agua. Sin embargo, su disponibilidad no ha ido en incremento, pues los efectos del cambio climático junto a la inadecuada gestión del territorio están provocando un suministro más errático e incierto del agua, agravando la situación de regiones donde históricamente ha escaseado y generando escasez en algunas donde normalmente abundaba.
Según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), en el escenario del cambio climático hay probabilidad de que ocurran megasequías cada 20 años, donde estudios reflejan que en los últimos mil años no se han observado sequías de la magnitud de la que ha afectado a nuestro país en los últimos años. El World Resource Institute (WRI) pronostica que el año 2040 Chile tendrá un nivel muy alto de estrés hídrico, siendo uno de los países más propensos a enfrentar una disminución del suministro de agua por los efectos combinados del aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de precipitaciones.
Hoy el 72% de la superficie de Chile sufre de sequía en algún grado. La persistencia de los déficits en relación con los promedios históricos incluye 18 comunas localizadas desde la Región de Coquimbo a la Región del Biobío. En esta extensión de territorio se produce el 77% del PIB silvoagropecuario.
Las inundaciones también se han visto incrementadas a nivel mundial por los efectos del cambio climático, específicamente cuando precipita una gran cantidad de agua en un periodo acotado. Desde el año 2023, Chile ha experimentado fuertes inundaciones en el centro y sur, lo que incluso ha llevado a decretar estado de catástrofe.
El Ministerio de Hacienda explicó que el costo fiscal por las inundaciones en junio del año 2023 llegó a US $536 millones, de los cuales US$ 454 millones corresponden a inversión del Ministerio de Obras Públicas para reconstrucción y US$ 80 millones en ayudas tempranas. Las comunas afectadas pertenecían al rango de menores ingresos (0-40%) y su población se caracterizaba por tener una baja escolaridad.
Desde la propuesta de un nuevo modelo forestal, planteamos que los riesgos asociados a la escasez de agua e inundaciones deben ser abordados como un tema de seguridad nacional. La crítica situación debe llevar al país a tomar medidas respecto a la planificación territorial, en especial a escala de cuencas hidrográficas, considerando la evaluación de las actividades que se realizan en los diversos usos de la tierra y la condición actual de esas cuencas.
Uno de los factores que incide en acrecentar los riesgos de sequía e inundación es la destrucción, degradación o manejo inadecuado de ecosistemas. La vegetación es fundamental para la regulación del ciclo hidrológico, en especial la nativa. A través de la capacidad de intercepción, se regula el escurrimiento superficial de las cuencas y se facilita la infiltración de agua en el suelo, permitiendo la recarga de napas subterráneas y disminución de procesos erosivos.
Los humedales también tienen una gran capacidad de retención e infiltración de agua, siendo cruciales para la regulación de la escorrentía, la purificación del agua y la prevención de inundaciones.
En lo relativo a las plantaciones forestales industriales, independientemente de la discusión sobre la cuantificación de su consumo hídrico, lo cierto es que su cosecha mediante extensas talas rasas recurrentes tiene impactos negativos sobre los suelos y aguas en las cuencas intervenidas, sobre todo si se trata de microcuencas. Los impactos negativos sobre los suelos y aguas también son apreciables en cuencas en las que se establecen extensas plantaciones frutícolas de alto consumo hídrico, como por ejemplo los paltos.
¿Cuántas cuencas hoy se encontrarán amenazadas por la destrucción, degradación o manejo inadecuado de ecosistemas nativos y exóticos? ¿Qué se está haciendo para prevenir daños que pueden ser irreparables?
Es necesario planificar y, para que esto sea efectivo, se debe considerar la participación de todos los actores territoriales. Sin embargo, en Chile no es fácil desarrollar y aplicar este precepto, debido al contexto de un modelo económico basado en el uso y goce irrestricto de la propiedad privada y sus recursos naturales, donde el agua es un bien económico. Esto se debe a la Constitución y al cuestionado Código de Aguas oficializado en la dictadura (1981).
Respecto al Código de Aguas, a pesar de que el año 2022 se realizó una reforma, diversas voces coinciden en que es más una transición que una verdadera transformación. Se mantienen las fallas del mercado que implican la concentración monopólica de los derechos de uso del agua por parte de determinados sectores productivos, y promueve la especulación y la exclusión de los sectores más pobres y, por ende, menos competitivos. El modelo no se toca.
Desde la perspectiva de la Seguridad Nacional, es fundamental establecer una Estrategia Nacional de Gestión de Cuencas Hidrográficas que sea obligatoria y vinculante, que considere adecuación de la normativa, instrumentos de fomento y mecanismos de evaluación del Estado para inducir a un manejo responsable del agua y sus ecosistemas. Esto permitiría apuntar a prevenir riesgos y promover la adaptación del territorio a las futuras condiciones climáticas.
Esta estrategia debe abordar el manejo de las cuencas (restauración, protección, producción y preservación), con una visión integral y transdisciplinaria para enfrentar los problemas asociados a la escasez de agua e inundaciones, como también seguir avanzando en reformas al Código de Aguas para revertir la privatización de los derechos de agua, reconociendo este recurso como un bien común de la sociedad, que debe ser administrado por el Estado para garantizar su equidad y sostenibilidad.
