Las instituciones estatales de educación están completamente desconectadas de la realidad escolar, siguen y siguen sumando obstáculos, redirigiendo el foco de las escuelas a responder burocracia y no a la formación y los aprendizajes de los niños.
En mi anterior columna “Que el foco esté en la formación y los aprendizajes de los niños”, hacía un llamado a disminuir la burocracia que está generando el Estado en materias educacionales, y que las entidades públicas pasen de tener un foco punitivo a un rol de apoyo a las escuelas.
Lamentablemente la Superintendencia de Educación y el MINEDUC prefieren continuar por el camino de obstaculizar la gestión educacional de los establecimientos, desviando el verdadero sentido y fines que deberían perseguir estas instancias: favorecer los aprendizajes y procesos formativos de los estudiantes.
Daré dos ejemplos recientes bien concretos al respecto.
EJEMPLO 1: Hay un afiche del MINEDUC literalmente señala: “Involúcrate en tu comunidad educativa, infórmate de protocolos de tu establecimiento y denuncia en la Superintendencia de Educación”. Es decir, un llamado explícito a incentivar las denuncias, inclusive se da a entender que ese acto es una demostración de compromiso. La forma que tienen de entender la comunidad educativa es mediante el incentivo de denuncias al interior de esta, ¡impresionante!
Hoy, los colegios están ahogados de protocolos y denuncias, muchas de estas injustas e improcedentes y buena parte del tiempo y de la energía de los lideres educativos de las escuelas están desviándose a estos temas administrativos. Es necesario que el MINEDUC se conecte con la realidad operativa de los establecimientos educacionales, y logre entender el problema que genera esta forma de ir estableciendo comunidades, erróneamente judicializándolo todo.
EJEMPLO 2: El reciente Ordinario Nº1.660 de 2024 de la Superintendencia de Educación, les exige a los sostenedores responder requerimientos administrativos durante el feriado legal del personal educativo. Es decir, la Superintendencia podría ir a fiscalizar en enero y febrero, pese a que la modificación de la Ley 21.109, de 25 de abril de 2019 considera que los asistentes de la educación (personal administrativo del colegio) tienen feriados dichos meses para colegios subvencionados y públicos (más del 90% de los establecimientos del país).
Interrumpir las vacaciones de los docentes y asistentes incumple la normativa laboral, y la única forma de suplir las múltiples necesidades de mantención y otros, en el verano, es compensarles dichos días durante el año. Pero esta compensación ya es compleja, porque ya hay que subsanar los días que se necesitan sus servicios para pagar sueldos y cotizaciones en enero y febrero, y otros elementos indispensables. Lo que propone este nuevo oficio, es que ahora habría que sumarle, a los anteriores elementos indispensables, la compensación por las semanas de fiscalización. Lo que no se considera en esta normativa es que los días del año ya no alcanzan para compensar, los colegios están al límite haciendo sus funciones, la normativa no puede seguir ahogándolos.
Es decir, más complejidades para colegios que ya están saturados; más exigencias y más dificultades alejándolos de su foco educativo.
En resumen, las instituciones estatales de educación están completamente desconectadas de la realidad escolar, siguen y siguen sumando obstáculos, redirigiendo el foco de las escuelas a responder burocracia y no a la formación y los aprendizajes de los niños.