Reparación a la deuda histórica: Avanzar en justicia y reconocimiento a la docencia

Como Gobierno ingresamos al Congreso el proyecto de ley que entrega un aporte a las y los profesores afectados por la llamada “Deuda histórica”, iniciando así la tramitación legislativa de esta importante medida, comprometida por el Presidente Gabriel Boric Font.

La “Deuda histórica” fue generada por la dictadura, en el traspaso de la administración de las escuelas a los municipios, entre 1980 y 1987, cuando los nuevos sostenedores desconocieron una asignación salarial establecida en el artículo 40 del decreto 3.551. Esta situación generó un perjuicio a los profesores de las escuelas públicas del país, que en el contexto de dictadura no pudo ser reclamado administrativa ni judicialmente. Se generó así esta afectación de alcance económico, pero también de orden moral, que impactó la calidad de vida y la valoración social de miles de docentes.

Desde la recuperación de la democracia, grupos de docentes organizados iniciaron reclamaciones respecto de esta situación, que lleva más de 40 años. Sin embargo, los casos que lograron solución fueron situaciones particulares. La demanda por encontrar una respuesta general a esta materia se ha extendido durante ocho gobiernos democráticos, y el tiempo pasó sin que se lograran respuestas. El país ha sido testigo de esta reivindicación, que se consolidó como una de las principales demandas docentes a nivel nacional, traspasando generaciones y volviéndose una consigna de conocimiento popular.

En este contexto, el compromiso establecido como gobierno es la entrega de un aporte económico, que reconozca el perjuicio generado y contribuya a entregar alivio a quienes sufrieron las consecuencias de esta vulneración. Se avanza así en una dimensión que va más allá de lo monetario, contribuyendo al establecimiento de justicia desde un ámbito simbólico: Dar un reconocimiento como país a la afectación generada, a la demanda sostenida a lo largo de décadas y al ejercicio de la profesión docente, que contribuye de modo fundamental a la sociedad, formando a generaciones de niños, niñas y jóvenes en todo el territorio nacional.

En concreto, el proyecto de ley presentado considera un aporte de 4.5 millones de pesos, en dos cuotas, a todos los docentes afectados que se encuentren vivos. Por el alcance financiero de esta medida, se propone un pago progresivo, a realizarse durante seis años, partiendo por las y los de mayor edad.

Esta propuesta es histórica. Desde que se produjo esta afectación, es la primera vez que un gobierno presenta una propuesta concreta de reparación, con un monto viable y una temporalidad clara para su cumplimiento. Es, a su vez, una propuesta responsable, que considera las posibilidades de la realidad económica del país, haciéndola compatible con el abordaje de otras necesidades que nuestra sociedad enfrenta. También es destacable que la propuesta ha considerado la participación de las propias personas afectadas. En primer lugar, a través del Colegio de Profesores, con quien el Ministerio de Educación formó una mesa desde el año 2022, que permitió coordinar aspectos centrales de la propuesta. En segundo lugar, a través de una consulta, en la que participaron más de 27 mil docentes afectados, que se manifestaron con un contundente 82%, por aceptar el planteamiento del gobierno.

El proyecto presentado fue posible gracias al esfuerzo que gobiernos anteriores hicieron en esta materia. Al día de hoy, se encuentra identificada una amplia mayoría de las personas destinatarias de esta medida, fruto del trabajo realizado en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Como gobierno, damos este importante paso, honrando la palabra empeñada y atendiendo a una necesidad sentida por las y los docentes, con la cual es solidaria todo el país.

Esta medida es, además, parte del Plan Nacional Docente que lideramos como Ministerio de Educación, con una hoja de ruta que se hace cargo de las principales necesidades y desafíos que enfrenta esta fundamental profesión, poniendo siempre el horizonte en la generación de condiciones para el aprendizaje de todas y todos los estudiantes, resguardando así el derecho a una educación integral. La reparación de la deuda histórica es parte del eje 3 de este Plan, que busca aportar al “Reconocimiento y Bienestar Docente”, avanzando así hacia un nuevo trato con las y los docentes en nuestro país.

Si algo tenemos en común como sociedad, es que todos y todas hemos sido formados por docentes. Por ello, esperamos aportar con esta reparación a retribuir en el presente un poco de justicia a quienes han sufrido esta afectación, y que proyectemos así un futuro en el que como sociedad reconozcamos y valoremos adecuadamente a esta profesión tan relevante para el desarrollo de las personas y de nuestro país.