Reforma migratoria: disenso feminista ante el consenso institucional

El 26 de noviembre en la Cámara de Diputadas y Diputados se estableció un consenso unánime entre oficialismo y oposición. Sin un solo voto en contra, sin una sola abstención, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, aprobaron una norma que excluye a miles de personas migrantes de la posibilidad de tener un trabajo formal, arrendar una vivienda, atenderse en el sistema de salud, y por mayoría aprobaron que miles de niños y niñas puedan quedar excluidos de ir al jardín infantil o al colegio.

Ante el consenso institucional, como feministas levantamos una voz de disenso. Lo hacemos por las 8 mujeres migrantes víctimas de femicidio en lo que va de este año 2024, y por las 11 del año pasado. Por las 7 mujeres migrantes víctimas de femicidio que hubo en 2022 y por las 11 que hubo en 2021. Por las decenas de mujeres, madres y gestantes migrantes fallecidas a causa del racismo institucional. Por las cientos de adolescentes migrantes víctimas de violencia sexual que han requerido invocar la IVE por la causal de violación.

Queremos decirle al Congreso que imponer por ley la informalidad laboral no contribuye a un país más seguro, sino lo contrario. Pero el Congreso no quiere más trabajo formal, sino mano de obra explotable y sin derechos.

Queremos decirle al Congreso que prohibir a miles de personas arrendar una casa donde vivir y sancionar a quienes les arrienden una casa o pieza, es imponer el abuso inmobiliario, el campamento o la calle como únicas alternativas. Esto no contribuye a más seguridad, sino lo contrario: estimula la crisis de la vivienda y las cobranzas abusivas e ilegales.

Queremos decirle al Congreso que someter a miles de niños y niñas migrantes a la amenaza de no poder ir al jardín infantil o al colegio porque un grupo de legisladores han decidido que ellos importan menos que otros niños y niñas, es un castigo cruel a la infancia, a la que se hace responsable por una situación migratoria de sus padres.

¿No es posible que en vez de la competencia y la exclusión forzosa se legisle más presupuesto, más jardines, más cupos para que ninguna niña quede sin jardín infantil? ¿Es que acaso en Chile no hay suficiente riqueza? ¿Hasta qué punto ha fracasado este modelo y quienes lo administran y gobiernan? ¿En qué cabeza cabe pensar que desescolarizar niños es avanzar hacia una sociedad más segura?

Estas medidas no otorgan más seguridad a nadie. Ni a chilenos ni a migrantes. Solo contribuyen a una sociedad más inhumana, insegura y desigual.

Este proyecto ha sido apoyado por el MMyEG, porque una de las indicaciones incluye la VIF y otros delitos contra las mujeres como causal de expulsión del país. Pero desescolarizar niñas no es protegerlas. Obstaculizar el acceso a la salud sexual y reproductiva a adolescentes y mujeres migrantes no es una política feminista.

Condenar a las jefas de hogar migrantes a la informalidad laboral no termina con la violencia económica ni permite avanzar en autonomía, al contrario, las entrega a la explotación y la dependencia. El impedimento legal para arrendar un lugar donde vivir expone a muchas a la violencia de género. Esta ley no genera mayor seguridad para las mujeres, adolescentes y niñas migrantes.

Sabemos que en los tiempos que corren, de consensos autoritarios y empobrecedores, nuestra voz de disenso tiene un difícil camino por delante. Por lo mismo, es más indispensable que nunca. Como feministas lo sabemos. No nos asusta sostener esta tarea y hablar desde este lugar.

Porque la violencia machista no reconoce fronteras, nuestra lucha por erradicarla tampoco. Porque las vidas de las mujeres migrantes también importan, tomamos la palabra para disentir.