Opinión
Corresponde al Gobierno especialmente con motivo de la discusión presupuestaria, acelerar las evaluaciones y aprovechar esa ocasión para efectuar las necesarias modificaciones o cierres de algunos casos.
Chile es un país estancado si se examina la evolución del PIB en el último decenio. Perdió ser un ejemplo para otros países de la región. La productividad no crece a medida como aquella parte del PIB no explicada por el crecimiento de la inversión y de la fuerza de trabajo.
Las causas del atraso son variadas y están también ligadas a que no se hicieron las reformas necesarias en los períodos de alto desarrollo, aprovechando los excedentes generados para corregir los atrasos en los tres poderes del Estado. La situación se agravó con la crisis política cada vez más compleja, ya que no fue posible gobernar sin mayoría parlamentaria. Esto se reflejó en la existencia de sucesivos gobiernos: Piñera 1 y 2 y Bachelet 1 y 2.
Uno de los atrasos está en el Poder Ejecutivo que nos entrega variados ejemplos. En esta columna veremos 5 casos de los muchos que existen: 1) los Programas de públicos; 2) La “permisiología”; 3) La burocracia y el papeleo; 4) el personal público inamovible y 5) tributario.
Según evaluaciones de la DIPRES, existían en 2023 alrededor de 700 programas en funcionamiento, en que se gastarían alrededor de US $40.000 millones, casi la mitad del presupuesto fiscal. Los problemas de medición y evaluación se encuentran bajo su ámbito. Los mayores atrasos se han encontrado en el Ministerio de la Mujer, el Trabajo, Justicia, Interior y Desarrollo Social.
En general, se han ubicado deficiencias en la focalización, las priorizaciones y los propósitos buscados por estos programas. En definitiva, se observa una pobre evaluación gubernamental, en especial por las actividades desarrolladas fuera de los proyectos. Por otra parte, existen algunos bien evaluados como el IFE laboral y otros evaluados muy pobremente, como el SENCE.
En síntesis, se observa una dispersión de los programas y la inexistencia de medidas correctivas como fusiones, sustituciones o transferencias en materias directas.
Corresponde al Gobierno especialmente con motivo de la discusión presupuestaria, acelerar las evaluaciones y aprovechar esa ocasión para efectuar las necesarias modificaciones o cierres de algunos casos. Es necesario tomar en cuenta que desde 2018 el 28% ha sido clasificado como “malo”.
En los últimos meses esta palabra se ha puesto de moda, aunque el diccionario de la Real Academia todavía no lo incorpora. Se busca reflejar hasta dónde la insatisfactoria tardanza oficial en aprobar los permisos de inversión es uno de los motivos por los cuales se mantienen en bajo nivel. Si bien las autorizaciones o negativas están normadas oficialmente, esta obligación no se cumple, dilatando la puesta en marcha de la iniciativa. El 66,7% se ha retrasado respecto a los plazos legales. Donde la situación es más compleja es en la Araucanía (82,4%) y Valparaíso (78,0%); por el contrario, en las regiones del norte la solución es más expedita, con la excepción de Antofagasta que concentra las de mayor valor individual. Según el Fondo Monetario Internacional, uno de los atrasos en el crecimiento de Chile requiere la “simplificación de las solicitudes de permisos de inversión”. Afortunadamente el gobierno ha enviado un proyecto para acelerar la tramitación y fijar plazo para que se acepten o rechacen los proyectos.
Pero será obligación del Gobierno que esos plazos se cumplan, a diferencia de muchos casos actuales en que intereses tanto en favor como en contra de una iniciativa logran hacerla dormir ante la “vista gorda” de los interesados.
A lo anterior se suma la extremada burocracia a que están sujetos algunos casos. La solución no es fácil pues en muchas materias se requiere del análisis de personal muy calificado, que incluso pueden manifestar diferentes criterios para un mismo asunto. Un caso especial se ha reflejado con los diferentes pueblos indígenas con distintas motivaciones, que el resto de la sociedad.
Según la legislación vigente, el personal del sector público es inamovible. Es decir, en el sector público no se puede despedir a los empleados, aunque sus labores no generen la utilidad inicial. Sin embargo, la modernización actual y el cambio tecnológico hacen necesarias algunos cambios en la norma, por ejemplo, permitir cambios de funciones o del lugar de trabajo.
Las actuales normas fueron dictadas para resguardar que muchos trabajadores “a contrata” fueran despedidos en cada cambio de gobierno, como sucedió en la actual administración con la masiva incorporación de nuevos trabajadores. En la actualidad se discute en el Parlamento un proyecto de ley sobre esta materia.
Una de las materias que recibe especiales críticas es el comportamiento burocrático de muchas instituciones del Estado: Gobierno, Parlamento y Poder Judicial. Es inconveniente la obligación de realizar innumerables trámites que son necesarios en la vida diaria y que no son simplificados. Un buen ejemplo son las notarías, no sólo por interés propio, sino por exigencias normativas, lo que llevaría a la necesidad de una drástica modificación.
Sin embargo, el poderoso gremio que las agrupa impidió durante varios gobiernos que se realizaran los cambios y se simplificaran las actuales exigencias. Tal como lo indica el dicho popular “el que mande y mal obre le hace un calvario al más pobre”.
Es importante no sólo porque permite el financiamiento fiscal, sino también su función de contribuir a la correcta asignación de recursos en la sociedad, en especial el objeto de la equidad. En estas tareas, se requiere mejorar la distribución del ingreso. Es decisivo enfrentar el problema de la evasión tributaria y también la elusión.
A pesar de los reiterados anuncios, en diferentes administraciones la recaudación esperada ha sido menor a la planificada. El SII cuenta con el personal especializado en la materia, a pesar de los compadrazgos existentes.
