Las oportunidades del nuevo Ministerio de Seguridad Pública

La reciente aprobación de la ley que establece el Ministerio de Seguridad Pública marca un hito relevante en la construcción de una institucionalidad orientada a combatir el delito. Además, ha permitido debatir y plasmar en la legislación algunos aspectos clave para diseñar y ejecutar políticas de seguridad más efectivas.

En los últimos años hemos visto una proliferación de iniciativas para abordar el delito, muchas de la cuales han sido respuestas emocionales e inmediatas a casos contingentes que han acaparado titulares, pero carecen de una reflexión profunda sobre su impacto en el sistema en su conjunto. Ni hablar de la incorporación de evidencia para orientar la efectividad de las propuestas.

Como es de esperar, en el mejor de los casos el aporte de estas medidas es bastante modesto y, en el peor, generan un nuevo problema. Un ejemplo dramático de esto es la tendencia constante a forzar penas de cárcel a una mayor cantidad de delitos y a hacer más rígidas las normas relacionadas con las medidas cautelares. Esto ha contribuido (junto a otros factores) a un sistema penitenciario en jaque que lidia con un hacinamiento sin precedentes, con todos los riesgos que eso implica.

A pesar de los resultados limitados, seguimos implementando y financiando estrategias parecidas, sin avanzar significativamente. Tampoco se ha hecho un esfuerzo de seguimiento y evaluación que permita apreciar el desempeño de agendas cortas antidelincuencia, paquetes de proyectos de tramitación rápida, y programas de distinta índole. En resumen, salvo excepciones, no se nos ofrece mucho más que respuestas intuitivas de dudosos resultados frente a un problema serio y multidimensional.

En este escenario, la aprobación de esta ley es un avance. El texto reconoce la necesidad de especialización en seguridad pública, haciéndose cargo de que se trata de una función que debe enfocarse en el manejo de conocimiento técnico, el análisis territorial, la generación de datos, el uso de evidencia y la evaluación constante. Además de eso, se hace cargo de la complejidad del fenómeno delictual, por lo que dispone de múltiples atribuciones de trabajo conjunto con otras instituciones.

En suma, y a pesar de contar con aspectos mejor y peor logrados, al menos señala como fundamento cuestiones que suelen ignorarse en un debate político que decanta en visiones caricaturizadas de buenos y malos. En último término, reconoce transversalmente la necesidad de desvincular las políticas de seguridad de los intereses electorales.

¿Garantiza esto el cumplimiento de sus objetivos? No necesariamente. El desafío radica en la implementación: dotar de un contenido robusto y efectivo a las atribuciones establecidas en la ley, contar con perfiles profesionales especializados y capaces de abordar efectivamente la complejidad, en lograr la adecuada articulación regional, entre otras cosas.

El nuevo ministerio está siendo objeto también de un legítimo escepticismo.  ¿Otro ministerio?, ¿más burocracia?, ¿crecimiento del empleo público? Es natural y sano que, frente al crecimiento del Estado nos preguntemos por la eficacia y optimización de las funciones ya existentes. Si en pocos días han surgido propuestas de eliminación o fusión de ministerios, es porque sabemos que, cuando el Estado crece, es difícil retroceder y no ser responsables con el gasto público se paga caro, especialmente por los sectores vulnerables.

Sin embargo, si el nuevo Ministerio de Seguridad Pública logra materializar los principios que lo inspiran y avanza hacia políticas de seguridad basadas en evidencia con una perspectiva de Estado, tendremos una oportunidad de ver resultados en el control del delito, porque podremos orientar el gasto a aquello que funciona, evaluar sus efectos de manera consistente y mejorar las estrategias en todas las dimensiones que abarca este fenómeno

El uso eficiente de los recursos públicos nunca debe ser una consideración secundaria, es condición necesaria para la efectividad de las políticas públicas. Sin embargo, hay que ser claros, eso no es necesariamente lo que se ha hecho hasta el momento.

Insisto, el proceso de implementación será crítico para lograr los objetivos. El Gobierno acaba de anunciar su intención de poner en marcha el Ministerio de Seguridad incluso antes que los plazos previstos por la ley. Aunque la premura puede ser comprensible, no debe comprometer los principios que sustentan la ley. Un apresuramiento excesivo podría afectar la eficacia de su gestión (y del gasto), que es lo que la ciudadanía, con toda razón, va a exigir.