Opinión
Los actos cometidos por quienes se desempeñan como actores del gobierno del delito, lejos de constituir casos fortuitos, son una constante.
La conmoción pública generada por el proceso judicial iniciado en contra del ex Subsecretario del Interior Manuel Monsalve, producto de la denuncia de violación interpuesta por una ex funcionaria, aún no cesa. No podría ser de otra forma. Mencionado por encuestas de opinión como una probable carta presidencial, el ex Sheriff de La Moneda no solo era el hombre fuerte de palacio, sino que, además, figuraba como el representante de la garantía estatal de enfrentar la delincuencia.
Al incurrir en las conductas por las cuales se encuentra en calidad de imputado, el Médico Cirujano, ex Concejal, ex Seremi de Salud, ex Diputado, ex presidente de Partido y ex Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en su condición de representante de una de las instancias más reconocibles en la provisión de seguridad pública, abona al extendido miedo al delito cuando, de ahora en más, sea quien encarne el rostro del delincuente.
Declarada “la mayor de las preocupaciones de las chilenas y chilenos”, los desempeños de la administración de Gabriel Boric en materia criminal se expresan en la Cuenta Pública que entrega la Subsecretaría y el Ministerio del Interior. Entre otros aspectos, allí se señala que durante el actual periodo presidencial han sido despachadas 55 leyes en temas de seguridad. Destacando la Ley de Delitos Económicos, la Ley contra el Crimen Organizado, Ley de Ciberseguridad y la Legislación contra el Narcotráfico.
Las leyes aprobadas, además de “los 32 proyectos de ley que serán tramitados mediante un fast track legislativo el 2024”, se establecen como dispositivos indispensables para ejecutar los planes y estrategías diseñadas para enfrentar la delincuencia. En este entorno, dispuestos como entes encargados de activar los mecanismos legales para la persecución del crimen, las figuras del Juez y el Fiscal ocupan un lugar destacado en nuestra criolla escena securitaria.
De ahí, entonces, las marcadas repercusiones que conlleva tanto a nivel de la opinión pública como del lado de los agentes e instituciones que participan del gobierno del delito, hechos tales como la remoción por parte de la Corte Suprema de la ex Jueza Ángela Vivanco, por mal comportamiento en el ejercicio de su cargo (octubre 2024). O, asimismo, la investigación abierta en la Fiscalía de Rancagua contra el fiscal especializado en casos de drogas, Jorge Mena, quien fuera suspendido por presuntos tratos con narcotraficantes (mayo 2024).
Similarmente dramática es la persecución penal que recae sobre los altos mandos de las fuerzas del orden y seguridad. Este es el caso de los procesamientos judiciales en contra del ex General de Carabineros, Ricardo Yañez, y en contra del ex Director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza, quienes renunciaron a sus cargos en el transcurso del 2024.
Los actos cometidos por quienes se desempeñan como actores del gobierno del delito, lejos de constituir casos fortuitos, son una constante; consecuencia no deseada de más de tres décadas de un modelo de políticas securitarias que, distante de resolver ante la ciudadanía el fenómeno de la delincuencia, han permitido el empoderamiento de agentes que, al amparo de la legitimidad y validación social que proporciona participar en la primera línea de la agenda antidelictiva, utilizan sus posiciones de poder para cometer sus particulares ilegalidades.
