Opinión
AgenciaUno
Este ministerio no otorga ningún rol significativo a los gobiernos regionales, no establece mecanismos de coordinación y articulación multinivel entre los gobiernos nacionales, regionales y municipales, ni establece espacios para el aporte o contribución significativa de los gobiernos subnacionales.
En su reciente visita a la Moneda, los gobernadores reelectos, Claudio Orrego y Rodrigo Mundaca, señalaron que uno de los principales problemas que demanda la ciudadanía en el país y en regiones, y al cual hay que hacerle frente de manera coordinada incluyendo a los gobiernos regionales, es la delincuencia y la inseguridad pública.
En paralelo a esta demanda política y ciudadana, en el Congreso, en la parte final de su tramitación, se encuentra el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Esta idea, que en los últimos años se ha transformado en una urgencia ciudadana para enfrentar el crimen organizado, es una cuestión que, entre otras cosas, requiere una institucionalidad eficaz y coordinada, de ello no hay duda.
El nuevo Ministerio de Seguridad es la herramienta clave para lograr incrementar la coordinación y la eficiencia en esta materia. Pero es precisamente ese objetivo, en su rol como ente coordinador para enfrentar la delincuencia, donde tiene su principal debilidad, especialmente con el nivel regional de gobierno.
En concreto, este ministerio no otorga ningún rol significativo a los gobiernos regionales, no establece mecanismos de coordinación y articulación multinivel entre los gobiernos nacionales, regionales y municipales, ni establece espacios para el aporte o contribución significativa de los gobiernos subnacionales.
Se está cometiendo un error similar al de la reforma de descentralización del año 2017 y 2018. En las leyes 21.073 y 21.074 de aquella fecha, fue notoria la ausencia de mecanismos de coordinación multinivel, especialmente dada la particular forma de descentralizar, donde pasamos de tener una autoridad designada a tener dos autoridades regionales, una designada y otra electa. Por ello, la heterogeneidad de relaciones poco cooperativas o conflictivas entre delegados y gobernadores regionales, dependiendo de cada región es la tónica en el país, teniendo como consecuencia retrasos en políticas públicas, tensiones entre autoridades, en definitiva, pierde la gente de regiones.
En este proyecto se repite la historia y no se establece un diseño institucional que permita a gobiernos regionales tener una participación relevante en esta materia como principal entidad de gobierno en la región. Tal como dijo la senadora Provoste y el Gobernador Regional Oscar Crisóstomo, el proyecto de Ministerio de Seguridad Pública, tal como está, más parece una medida que fortalece el centralismo en las regiones de lo que favorece a la descentralización del Estado y, peor aún, deja fuera a los gobiernos regionales en el rol de colaborar en enfrentar la delincuencia En definitiva, se incorpora un seremi de seguridad pública y se refuerzan las competencias de los delegados presidenciales -figura que se prometió eliminar gradualmente- y que en este proyecto de ley aparece fortalecido.
Esta contradicción tiene dos componentes preocupantes de cara al fortalecimiento de la descentralización.
El primero se refiere al freno al proceso de descentralización. No es una buena señal para avanzar gradualmente hacia una mayor descentralización dejar fuera -o sin un rol significativo- a los gobiernos regionales, más si consideramos que muchos de ellos ya destinan o proyectan invertir recursos a proyectos de seguridad regional.
El segundo componente preocupante se refiere a omitir en proyectos tan relevantes, la tendencia actual de la administración pública de avanzar en mecanismos de gobernanza multinivel, es decir, en la coordinación de niveles de gobierno para enfrentar problemáticas complejas en los niveles regionales y comunales.
Especialmente, se requieren esfuerzos permanentes en el desenvolvimiento de las políticas públicas, y que existan espacios de coordinación e incidencia para abordar temáticas como en este caso es la seguridad pública. Muy por el contrario, no es una tendencia dejar fuera a gobiernos regionales, legítimamente electos para abordar problemáticas complejas donde participan múltiples órganos del Estado e instituciones públicas y especializadas donde, además, el problema tiene múltiples entradas y abordaje.
Abordar una problemática compleja y altamente sensible para la ciudadanía requiere esfuerzos conjuntos, pero por sobre todo coordinados entre distintos niveles de gobierno e instituciones especializadas, cada uno en su rol, pero esto no se produce por demanda espontánea, o excluyendo instituciones descentralizadas, esto se incentiva o se establece como norma.
Ojalá se pueda corregir antes, pues ya sucedió con las leyes 21.073 y 21.074, en las cuales, después de reconocer un vacío, se impulsó una ley corta (21.396) para corregir los vacíos que había dejado la anterior ley.
