La regulación ética de la agenda setting es fundamental para garantizar que el poder de los medios se utilice de manera justa y responsable, promoviendo una ciudadanía informada y fortaleciendo la democracia.
Noticiero central en máxima audiencia el 27 de noviembre: 7 minutos para caso Monsalve, 15 minutos para la denuncia de acoso sexual contra el Presidente Boric, 24 segundos para la nueva formalización en el caso Hermosilla. Basta ver el timing y la sincronización de esta cobertura para advertir que se está implementando una práctica deliberada de seleccionar y jerarquizar ciertos temas en los medios para influir en la percepción pública de lo que es importante.
En términos técnicos, a esto se le denomina agenda setting, y se refiere a la capacidad de los medios de establecer prioridades en la agenda pública y política, lo que tiene un impacto significativo en las actitudes, debates y acciones de la sociedad. Intentar establecer una agenda no es una acción ilegítima o antiética en sí. La pandemia exigió una alta coordinación entre gobiernos, medios de prensa e instituciones privadas para influir en la percepción que el público tuvo sobre la importancia de cumplir las medidas sanitarias en la cuarentena.
En ese caso la fijación de la agenda tuvo un sentido incuestionable, dado lo perentorio de la emergencia. Pero en otras ocasiones el establecimiento de la agenda revela un aprovechamiento político y electoral que claramente no se orienta de acuerdo con principios éticos que evidencien la prioridad del interés general de la sociedad.
El primero de estos principios es el de transparencia. Los medios deben ser claros sobre los criterios que utilizan para decidir qué temas reciben más cobertura. Esto incluye evitar ocultar intereses políticos, económicos o ideológicos, marcados por los intereses de sus propietarios, controladores, financistas, auspiciadores o grupos relacionados. En el caso de Chile esta relación es particularmente espuria.
Otro aspecto es el respeto a una mínima imparcialidad. La selección de pautas y temas no debe ser manipulada para favorecer a ciertos grupos o individuos, sino que debe basarse en criterios de relevancia social, urgencia y veracidad.
A la vez, se esperaría un margen razonable de pluralismo. La cobertura de una agenda debe incluir una variedad de perspectivas y voces, especialmente de grupos subrepresentados o minoritarios, para evitar la monopolización de la narrativa pública.
Es deseable que los medios desarrollen su agenda desde un criterio de responsabilidad social, priorizando temas que impacten el bienestar colectivo, como derechos humanos, justicia social o problemas ambientales, evitando enfocarse en temas triviales, morbosos o sensacionalistas.
En todo caso, evitar el sesgo es una conducta esperable de cualquier periodista y editor, que debe ser consciente de sus propios prejuicios y trabajar para minimizar su influencia en las decisiones de cobertura. De esa manera, respetar la evidencia y la precisión de los datos. La agenda no debe basarse en información falsa, manipulada o incompleta para evitar engañar al público.
Que los medios busquen establecer una agenda específica es legítimo, pero es intolerable que lo hagan a partir de la manipulación. No es ético implementar agenda setting para desviar la atención de temas relevantes hacia cuestiones irrelevantes o para controlar la narrativa con fines políticos o comerciales.
Lamentablemente, la cobertura de prensa del caso Monsalve ha sido vergonzosa. Ha operado sin el menor respeto por el interés de la persona afectada, que se ha convertido en un mero instrumento para estrategias de rating y manipulación político-electoral.
Cuando la prensa convierte a una víctima de abuso en un recurso para el morbo, la monetización en redes sociales y la abierta disputa política, se generan una serie de consecuencias nefastas, tanto para la víctima como para la sociedad en general.
La víctima se ha visto obligada a revivir constantemente su trauma públicamente. ¿Qué tipo de protección tiene si el caso Monsalve está expuesto todo el día en los medios, sin considerar que esto puede agravar su sufrimiento psicológico y retrasar su proceso de recuperación? Su vida privada se ha expuesto totalmente al escrutinio público, con la prensa hurgando en los basureros y en lo más íntimo de su historia de vida. Es evidente que esta cobertura, basada en filtraciones judiciales hacia los bajos fondos de la carroña televisiva, genera sentimientos de vergüenza, humillación y aislamiento.
La descarada manipulación política del caso ha alimentado dudas sobre la veracidad de su testimonio, lo que puede dificultar que obtenga justicia. Incluso puede hacer que la víctima sea blanco de amenazas y hostigamiento por parte de terceros. Esta cobertura morbosa, lejos de colaborar, parece contribuir a normalizar la violencia y a minimizar su gravedad.
Los medios han presentado la información de un modo tan sesgado que han terminado por culpabilizar a la víctima por el abuso sufrido, reforzando los tradicionales mitos y estereotipos sobre la violencia sexual.
No es extraño que este tipo de cobertura contribuya a aumentar la desconfianza ciudadana en la prensa. La manipulación de la información erosiona la ya debilitada credibilidad en el sistema de medios de comunicación y, a su vez, obstaculiza el acceso a la justicia.
¿Qué víctima estará dispuesta a denunciar, en un contexto de alta connotación, si el costo esperado es una violenta exposición a una cobertura mediática sensacionalista que interfiere en los procesos judiciales y dificulta la obtención de justicia? A la vez, las filtraciones de este caso judicial, además de poner en riesgo la investigación, tienen un efecto perverso: ¿qué víctima se atreverá a denunciar, en el caso de un victimario poderoso y conocido, si sabe que su vida personal será expuesta, su testimonio será filtrado y las pruebas publicadas?
La regulación ética de la agenda setting es fundamental para garantizar que el poder de los medios se utilice de manera justa y responsable, promoviendo una ciudadanía informada y fortaleciendo la democracia.
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