Opinión
No sé qué más tiene que pasar para que los acuerdos por un mejor futuro para los jubilados y jubiladas lleguen a buen puerto, anteponiendo las urgencias y necesidades de la población a las decisiones políticas.
Hace unos días un hombre intentó prenderse fuego en una oficina de Chile Atiende, situación que afortunadamente logró ser controlada por Carabineros, sin daños a la integridad física ni la vida de esta persona.
¿Qué llevó a este hombre a realizar semejante acto? ¿Qué desesperación puede llevar a un ser humano al extremo de someterse a esta acción? La respuesta la entregó él mismo, en una carta de puño y letra que seguramente tenía el destino de ser póstuma, y que da cuenta -interpelando al Estado, Gobierno y Políticos de Chile- de 2 situaciones que impactan enormemente en el bienestar de la población, y que en nuestro sistema no cumplen a veces ni siquiera estándares básicos: Salud y Pensiones. Centraré esta columna en el aspecto previsional.
Trabajo hace 11 años en el Congreso, y ya he visto como tres proyectos de reforma al sistema de pensiones han caído, o, en el caso del último, están a punto de caer. Uno por cada gobierno que ha asumido en la última década.
Tras un año de tramitación en la Cámara de Diputados, el proyecto de Reforma Previsional impulsado por el gobierno del Presidente Boric recaló en la Comisión de Trabajo del Senado, con mayoría opositora entre sus integrantes.
En un principio el proyecto avanzó escuchando expertos que quisieron ir a explicar su postura frente al proyecto, sesionando dos veces a la semana para apresurar el tranco, en el entendido – o así lo creía yo – de la urgencia que un proyecto como este tiene para los jubilados y jubiladas del país.
Sin embargo, hoy el proyecto está ralentizado, y luego de haber asumido un nuevo Presidente de Comisión, no se ha querido volver a tener dos sesiones a la semana, como suelen hacer las instancias cuando tramitan proyecto de alta relevancia, como debería considerarse la Reforma Previsional.
Esto está dejando en letra muerta el acuerdo tomado en la Comisión de Trabajo, ratificado por la sala, de establecer un calendario que permita terminar la tramitación en diciembre, para en enero 2025 despachar a la Cámara a tercer trámite. Si bien se acordó avanzar la tramitación votando “ad referendum”, es decir, aprobando la idea para luego solo ratificar el texto del proyecto, la velocidad a la que avanza el proyecto simplemente no se condice con su urgencia.
Habiendo sido testigo de los dos últimos intentos de tener una reforma previsional y terminar con este injusto sistema donde los dueños de las AFP son los únicos que ganan utilidades enormes, mientras nuestros adultos mayores temen jubilar porque saben que no llegarán a fin de mes, deberán decidir entre comer o comprarse los remedios o simplemente, como nos informó la Primera Encuesta de Salud, Seguridad Alimentaria y Calidad de Vida del INTA recientemente, deberán decidir qué día de la semana no comer, este tercer intento no parece enfrentar un mejor escenario político.
Sobre todo en este último proceso, que he vivido mucho más de cerca como asesora de la senadora Alejandra Sepúlveda (IND), también integrante de la Comisión de Trabajo, ya que cada día que pasa y no se avanza como es necesario, tengo la impresión que, como dijo el ex ministro Osvaldo Andrade, “hay sectores que consideran que ceder en algo y otorgarle algún ”triunfo” al gobierno es un error, más aún si se trata de una ministra comunista. Para ellos, la reforma poco importa; lo que realmente interesa es que el gobierno no se anote un “poroto” político, especialmente cuando se avecina un año marcado por campañas parlamentarias y presidenciales”.
Esa desidia, desinterés o simple falta de empatía de un determinado sector, que hoy se identifica como oposición al actual Gobierno, resulta desesperante e incomprensible, porque pone en un “gallito” político la necesidad de los jubilados y jubiladas.
Esta falta de empatía que vengo en denunciar en esta columna pareciera, tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, defender una concepción economicista sobre nuestro sistema de pensiones, reduciendo las falencias del sistema de pensiones a solo un problema económico, sin atender las evidentes necesidades de aquellos a quienes el sistema de AFP no funcionó. E incluso, por el contrario, ven los beneficios de este sistema, pero que favorecen al sistema de capitales donde las AFP invierten. Beneficios para dueños de bancos y empresas, en un círculo vicioso que poco tienen que ver con la realidad y estándar de vida de las personas.
A ese sector, que se confunden incontables veces con grandes grupos de intereses económicos, siguen dictando las reglas de sistemas capturados , sin importarles que un hombre se haya intentado quemar a lo bonzo porque la pensión miserable que le otorgan no le permitió acceder a un servicio de salud oportuno para salvar a su esposa, que ahora su exigua pensión significa que deba pasar hambre y que sea tal su desesperación, que haya estado disponible para sufrir quizás una de las formas de muerte más dolorosa .
No sé qué más tiene que pasar para que los acuerdos por un mejor futuro para los jubilados y jubiladas lleguen a buen puerto, anteponiendo las urgencias y necesidades de la población a las decisiones políticas. Las autoridades, especialmente en el parlamento, deben entender que pueden dar sus discusiones populistas y para la galería al interior del hemiciclo las veces que quieran, pero que aquí ya hay muchos que no pueden seguir esperando y que tener una vejez digna es un derecho humano. Nuestros jubilados y jubiladas están muriendo, no solo de vejez, sino que, de hambre, de soledad y de enfermedades que no pueden costear. En resumen, están muriendo de pobreza. Por favor preguntémonos todos: ¡¿Hasta cuándo?!
