Lecciones para la izquierda a partir del informe de Desarrollo Humano del PNUD

Recientemente, el informe del PNUD ha mostrado que las demandas de cambio social (por ejemplo, la demanda por mayor igualdad) siguen estando presentes en gran parte de los chilenos y chilenas. Sin embargo, dicho informe señala también que el país no tiene las capacidades sociales suficientes para conducir dichos cambios.

La falta de estas capacidades obedece, en primer lugar, a relaciones disfuncionales entre los actores que deberían conducir los cambios, como movimientos sociales, elites y ciudadanía.

Estas relaciones disfuncionales se observan –según muestra el informe–, en la desconfianza ciudadana en las instituciones políticas o en la separación entre movimientos sociales y partidos políticos, lo cual dificulta la construcción de agendas unitarias (que superen las demandas fragmentadas) y orientadas en torno a estrategias consistentes de cambio social.

En segundo lugar, la falta de capacidades para el cambio es el resultado de la preeminencia de lógicas inhibidoras del cambio, las que se observan a nivel institucional y de discursos públicos e individuales (por ejemplo, en prácticas obstruccionistas de parte de las elites políticas y en el reforzamiento de la desconfianza y de lógicas de acción individualistas, que desincentivan la participación de las personas en acciones colectivas).

Los resultados de las últimas elecciones regionales y municipales parecen reforzar en muchos aspectos lo planteado en el informe del PNUD.

A pesar de ser una elección con voto obligatorio, la participación fue del 85%. Asimismo, los votos nulos y blancos se llevaron porcentajes no despreciables, que giraron entre el 11% (votación de alcaldes) y 26% (elección de consejeros regionales). Como era de esperarse, el porcentaje de votos blancos y nulos fue sustancialmente más alto en comunas de clase trabajadora –por ejemplo, La Pintana, donde este porcentaje llegó a casi el 30% en la elección de concejales–. Esto hizo que el apoyo a nulos y blancos se haya convertido en “la lista ganadora” de esta última elección.

Si bien estos resultados impugnan a todo el sistema político, ellos resultaron particularmente desafiantes para los partidos de la izquierda oficialista. A pesar de la notable victoria del FA en Maipú y de los triunfos en comunas populares importantes como Valparaíso, Quinta Normal, Renca y Recoleta –en donde el PC fue capaz de mantener la alcaldía, a pesar de las múltiples campañas en su contra–, el balance es más bien negativo.

El oficialismo no solo perdió comunas icónicas como Santiago y Ñuñoa, sino que a nivel agregado pasó de tener 150 a tener 111 alcaldías. Por el contrario, la oposición subió de 87 a 122 alcaldías.

Muchos han afirmado que estos resultados representan, esencialmente, un castigo al Gobierno. Otros han señalado correctamente que, en un contexto de retraimiento de la movilización social y de emergencia de fenómenos no visualizados en décadas pasadas (por ejemplo, la importancia de la migración), la izquierda no ha sido capaz de encantar a nuevos electores. Eso se debería a que la izquierda no ha podido proponer alternativas ideológicas y culturales al avance de la derecha.

Junto con estas explicaciones, también parece razonable analizar los resultados electorales a la luz de fenómenos no electorales, de más largo alcance, destacados en el informe del PNUD.

Uno de los fenómenos que creo particularmente relevante es la relación disfuncional entre partidos políticos y movimientos sociales. En el caso de los partidos de izquierda, dicha disfuncionalidad se deriva en gran medida de la falta de vinculación orgánica con las organizaciones y movimientos sociales. Esta separación entre partidos y movimientos sociales no es algo nuevo ni exclusivo de Chile. Sin embargo, lo que sí parece ser recurrente en el país es la persistencia de dicha separación.

Experiencias relativamente recientes muestran que sí es posible reconstruir las alianzas entre partidos de izquierda y organizaciones sociales, en contextos en los que estas últimas comienzan a movilizarse por cambios profundos.

Eso es lo que ocurrió –según han mostrado varios analistas–, a inicios de la década de los 2000 en los países de América Latina durante lo que fue conocido como el periodo de la “marea rosa”.

Más allá de lo que ocurrió en alguno de esos países en la década posterior (lo cual da para otra columna), el punto a descartar es que, en contraposición a lo observado durante la “marea rosa”, en Chile el aumento de la movilización y organización popular observado hasta inicios de 2020 profundizó la separación entre partidos políticos y movimientos sociales.

A modo de ejemplo, durante la década pasada aumentó sustancialmente la disposición de los(as) chilenos(as) a participar en acciones políticas no convencionales. Sin embargo, en el mismo periodo la desconfianza en los partidos creció a niveles históricos que perduran hasta hoy. Esto es lo que algunos han llamado “politización sin identificación” de los sectores populares chilenos.

Ahora bien, ¿por qué en un contexto de desmovilización social y de constantes coyunturas electorales vale la pena reflexionar en fenómenos no electorales como los descritos en el párrafo anterior?

Primero, porque como se desprende del informe del PNUD, no es posible llevar a cabo transformaciones profundas si la política institucional corre por un carril independiente de los movimientos sociales y de la ciudadanía en general.

Segundo, porque para quienes nos posicionamos desde la izquierda, los triunfos electorales debiesen ser necesarios y bienvenidos, pero no debiesen ser considerados nunca como el único indicador de avance.

Para poder avanzar en cambios sustanciales, el poder electoral de izquierda debe ser acompañado por poder social; es decir, por poder de organización y movilización popular. Sin dicho poder, los gobiernos de izquierda son frágiles ante las prácticas obstruccionistas de la oposición, incluso cuando tienen mayorías parlamentarias –sobre esto, el segundo Gobierno de Michelle Bachelet es quizás el más claro ejemplo reciente–.

En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, porque el apoyo popular a agendas progresistas de cambio es mucho más que el resultado de buenas campañas comunicacionales.

Por el contrario, es el resultado de un proceso democrático en donde los partidos no solo escuchan “desde arriba” a las organizaciones sociales y las integran en instancias de formulación de políticas públicas, sino que también les entregan poder, integrándolas en sus espacios de decisión interna.

En otras palabras, la construcción de poder social supone que los partidos de izquierda cedan poder a las organizaciones sociales. Así, cediendo poder, la izquierda tiene más fuerza para implementar cambios.

En el caso de Chile, esa tarea debe ser tomada seriamente por los partidos de la izquierda oficialista, y debiese ser acompañada por un trabajo de más largo plazo, orientado a encantar a los sectores sociales que no solo no están organizados(as) sino que también reniegan de la política como espacio para resolver sus problemas cotidianos.

Pensar los resultados electorales recientes más allá de las elecciones es un desafío crucial para la izquierda, especialmente cuando la coyuntura electoral se toma la vida interna de los partidos. Sin embargo, si los partidos de izquierda se toman en serio esta tarea, podrían entender (y tal vez sacar lecciones) de fenómenos como la elección de Matías Toledo en Puente Alto.

Asimismo, tendrían más herramientas para construir hegemonía, de modo tal de que sus propuestas programáticas no se vean como ajenas ante los ojos de gran parte de la clase trabajadora. Esto es clave para enfrentar fenómenos cada vez más importantes, como el avance de la ultraderecha, la que suele crecer cuando la izquierda abandona la tarea de interpretar las frustraciones y anhelos de la clase trabajadora.